SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El presidente Danilo Medina ofrecerá un discurso de rendición de cuentas el 27 de febrero, con un gobierno cercado, un manejo a tientas de una crisis político-institucional embozada y cercado por el tsunami Odebrecht, la estafa de Punta Catalina, la división interna de su partido y el acoso portentoso de una ciudadanía que después de décadas de virtual anomia social, gana las calles prefigurando una tendencia a la desobediencia civil.
Y en efecto, el vendaval de la corrupción ha aplastado la vendida popularidad del primer mandatario de la nación, por lo que, en la perspectiva de experimentados analistas políticos, no queda otra alternativa que proporcionar un cambio de rumbo en la cuestión pública y estatal de la República Dominicana.
Odebrecht, Punta Catalina, la presión norteamericana por “la transparencia” y un fardo creciente de escándalos continuos de corrupción, montados en una crisis económico- financiera real, además de la expresión desbordante de la delincuencia y la criminalidad, amenazan con derribar todo el entramado mediático que ha servido de plataforma a la continuidad del Partido de la Liberación Dominicana al frente del Estado.
Nada más revelador que los acontecimientos del pasado 22 de enero, constituido en un punto de inflexión en la vida política dominicana y que hizo visible el acorralamiento del presidente de la República, quien apenas inicia un segundo mandato cercado internacionalmente, con su partido dividido en forma tan fáctica como irremediable, mientras crece la presión –nada discreta-- de Estados Unidos, y una ciudadanía crecientemente rebelada que demanda voz en cuello el fin de la impunidad, la corrupción, recuperación de lo robado y castigo a los responsables.
Es obvio, el panorama se presenta desafiante para un mandario que, mostrando como arma principal una popularidad que ya no es tal, tendría que vadear el conjunto de elementos que se han evidenciado como adversos a su estrategia de hacer un gobierno nuevamente orientado a la reelección.
La punta del iceberg es, sin dudas, las plantas de carbón de Punta Catalina, el proyecto de mayor inversión financiera de la historia republicana y epicentro del capítulo dominicano del entramado mafioso, que, adornado por 23 proyectos más puestos en ejecución en distintos gobiernos, son la muestra nacional del escándalo mundial de la multinacional brasileña.
Y mientras en el paìs se maneja con una tibieza que espanta, en Brasil se ha llevado al gobierno del Partido de los Trabajadores, presidentes latinoamericanos acusados de corrupción, y la nada despreciable hilera de funcionarios de distintas nacionalidades encarcelados, entre los que cuenta Joao Santana, estratega de campaña del presidente Medina y condenado ya por la Justicia brasileña, además de Marcos Vasconcelos Cruz, jefe de Odebrecht en la República Dominicana.
Vale recordar lo dicho por el presidente Medina antes de ser electo en la primera ocasión sobre el tema de la reelección: “Para reelegirse en este país hay que comerse un tiburón podrido y echar en el zafacón los principios”. También fue categórico cuando habló sobre la corrupción: “El primero que el rumor público señale le voy a pedir cuentas frente a todos sus compañeros y cuando le pida cuentas y no me satisface lo que me diga, con el primero simplemente lo cancelo, todos van a saber que lo cancelé por eso. El segundo que lo haga entonces lo cancelo y le hago un expediente y lo someto a la Justicia”.
Es evidente que la palabra empeñada y los escrúpulos recordados en sus mismas expresiones terminaron en el mismo lugar de los despojos putrefactos del mencionado espécimen a que él mismo hace referencia en su discurso.
Tampoco hay que olvidar que desde su salida de los espacios administrativos en los gobiernos de Leonel Fernández, el presidente Medina procuró apoyo en el litoral financiero y técnico administrativo vinculado al sector eléctrico, desde donde apuntaló el ejército partidario que le permitió, bajo el agotamiento del presidente Fernández, derrotarle y ganar la nominación electoral.
