lunes, 7 de mayo de 2018

Centro Montalvo exige a las ARS respetar tutela efectiva de la protección social de la salud

Centro Montalvo exige a las ARS respetar tutela efectiva de la protección social de la salud

El vocero del Centro demandó que las autoridades adecuen mejor las reglas que tutelan la protección social de la salud y la seguridad social, a fin de evitar que los intereses empresariales actúen sin límites ni control reduciendo y limitando derechos fundamentales que afectan la salud y la vida de la gente
Servicios de Acento.com.do - 7 de mayo de 2018 

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Centro Montalvo exigió a las empresas Administradoras de Riesgo de Salud y a las Administradoras de Fondos de Pensiones someterse a la legalidad del Estado Derecho y respetar el debido proceso administrativo consagrado en el Artículo 69-10 de la Constitución y en la Ley 107-13.
Roque Féliz, vocero del Centro Montalvodemandó que las autoridades adecuen mejor las reglas que tutelan la protección social de la salud y la seguridad social, a fin de evitar que los intereses empresariales actúen sin límites ni control reduciendo y limitando derechos fundamentales que afectan la salud y la vida de la gente.
“Ante la evidencia de abusos de poder y manipulación de los reglamentos de la ley de seguridad social por parte de las ARS, la tutela efectiva de los derechos de los asegurados ha quedado en estado de indefensión, razón por la cual el negocio de la salud ha perdido el horizonte de sus límites y las ARS siguen actuando con avaricia y voracidad, olvidando que la salud es un derecho fundamental que les obliga a limitar sus ambiciones lucrativas”.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del análisis de coyuntura que el Centro Montalvo realiza el primer sábado de cada mes. En esta ocasión, trató sobre los retos de la protección social del derecho a la salud y la seguridad social, hoy.
Tuvo como panelistas invitados a Pedro Luis Castellanos, Superintendente de Salud y Riesgos Laborales; Maribel Batista, experta en derecho laboral y representante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) y Nicomedes Castro, representante de INSALUD y de la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA).
En común, los panelistas resaltaron que la protección social de la salud y la seguridad social hoy se enfrenta al reto de armonizar con equilibrio y equidad la tutela efectiva del derecho a la salud de los asegurados, de conformidad con las normativas establecidas en los artículos 60 y 61 de la Constitución y en las leyes y las jurisprudencias del Tribunal Constitucional, las cuales, frente a este tipo de conflicto de intereses, establecen condicionantes y límites a quienes emprenden negocios vinculados al suministro de servicios públicos relacionados a un derecho fundamental y vital, como lo es la salud.
Castellanos explicó las razones por las cuales la SISALRIL se ha visto en la obligación de recurrir al Tribunal Superior Administrativo para dirimir el conflicto que se ha suscitado por las recurrentes apelaciones que las ARS hacen de las Resoluciones que la Superintendencia emite en procura de una tutela efectiva de los derechos de los asegurados.
