Si en nuestro país existiese una ley que permitiese a la sociedad civil conocer el origen de los fondos con que se nutren las cuentas bancarias de los partidos políticos, la corrupción se reduciría extraordinariamente.
Y es que parte significativa de los gastos del presupuesto nacional terminan nutriendo las cuentas bancarias de los partidos políticos, a través, ya sea del célebre 10% del valor de las obras públicas, la sobrevaluación de las mismas, lo que hay que pagar por obtener un permiso, etc.
Lo que más se parece a los gobiernos del PLD fue el PRI mexicano, que gobernó ese país durante 71 años, entre 1929 y el 2000. El liderazgo del partido decidía quién sería el próximo Presidente (estaba prohibida la reelección) y, por supuesto, ese candidato era del PRI. También controlaba el Congreso, el sistema jurídico y la prensa. La corrupción llegó a ser tan obvia que el pueblo tomó el asunto de chiste. El último año de un Presidente del PRI era “el año de Hidalgo”, el héroe mexicano, año de “la madre del que deje algo”. El penúltimo año preelectoral era el año del héroe Carranza, “por si el de Hidalgo no alcanza”. En nuestro caso el Comité Político del PLD, muchos de cuyos miembros no han sido elegidos por la ciudadanía a cargo alguno, lo decide todo: quién será el próximo candidato presidencial; baja las órdenes (“la línea”) a los congresistas sobre cómo votar, influye en la justicia, y también en la prensa a través de periodistas en la nómina pública.
El grado de violencia y corrupción a que hemos llegado se asemeja a lo que ocurrió hace pocos años en Guatemala y Honduras. El primero de esos países, incapaz de resolver esos problemas, contrató a Naciones Unidas para que le ayudara a erradicar la corrupción, lo que hizo con mucho éxito. En Guatemala hay muchos políticos importantes presos por la corrupción. Hoy día Honduras ha hecho lo mismo, pero con la OEA.
¿Debemos de buscar la ayuda de Naciones Unidas o la OEA? ¿Puede el PLD admitir la corrupción que ha tenido lugar durante sus gobiernos y sancionar a aquellos de sus miembros encontrados culpables, aún cuando esto involucre a los jerarcas del partido? Luce que no puede, ya que los únicos casos de corrupción que decide enfrentar, porque no puede dejar de hacerlo, son aquellos descubiertos en el extranjero, los Tucano y Odebrecht, mas no casos en que la investigación es totalmente doméstica.
¿Se podrá incorporar en la próxima ley de partidos una suma tope que pueda recibir cada partido, que no sea la que provenga de la Junta Central Electoral, permitiendo que entes independientes fiscalicen ese tope, o la violación del mismo? La corrupción se reduciría si las partidas robadas no pudieran acreditarse a las cuentas bancarias del partido.
En algunos países suramericanos la población, con mucho más conciencia, trata de una forma diferente a los hallados culpables. Si están en un restaurante los parroquianos lo abandonan para evidenciar el ostracismo. En el nuestro, por el contrario, festejamos sus fortunas y la forma pública como las evidencian.
Ya Panamá contactó a las autoridades suizas y obtuvo los nombres de los que recibieron plata de Odebrecht. ¿Por qué no hacer lo mismo nuestro Procurador? Ya en Perú y Colombia se ha obligado a Odebrecht a vender sus activos y traspasar sus contratos. El Presidente Kuczynzki declaró “Está manchado por la corrupción. Tiene que irse”. Aquí se debe de obligar a esa empresa a traspasar su contrato con Catalina la Grande a una multinacional igualmente competente, tal vez lo que quedó en segundo lugar en la licitación.
¿Por qué nuestro gobierno solo investiga el contrato con Catalina la Grande, firmado durante el gobierno de Danilo Medina y no investiga la docena de contratos firmados con Odebrecht durante los gobiernos de Leonel Fernández y uno durante el gobierno de Hipólito Mejía? ¿Será para liberar de dudas al gobierno de Medina y que todo el peso caiga sobre sus rivales?
Los Presidentes de Panamá, Colombia, Ecuador y Perú han hablado sobre Odebrecht. ¿Será el 27 de febrero cuando el nuestro comience a tratar públicamente el asunto?
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