lunes, 4 de diciembre de 2017

E. León Jimenes y Ambev amplían acuerdo

E. León Jimenes y Ambev amplían acuerdo

La CND es la compañía líder de bebidas en el Caribe.
La CND es la compañía líder de bebidas en el Caribe.
Las empresas E. León Jimenes y Ambev consolidaron su relación en la Cervecería Nacional Dominicana (CND) con la extensión del acuerdo societario que firmaron en el año 2012 para crear la compañía líder de bebidas en el Caribe.
El acuerdo fue aprobado por el Consejo Director de Ambev y será presentado en la asamblea de accionistas de E. León Jimenes este mes. Pero el cierre de la transacción está previsto para principios de 2018.
Ambas compañías tienen como objetivo reforzar el posicionamiento de la República Dominicana y su marca líder Presidente como un estandarte de prestigio internacional. 
http://eldia.com.do/e-leon-jimenes-y-ambev-amplian-acuerdo/

AmBev compra el 51% acciones de Cervecería por US$1,237 MM

https://www.diariolibre.com/.../ambev-compra-el-51-acciones-de-cervecera-por-us12...
17 abr. 2012 - SANTO DOMINGO. La Compañía de Bebidas de las Américas (AmBev) compró el 51% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) al Grupo E. León Jimenes y Heineken por US$1,237 millones. Por la transacción, el Estado dominicano recibirá por el pago de impuestos más de ...

Comisión Competencia determina Cervecería y AmBev incurren en ...

www.7dias.com.do/.../i215649_comision-competencia-determina-cerveceria-ambev-i...
12 ago. 2016 - La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) determinó, en un estudio difundido el jueves, que la Cervecería Nacional Dominicana (CND) y ... El informe señala que la CND-AmBev “ofrece carpas, tarimas, freezer y letreros, así como descuentos en la compra de cerveza Presidente o ron ...

Exenciones cuestionables e improductivas | por Pavel Isa Contreras | @IsaPavel

Pavel Isa Contreras
Exenciones cuestionables e improductivas
Pavel Isa ContrerasPavel Isa Contreras  |  26 octubre, 2011
La escasez de recursos fiscales y la profunda insatisfacción con la forma en que el Estado gasta parecen dos hechos incontrovertidos. Además, la baja calidad del gasto es el obstáculo más importante para lograr apoyo ciudadano para una reforma que incremente los ingresos y la capacidad de gasto del gobierno.
Sin embargo, en el marco actual, la insuficiencia de recursos y la baja presión tributaria se deben a tres razones. La primera es que el crecimiento de los últimos años no ha incrementado significativamente las recaudaciones. Esto puede ser el resultado de que los sectores que han crecido tributan poco o que, por su informalidad o prácticas, los emprendimientos que han prosperado no se incorporan a la base contributiva.
La segunda es la evasión tributaria. A las históricas debilidades técnicas e institucionales a las que se les ha hecho frente en años recientes, se suman los fuertes incentivos a la evasión que genera una estructura tributaria muy desigual y con muchos agujeros legales y técnicos.
La tercera es las dimensiones que en el país alcanzan las exenciones tributarias, las cuales también se conciben como un gasto a favor de los sectores beneficiarios. Por eso se les denomina “gasto tributario”. La ley de presupuesto de 2012 las estima en RD$119 mil millones (5% del PIB). Desafortunadamente, una parte de ese “gasto” es poco productivo pues funciona como si se tratara de transferencias de dinero que no tienen la capacidad de promover el desarrollo que tienen, por ejemplo, los gastos en educación, infraestructura productiva, servicios municipales o en justicia.
Muchas de esas exenciones tienen fines muy justificables como no gravar el consumo de bienes básicos de la población pobre o servicios privados tan críticos como los de salud y educación, especialmente cuando no hay una oferta pública alternativa de calidad. Sin embargo, otras son difíciles de defender desde la perspectiva de la equidad y la promoción del desarrollo productivo.
Una de las más notables es la exención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a las personas de altos ingresos que reciben intereses de instituciones financieras. Mientras quien invierte sus recursos en una empresa está sujeto al cobro del ISR sobre beneficios, quien lo haga en algún instrumento financiero como un certificado no lo está. Esta es una dualidad injustificable. Por ese concepto y otros de menor importancia, el Estado dejará de percibir RD$2,315 millones en 2012.
Otras procuran aliviar déficits estructurales, pero no abonan a soluciones definitivas y constituyen un desperdicio. La más destacada de ellas y frente a la cual no parece haber salida inmediata es la exención a los hidrocarburos para la generación de energía, la cual se tragará más de RD$7 mil millones. También son debatibles las exenciones del ISR que benefician a empresas de zonas francas, a las que se ubican en la frontera o en algunos polos turísticos, y las dedicadas a actividades como textiles y calzados, y la industria del cine. Por ese concepto y otros, el fisco dejará de percibir casi RD$10 mil millones.
Aunque el Estado debe dotarse de una política de apoyo al desarrollo de ciertos territorios y sectores, la exención del ISR no es el mejor instrumento. Por una parte, es un incentivo a la ganancia y no uno que promueve directamente el empleo o el aprendizaje tecnológico. Por otra parte, estos no logran compensar las desventajas de territorios o sectores cuyas carencias son de servicios públicos como infraestructura o personal calificado. En otras palabras, el Estado da lo que no es crucial y no provee lo que sí lo es para la viabilidad de las inversiones.
Por último, algunas exenciones de impuestos al patrimonio son también problemáticas. Por ejemplo, se eximen del Impuesto a la Vivienda Suntuaria a aquellas ubicadas en zonas rurales, lo que incluiría segundas residencias (campestres o de playa) de alto costo. Adicionalmente, a ciertas empresas se les exonera el pago del impuesto sobre los activos.
En síntesis, aunque la prioridad de la administración del Estado debe ser dar muestras claras de voluntad para mejorar la calidad del gasto, a mediano plazo hay espacio para incrementar las recaudaciones y proveer lo urgente e imprescindible para el desarrollo.
http://www.elcaribe.com.do/2011/10/26/exenciones-cuestionables-e-improductivas-pavel-isa-contreras/
El autor es economista 
pavel.isa.contreras@gmail.com/t:@isapavel