Maribel Batista señaló que varios segmentos de la sociedad y del movimiento sindical dominicano reconocen que las reglas de la ley de seguridad social necesitan ser revisadas y mejoradas, a fin de asegurar la eficacia de la protección social.
En ese sentido, la CNUS y otros movimientos sociales proponen una reforma de la ley, que entre otras cosas establezca con mayor rigor la tutela judicial efectiva de los derechos de los asegurados, y que mejore los mecanismos de resolución de conflictos sin sacrificar la respuesta oportuna y justa que requieren los asegurados.
Nicomedes Castro enfatizó que la Alianza por el Derecho a la Salud, ADESA, a través de un grupo de sus socios y aliados se ha hecho representar como interviniente forzoso en la apertura de debates que abrió el Tribunal Superior Administrativo, para hacer constar que el derecho constitucional a la salud y la seguridad social es un derecho fundamental cuya tutela judicial efectiva obliga al Estado a establecer límites a las ARS y a cualquier empresa que suministre servicios de salud; asimismo para hace valer que ordenamiento jurídico dominicano en materia administrativa contempla cómo se deben abordar los conflictos de intereses y derechos, como lo que ocurre hoy con los intereses pecuniarios de las ARS y los derechos trascendentes de los asegurados.
El vocero del Centro Montalvo indicó que “los daños a la salud, a la calidad de vida y a la sobrevivencia de la gente son daños irreparables, por eso ADESA también propone un cambio en las reglas del negocio de la salud, un cambio que implique  menos poder para los carteles económicos que buscan arruinar la precaria economía de los hogares pobres y vulnerables, imponiendo copagos y gastos de bolsillo en procedimientos clínicos, en diagnósticos y medicamentos que en la mayoría de los casos están cubiertos en las coberturas del seguro familiar de salud”.
“Es necesario cambiar las reglas de la gobernanza del Sistema Dominicano de la Seguridad Social a fin de evitar que quienes no tienen responsabilidad jurídica en la tutela judicial del derecho a la salud tampoco tengan prerrogativas para evitar beneficios a los asegurados, imponiendo vetos para beneficiar sus negocios sin límites”, indicó el vocero.
En la presente coyuntura que vive el país, marcada por la desconfianza creciente en las autoridades y en el liderazgo político nacional, y ante la hegemonía emergente de un liderazgo empresarial que no tiene sentido del límite de sus negocios que se anteponen a derechos sociales, se hace imperativo que, en ámbito social, el Estado asuma la tutela judicial efectiva del derecho a la salud como una señal de compromiso con la puesta en marcha del Estado Social y Democrático de Derechos que proclamamos en la Constitución de 2010.
En la actividad participaron decenas de organizaciones de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos humanos, económicos y sociales, y de los movimientos cívicos que luchan por la aplicación de políticas sociales y fiscales comprometidas con la transparencia, la gobernanza y la gobernabilidad democrática.
https://acento.com.do/2018/salud/8562573-centro-montalvo-exige-las-ars-respetar-tutela-efectiva-la-proteccion-social-la-salud/