Para ello aprovechó la postura norteamericana de oposición a la reelección de Leonel, colocando de relieve el expediente del caso Quirino, recurso clave del grupo gobernante para detener las aspiraciones reeleccionistas del expresidente Fernández, arma fundamental del “danilismo” contra el “leonelismo”.
Manejo táctico tsunami Odebrecht ha sido errático
Ahora, cuando el Gobierno denota vulnerabilidad frente a un escándalo a escala internacional difícil de evadir, el manejo táctico ante el tsunami Odebrecht ha resultado errático. A saber: El nombramiento de la Comisión para salvar el proyecto de Las Catalinas, hundió el barco de la transparencia, en tanto, casi todos comprometidos, están obligados a salvar los intereses del mandatario y las empresas vinculadas al fraude.
Mas aún, se pone de relieve un proceso judicial enturbiado y torpe y un “acuerdo con Odebrecht” contra la ley, lo que constituye una estafa superior a lo que se pretende recuperar, en tanto se diseñan nuevas maniobras para intentar recuperar el Pacto Eléctrico como traje blindado de Las Catalinas, así como el diseño mediático y el plan de contra-información para desactivar la bomba social que implica la nacionalización de la consigna ¡Fin de la Impunidad!.
La Ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, especifica, en el artículo 6, lo siguiente: “En los casos en que el sobornante, según los artículos 3 y 4 de la presente ley, sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos (2) a cinco (5) años al cierre o intervención y a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos”.
El párrafo ll, del mencionado artículo, es claro: “En los casos de reincidencia se condenará al cierre o intervención por un período de cinco (5), a diez (10) años, o al cierre definitivo, y a una multa de cuatro veces las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que la misma pueda ser inferior a cien (100) salarios mínimos”.
De manera inexplicable, la multinacional Odebrecht revela que en el país se invirtieron 92 millones de dólares en soborno, y, en ese sentido, se acuerda el pago del doble de esa cantidad, cuando la ley es precisa y directa al respecto. Es decir, el cálculo, según la legislación, debió ser sobre la base de 184 millones de dólares. Entonces, ¿en dónde quedó y cómo se dividió la suma de la diferencia?, ¿está ahí, o no?, ¿se trata de un nuevo peaje, en tanto se crean las condiciones para que el proceso penal que corresponde no tenga efectos importantes?
Mientras, el Estado recibirá, según ha revelado el procurador general de la República, a cuentagotas, los supuestos 184 millones de dólares, y con ello, no se tocaría el tema del fraude de una obra sobrevaluada, sin tomar en cuenta el sobrecosto, otra responsabilidad de la empresa estafadora.
Peor aún, se señala al empresario Ángel Rondón como responsale de la repartición del soborno, quien lo niega, en tanto asegura que, en efecto, recibió esa cifra, pero como remuneración a sus servicios. ¿Cómo explicar el hecho de que, el acuerdo para la devolución es en base, exactamente al monto de referencia?, Es obvio que no se trata de simple casualidad, por tanto, todo indica que el manejo no ha sido correcto desde el ámbito de la justicia.
En su artículo 2, la Ley sobre Soborno es categórica: “Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión…”
Frente a ese cuadro, bastante complicado, al presidente no le quedaría más alternativa que un cambio de rumbo, en tanto se corre el riesgo de convertir la reafirmación de la impunidad en el combustible que transformaría la rebelión cívica en política, tal y como lo muestra la tradición latinoamericana y mundial.
Imposibilitado, como estaría, de castigar y escudarse en los funcionarios de anteriores gobiernos de la oposición, en tanto la “mafia” incluye a funcionarios del gobierno de Leonel y el propio, lo que implica un significativo porcentaje de los integrantes del poderoso Comité Político del PLD, el presidente, quien ha mantenido absoluto silencio frente a la complicada situación, tendrá que hilar muy fino en su discurso de rendición de cuentas este 27 de febrero.
http://www.7dias.com.do/portada/2017/02/20/i225103_odebrecht-tsunami-continental-que-anega-gobierno-danilo-medina.html#.WKtE1zvhDIU
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