Una presión tributaria para el desarrollo - por Pavel Isa Contreras | @IsaPavel

Pavel Isa Contreras  |  19 octubre, 2011
Una presión tributaria para el desarrollo
Pavel Isa Contreras
Pavel Isa Contreras

Las prácticas políticas e institucionales hacen que el Estado gaste de manera insatisfactoria, y la correlación de fuerzas resulta en una carga impositiva desigualmente distribuida. En ese contexto, es entendible que se cuestione la calidad de lo que el Estado aporta al desarrollo. Además, de manera más general, tenemos un Estado pobre de recursos y la presión tributaria, que es el monto de las recaudaciones tributarias expresado como porcentaje del tamaño de la economía, es baja.
Se podría acordar que las cifras oficiales exageran el crecimiento recién pasado, que la economía es más pequeña y que el peso de los impuestos es mayor al presentado. También, que frente a las falencias de los servicios públicos, hogares y empresas incurren en gastos extraordinarios que actúan como impuestos encubiertos. Esto puede llevar a escepticismos entendibles sobre lo que dicen algunos indicadores.
Sin embargo, para lograr un debate constructivo, la claridad conceptual es muy importante: los gastos privados, aunque resulten de una precaria provisión pública, no son impuestos porque no se derivan de una imposición estatal. El más que justificado descontento con los servicios públicos no debe dar espacio a artificios e imprecisiones. Además, el argumento de los “impuestos escondidos” tiene dos efectos indeseados. Primero, desvía la atención de lo fundamental que es exigir y aportar a que el Estado cumpla con su obligación en materia de servicios públicos. Segundo, contribuye a legitimar la exclusión social porque al enfatizar en las cargas individuales, acepta implícitamente el estado de postración de los servicios públicos, la adquisición privada de éstos por parte de quienes pueden pagar, y el descarte de quienes no pueden hacerlo.
Por otra parte, aunque ajustemos rigurosamente las cifras del ingreso nacional a montos que podamos considerar más razonables, dicho ajuste nunca será tan grande como para concluir que las recaudaciones impositivas son adecuadas para acometer metas deseables de desarrollo.
La realidad es que las recaudaciones que resultan de la estructura tributaria actual son insuficientes. Ciertamente, se podría hacer muchísimo más con los recursos disponibles; de hecho, esto urge para dar legitimidad fiscal a un Estado que la ha perdido a fuerza de discrecionalidad, opacidad y corrupción. Pero si la apuesta es al desarrollo, acrecentar gradualmente el peso de los ingresos y del gasto público es una pieza de política clave.
La pregunta es: ¿Quién debe pagar? La respuesta debe ser: quien puede más. Esto apunta a reformar la tributación en al menos dos direcciones. Primero, gravar a quienes teniendo riqueza, no están gravados (eliminación de exenciones). Segundo, cobrar a quienes estando gravados y poseyendo riqueza, no pagan (combatir la evasión).
Datos oficiales cifran en casi RD$119 mil millones las exenciones para 2012. ¿Quiénes se benefician de ellas, y por tanto, quiénes cargarían con el peso de su eliminación? El grueso corresponde a las de ITBIS, que explican un 63% del total. De éstas, un 40% (RD$30 mil millones) es alimentos, y la mayor parte del resto es servicios de salud, educación, vivienda y transporte. Otros RD$27 mil millones (23%) corresponden al impuesto sobre la renta y el patrimonio. Finalmente, las exenciones a hidrocarburos son de RD$11,500 millones (9.6% del total); de éstas, más de RD$7 mil millones son para la generación de energía.
Lo anterior sugiere que el potencial recaudador de una eliminación de exenciones que no exacerbe la inequidad ni agudice las desventajas competitivas es limitado. Eliminar masivamente exenciones del ITBIS implica gravar alimentos, salud, educación y/o vivienda. El impacto social sería severo. Focalizar la eliminación en segmentos de ingresos elevados le quitaría poder recaudatorio. Eliminar las exenciones a los combustibles para generación de energía sería impensable en una situación energética como la actual.
Por lo tanto, el único espacio relevante de recaudación que queda sería la eliminación de exenciones al impuesto sobre la renta y el patrimonio. Esto es lo más sensato porque tiene un importante potencial recaudador y respeta el criterio de equidad sin comprometer la producción de riqueza.
A mediano plazo, los esfuerzos deberían concentrarse en reducir la evasión de grandes perceptores de ingresos. Pero para ello hace falta forjar consensos, tener determinación e impulsar un esfuerzo técnico e institucional sin precedentes.
http://www.elcaribe.com.do/2011/10/19/una-presion-tributaria-para-el-desarrollo-pavel-isa-contreras/
El autor es economista pavel.isa.contreras@gmail.com/t:@isapavel