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Muere otro bebé en el Jaime Mota

La República jueves, 03 de mayo de 2018

Hospital Barahona

Muere otro bebé en el Jaime Mota

  • Muere otro bebé en el Jaime Mota
    Asistencia. En el hospital Regional Jaime Mota esperan la llegada de los especialistas anunciados por el Ministerio de Salud Pública.
Benny Rodríguez
Barahona
Un día después de anunciarse la intervención del Hospital Regional Universitario Jaime Mota, por parte del Ministerio de Salud Pública y del Servicio Nacional de Salud (SNS) por las debilidades y deficiencias encontradas en equipos, atención, historia clínica y apego a los protocolos, otro neonato falleció ayer.
Mientras esta situación se produce y se espera el envío de especialistas y laboratoristas para el principal centro de salud de la región Enriquillo, los facultativos prometidos aún no llegan al hospital.
Con el fallecimiento de un nuevo niño suman ocho los recién nacidos que murieron en el Jaime Mota en las últimas dos semanas, situación que eleva los niveles de presión a las autoridades sanitarias del país, así como a la dirección del centro médico.  
Exigen sus hijos
Ayer se produjo una situación de caos, luego que otras madres se enteraron del fallecimiento de un niño, hijo de una pareja que reside en el barrio Alto Velo, de aquí. Las mujeres se presentaron al área de perinatología exigiendo que les entregaran a sus vástagos para llevarlos a centros privados de salud.
Daniela Cuevas, quien tiene dos días de dar a luz a un recién nacido, ingresado en el área de perinatología por problemas de una infección, acudió a la estación a reclamar su entrega para llevarlo a un centro privado, ya que teme pueda morir.
Lo mismo hizo Eneroliza Pérez, quien acudió desesperada y muy preocupada a la referida unidad también reclamando la entrega del bebé que dio a luz el lunes pasado, y le informaron que tiene dificultades respiratorias.
Ella teme se le muera en el hospital como ha sucedido con los otros niños recién nacidos que fallecieron.
El presidente de la interprovincial Barahona-Pedernales del Colegio Médico Dominicano (CMD), Alexander Herasme Peña, lamentó la situación que ocurre con los neonatos desde la pasada semana, lo que dijo “parte el alma ante la mirada indiferente de las autoridades”.
Mientras, el director de los Servicios Regionales de Salud, Luis Pérez González,  dijo que la situación es del control de las autoridades y que están trabajando para brindar un servicio en salud a la población.
Sin embargo, se quejó de que se está llevando un “espectáculo mediático” a la población de esta demarcación hacia quienes están orientados los servicios de salud a fin de mejorar la calidad de vida, tras observar que  pudiera resultar perjudicial, ya que se está generando confusión en la ciudadanía.
https://listindiario.com/la-republica/2018/05/03/513250/muere-otro-bebe-en-el-jaime-mota

El enigmático comunicado del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht

El enigmático comunicado del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht

Acento.com.do - 7 de mayo de 2018 - 12:02 am
Foto: Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República
Luego de guardar silencio por muchos meses, hay que definir por lo menos como enigmático el comunicado de este domingo de la Procuraduría General de la República sobre las informaciones confidenciales del caso Odebrecht, y su divulgación.
Y es una pena que sea de este modo tan arbitrario que actúe el Ministerio Público, recurriendo a la amenaza abierta, en particular contra los medios de comunicación que den a conocer supuestamente parte de una información confidencial y estaría siendo considerada por las autoridades como prueba del caso que ha tenido durante un año en sus manos el Ministerio Público.
En primer lugar, pese a todas las promesas de transparencia, de investigar y dar a conocer a todos los responsables de la corrupción en el caso Odebrecht, la Procuraduría se resguarde en la oscuridad y en querer tapar cualquier versión que se pueda divulgar sobre lo que hacen los fiscales, cuando en todos los países en donde operó el esquema de corrupción de Odebrecht, los medios han sido el mayor sustento de apoyo a la transparencia y a la sanción penal de los responsables, comenzando por el propio Brasil, y siguiendo con Perú, Panamá, Venezuela, Guatemala y la República Dominicana.
En nuestro país el Ministerio Público no ha querido divulgar nada de su trabajo para investigar el caso de corrupción de Odebrecht y sus conexiones dominicanas. La corrupción abarcó sobornos, sobrevaluación de obras y financiamiento ilegal de campañas electorales. El Ministerio Público se ha quedado solo en el tema de los sobornos. Las gestiones públicas, los interrogatorios, allanamientos, indagaciones con otros países, instituciones financieras, la búsqueda de pruebas, entre muchos otros posibles actos, se mantienen en el más completo anonimato. La labor de los medios de comunicación ha sido pobre, precisamente porque el Ministerio Público no ha avanzado, hasta donde se sabe, pese a haber contado con ocho meses y luego cuatro meses más para formular un expediente acusatorio sólido, que no se caiga tan fácilmente como se cayó con las solicitudes de medidas de coerción.
Habría que interpretar como una niñada lo dicho por el documento divulgado por el Ministerio Público sobre las investigaciones que realiza, y que todo el mundo sabe corren por cuenta de los fiscales. dice el documento lo siguiente:
“En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales”.
La cuestión es por qué razones tiene que justificarse el Procurador General de la República y señalar que es “normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales. ¿Es que hay temores en la procuraduría, para poder realizar la labor que todo el mundo sabe le corresponde? Sencillamente no es necesario que los fiscales tengan que decir estas perogrulladas.
Es enigmático que los fiscales tengan que protegerse para interrogar a cualquier persona, o que se excusen previamente. Ellos tienen la autoridad legal para preguntar e indagar, en cualquier circunstancia, si hay datos que requieran ser analizados. ¿Se trata de autoridades de los pasados gobiernos y de esta administración, relacionados con la recepción de los sobornos? ¿Por qué excusarse y hacer las aclaraciones que hacen, como ocurre con el siguiente mensaje?
“Como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas. Es importante destacar, que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”.
Nunca antes habíamos sido testigos que un investigador de un acto criminal tenga que pedir disculpas antes de interrogar a un sospechoso, o tenga que solicitar que no haya ensañamiento o retaliación o resistencias imprudentes. Eso sencillamente carece de lógica. Los fiscales deben investigar si tienen datos en sus manos o hay evidencias de la vinculación de las personas investigadas con los actos que se investigan.
Lo más peligroso de todo el comunicado del Ministerio Público es la amenaza que lanza para los medios de comunicación, de que la investigación es secreta y confidencial y que publicar cualquier aspecto de la misma tiene consecuencias penales para quienes lo divulguen. Esto atenta contra la libertad de informar y de Investigar que tienen los medios de comunicación.
El Ministerio Público dijo lo siguiente, que es muy preocupante:
“El Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. Advertimos, que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal”.
Cuando se hicieron las primeras citaciones y los interrogatorios para imputar a 14 personas, en relación con este mismo caso el año pasado, los medios informaron y realizaron entrevistas, y acudieron a todas las fuentes posibles para realizar la tarea de informar más allá de la versión oficiales. ¿Por qué restringir ahora ese derecho?
Con la divulgación de este comunicado, en horas de la tarde de este domingo, el Ministerio Público lo que ha hecho es desatar e incentivar la especulación en todas sus vertientes, y el daño que supuestamente pretende evitar, hablando de presunción de inocencia, lo está provocando al máximo nivel, ya sea por temor a los posibles interrogados o porque en realidad este empeñado en provocar un espectáculo de dimensiones poco imaginadas en el país. https://acento.com.do/2018/opinion/editorial/8562567-enigmatico-comunicado-del-ministerio-publico-caso-odebrecht/