@TVsilviagarcia Coloquio con lideresas del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos en #SILVIAenPerspectiva


Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos en #SILVIAenPerspectiva

https://youtu.be/hmIBY7oO4pE

@TVsilviagarcia Coloquio con lideresas del Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos en #SILVIAenPerspectiva este Sábado, 5PM Teleradio América, canales 45 y 12 en Claro y Tricom. También #EnVIVO http://www.teleradioamerica.com/ Entrevista a la pta. Carmen Yolanda Díaz de Santaella, y las secretarias Dra. Olga Hache, Dra. Aquilina Alcequiez.

La Cámara de Cuentas valida el proceso de compras de escáneres

La Cámara de Cuentas valida el proceso de compras de escáneres

Informe dice cumplieron principios regulan la Función Pública y recomienda pagar deuda Indra
La Dirección de Informática de la JCE, que dirige Miguel Angel García, recomendó no usar los equipos.
La Dirección de Informática de la JCE, que dirige Miguel Angel García, recomendó no usar los equipos.
Santo Domingo.-La Cámara de Cuentas validó el proceso de la compra de los equipos informáticos utilizados en las elecciones de 2016, tras determinar en su auditoria que los pasados miembros titulares de la Junta Central Electoral (JCE) actuaron dentro de los parámetros constitucionales y legales al contratar a la empresa Indra Sistemas para suplir esos equipos, y recomendó al órgano comicial pagar a la empresa de capital español la deuda pendiente.
“Los principales funcionarios de la entidad auditada, en ocasión del ejercicio de sus atribuciones y funciones, actuaron dentro de los parámetros constitucionales, legales, reglamentarios y normativos de cumplimiento obligatorio para los administradores de recursos públicos; motivo por el cual se determina el cumplimiento de los principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la Función Pública”.
El informe legal agrega también que se determinó “el cumplimiento de principios morales y éticos que regulan el ejercicio de la función pública”.
La auditoría remitida al presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, al expresidente del órgano Roberto Rosario Márquez y a la empresa Indra Sistemas, fue publicada el sábado en la página web de la Cámara de Cuentas.
Informe de la auditoría
La Cámara de Cuentas en su informe sobre la auditoría recomendó a la JCE cumplir con el cronograma de pagos establecidos con la empresa Indra Sistemas para saldar la deuda de US$13,927,931, que mantiene con esa empresa.
El monto contratado con la empresa para suplir los escáneres utilizados en los comicios pasados ascendió a US$35,266,003, de los cuales la pasada administración pagó US$21,338,072.
En ese sentido, el informe establece que “al presidente de la Junta Central Electoral (JCE) le corresponderá realizar las gestiones de recursos necesarias para que se efectúe el cumplimiento del cronograma de pagos del contrato”.
En el informe también se establece que a la JCE “le corresponde disponer la elaboración de un Plan de Acción Correctivo para adoptar e implementar las medidas necesarias para mantener un control efectivo, tomando en consideración las observaciones y recomendaciones” que le hace el organismo de control y fiscalización.
La JCE y la empresa Indra Sistemas mantienen un conflicto por el atraso en los pagos de la deuda, sin que las partes lleguen a un acuerdo ante la negativa de los actuales miembros de saldar ese compromiso.
La JCE alega que los equipos no funcionan, amparándose en un informe de la Dirección de Informática de ese órgano.
Falta disponibilidad