Procuraduría amenaza con sanciones penales a quienes divulguen informes confidenciales sobre Odebrecht

Procuraduría amenaza con sanciones penales a quienes divulguen informes confidenciales sobre Odebrecht

Destacó que toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, sin importar su estatus político, social o profesional, sin que esto signifique que haya comprometido su responsabilidad penal
Servicios de Acento.com.do - 6 de mayo de 2018 
Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República informó este domingo que durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por unos 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos. Dijo que está prohibido divulgar informaciones confidenciales del proceso, y que habrá sanciones penales contra los medios que divulguen esos datos confidenciales.
A través de un comunicado, la Procuraduría señaló que nuevos nombres de empresas y personas han surgido en el avance de estas indagatorias, sin embargo, indicó que los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación.
En ese orden, destacó que toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, sin importar su estatus político, social o profesional, sin que esto signifique que haya comprometido su responsabilidad penal.
“Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso”, indicó la entidad en la comunicación.
En lo que se refiere a la divulgación de datos, sostuvo que Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial.
“Cualquier novedad divulgable sobre el mismo será informada oficialmente o se conocerá cuando se deposite la acusación formal dentro del plazo establecido por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción especial”.
A continuación, el comunicado institucional
Durante investigaciones sobornos Odebrecht se han analizado cientos de cuentas bancarias, transacciones y documentos
Durante la continuación de las investigaciones en torno a los sobornos que por unos 92 millones de dólares la empresa Odebrecht admitió haber pagado en el país, el Ministerio Público ha rastreado el comportamiento de cientos de cuentas bancarias y transacciones, así como también, ha realizado el análisis de miles de documentos.
En el avance de estas indagatorias han surgido nombres de empresas y personas. Los procedimientos de investigación penal obligan a profundizar averiguaciones para esclarecer su participación. Para esto es normal que se soliciten documentaciones, se efectúen consultas, experticias y entrevistas directas y presenciales.
Como consecuencia de ese meticuloso y confidencial proceso, cualquier ciudadano puede ser objeto de escrutinio y de interés de nuestra organización; las atribuciones que nos confiere la ley nos faculta para la conducción de dichas acciones y estamos obligados a realizarlas. Es importante destacar, que sin importar su estatus político, social o profesional, toda persona o institución requerida está obligada a suministrar las informaciones que se les soliciten y por el momento, esto no significa que haya comprometido su responsabilidad penal. Es una actitud equivocada reaccionar a este proceso con ensañamiento, retaliación o reacciones de resistencias imprudentes. La cooperación, receptividad y la calma deben prevalecer para el bien de la dinámica que está en curso.
El Código Procesal Penal consigna que en la fase actual estas diligencias investigativas deben mantenerse bajo reserva y todo lo que se derive de ella es estrictamente confidencial. Advertimos, que salvo autorización expresa del Ministerio Público, divulgar documentos o información sobre la intimidad de ese proceso pudiera significar un serio delito. Las partes involucradas tienen la obligación de no divulgarlas hasta que no se solicite medidas de coerción, algún anticipo de prueba o se presente acusación formal.
El Ministerio Público cumple ese mandato legal al pie de la letra. De este modo también respeta la moral de las personas y su presunción de inocencia. Además, en virtud de esa disposición y para evitar distracciones ha continuado avanzando en la profundización de las investigaciones en completo sigilo.
Las investigaciones penales deben efectuarse con cuidado, perseverancia y dedicación. El discurrir de esos procesos determina a quién llamar y cuándo hacerlo. No se puede perder de vista que el caso Odebrecht es el de mayor complejidad en toda la historia del sistema de justicia dominicano.
Cualquier novedad divulgable sobre el mismo será informada oficialmente o se conocerá cuando se deposite la acusación formal dentro del plazo establecido por el juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer la instrucción especial.
El único compromiso del Ministerio Público es encontrar la verdad en cualquier escenario y procurar que la justicia sancione ejemplarmente a todo aquel que haya cometido una infracción, como manda la ley, sin importar su estatus social, filiación política o profesión. En este caso ni en ningún otro habrá impunidad. La ley es igual para todos; especialmente en este episodio que concentra la atención de todos los dominicanos. https://acento.com.do/2018/actualidad/8562524-procuraduria-investiga-nuevas-empresas-personas-caso-odebrecht/ 

El enigmático comunicado del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht

Venezolanos en Miami declararían "persona no grata" al presidente Danilo Medina

Venezolanos en Miami declararían "persona no grata" al presidente Danilo Medina

MIAMI (EEUU).- Decenas de exiliados venezolanos protestaron ayer frente a la sede del consulado de su país en Miami, ubicado en el distrito financiero de Brickell, contra los "boliburgueses" y los "enchufados" por su responsabilidad en la "destrucción" que sufre Venezuela.

Al grito de consignas como "Enchufado, arrastrado, robaste a un pueblo hambreado" o "Boliburgueses en fuga, váyanse pa' Cuba", unas 50 personas se concentraron frente a la sede consular para expresar su rechazo contra los "funcionarios del régimen" y "chavistas adinerados", en especial aquellos que se han instalado en EE.UU.
Los manifestantes aprovecharon que estaban cerca del Consulado de República Dominicana para adelantar que pronto declararán "persona no grata" al presidente de este país caribeño, Danilo Medina, "por su apoyo al régimen de Maduro", según precisó el presidente de Veppex.
"Mientras el pueblo no tiene medicinas y padece hambre, los responsables viven en Estados Unidos, país que tanto criticaron y que alberga a miles de refugiados y exiliados políticos", señaló a Efe el presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), José Colina.
El líder de este grupo, organizador de la concentración, dijo que la protesta quiere llamar la atención de las autoridades estadounidenses respecto a los "responsables de la destrucción de Venezuela", muchos de ellos instalados en ciudades del sur de Florida como Miami, Doral, West Palm Beach, y que "seguramente violaron leyes migratorias" locales.
"Es necesario que aumenten los juicios a personas que hayan sido partícipes de la debacle de Venezuela y que se investigue a quienes se han hecho ricos y ahora viven en Estados Unidos", invocó.
Colina señaló que los exiliados políticos en Miami planean reiniciar los "scratches" delante de las casas donde viven exfuncionarios chavistas y coordinar acciones similares en países como España, donde también hay un "gran número de boliburgueses".
Los manifestantes aprovecharon que estaban cerca del Consulado de República Dominicana para adelantar que pronto declararán "persona no grata" al presidente de este país caribeño, Danilo Medina, "por su apoyo al régimen de Maduro", según precisó el presidente de Veppex.
Este "título" se añade a los otros declarados por este grupo dirigidos al exjefe de Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, y al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, éste por la deportación hace una semana de 82 venezolanos que buscaban asilo en esta isla caribeña. EFE
http://www.7dias.com.do/portada/2018/05/06/i243077_venezolanos-miami-declararian-persona-grata-presidente-danilo-medina.html#.WvAm14jwbIU

El Gobierno alista un plan para centralizar la emisión de deuda

DEUDA PÚBLICA | 07 MAY 2018, 12:00 AM |SUHELIS TEJERO
El Gobierno alista un plan para centralizar la emisión de deuda
BCRD intenta definir con Hacienda la fuente de su recapitalización
 La deuda pública consolidada equivalía a 48.9 % del PIB al cierre del año pasado, según datos oficiales.
La deuda pública consolidada equivalía a 48.9 % del PIB al cierre del año pasado, según datos oficiales.
SANTO DOMINGO. El Gobierno avanza en un plan de reordenamiento institucional de la deuda pública que busca centralizar en un solo emisor las colocaciones de bonos y otros instrumentos, y así evitar la multiplicidad de emisores que existe en la actualidad.
Sobre la propuesta, que ya ha sido presentada en varias instancias gubernamentales y también al sector privado, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana, señaló que se ha estado tratando de coordinar las colocaciones de deuda entre los emisores que son, mayoritariamente, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) y que “hay que avanzar hacia la constitución de un solo centro de decisión en el manejo de la deuda pública”, expresó a Diario Libre.
Empresarios que participaron en una reunión reciente con el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, indicaron que esa instancia está preparando la institucionalidad del ente que centralizará las emisiones de deuda pública, el cual comenzará a operar en unos meses, según les explicó el jefe de las finanzas públicas dominicanas durante el encuentro.
Los cambios, por lo tanto, involucran también aspectos de la reforma de la Ley 167-07, sobre la Recapitalización del BCRD, que está en revisión desde hace un año. La semana pasada, antes de un encuentro entre técnicos del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, el gobernador del ente emisor, Héctor Valdez Albizu, dijo que la fase en discusión se centraba justamente en cuál iba a ser la fuente de los recursos de la recapitalización del BCRD.
Tras la crisis bancaria del año 2003, el emisor tiene la potestad de colocar certificados de deuda en el mercado para cubrir los intereses del rescate que hizo durante la debacle financiera, por lo que la creación de un único emisor quitaría libertad al BCRD en el manejo de esos compromisos financieros.
Al cierre del año pasado, la deuda pública consolidada —es decir, la que emiten el Ministerio de Hacienda, otras instituciones no financieras y el BCRD— equivalía a 48.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) dominicano, que en monto representaba US$37,215 millones para ese momento.
La deuda del Sector Público No Financiero (SPNF) era de 38.9 % del PIB, mientras que la proporción de deuda emitida por el BCRD equivalía a 13.9 % del PIB al terminar 2017.
https://www.diariolibre.com/economia/el-gobierno-alista-un-plan-para-centralizar-la-emision-de-deuda-AH9801435
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