El director financiero de la JCE informó en mayo pasado a la Cámara de Cuentas que no habían efectuado el saldo de la deuda con Indra “por la falta de disponibilidad”, porque las elecciones de 2016 consumieron todos los recursos.
Comisión determinará futuro de equipos
El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, dijo ayer que van a esperar a que la comisión de asesores informáticos que designaron el viernes pasado realice sus investigaciones para decidir al respecto.
Castaños Guzmán explicó que tomaron esa decisión porque “la auditoría de la Cámara de Cuentas no cubre aspectos técnicos del funcionamiento de los equipos”. Anunció que esa comisión se reunirá por primera vez el jueves 14 de este mes.
“La decisión referente al cobro que actualmente realiza Indra Sistemas a la Junta Central Electoral y respecto al futuro de los equipos será determinada, finalmente, una vez concluyan dichas evaluaciones”, manifestó el presidente del órgano electoral.
http://eldia.com.do/la-camara-de-cuentas-valida-el-proceso-de-compras-de-escaneres/
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Por qué el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que se deben prohibir los bitcoins

Por qué el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz cree que se deben prohibir los bitcoins

El llamado "oro digital" creció más de 1.200% en el último año y muchos analistas creen que podría constituir la mayor burbuja financiera de la historia.
"No les gusta la transparencia porque pueden involucrarse en todo tipo de actividades viles. ¿Nosotros como sociedad, debemos permitir eso? En mi opinión, no", le dijo Joseph Stiglitz a la BBC.
"No les gusta la transparencia porque pueden involucrarse en todo tipo de actividades viles. ¿Nosotros como sociedad, debemos permitir eso? En mi opinión, no", le dijo Joseph Stiglitz a la BBC
La advertencia no es nueva, pero esta vez viene de la boca de una de las voces más autorizadas de la economía mundial.
Joseph Stiglitz, 74 años, Premio Nobel de Economía en 2001 y ex economista jefe del Banco Mundial, no se anda con vueltas.
En medio del furor por la criptomoneda bitcoin, que esta semana superó la barrera de los US$10.000, las dudas sobre su estabilidad y los llamados a la cautela van in crescendo.
En una entrevista con el programa Business Daily del Servicio Mundial de la BBC, el economista estadounidense explicó por qué cree que el bitcoin debería ser prohibido.
“¿Por qué la gente quiere bitcoins? ¿Por qué la gente quiere una moneda alternativa? La verdadera razón por la cual la gente quiere una moneda alternativa es para participar en actividades viles: lavado de dinero, evasión fiscal“.
“Lo que realmente deberíamos hacer”, señaló, “es exigir la misma transparencia en las transacciones financieras con bitcoins que la que tenemos con los bancos”. Si así se hiciera, cree, el mercado del bitcoin “simplemente colapsaría”.

El polémico “oro digital”

El llamado “oro digital” creció más de 1.200% en el último año y muchos analistas creen que podría constituir la mayor burbuja financiera de la historia.
A diferencia de las monedas convencionales, las criptomonedas no están reguladas por los gobiernos, los grandes bancos o los fondos de inversiones, sino por inversionistas privados.
Bitcoin
Se puede acceder a ellas desde cualquier lugar con una conexión a internet, a través de las firmas de intercambio o vendiendo productos o servicios a cambio de ellas, aunque la mayoría las usan como inversión.
“No hay transparencia sobre quién está involucrado en qué transacción y para qué”, se lamenta Stiglitz, “hay monedas muchos más estables como el dólar y la libra, entonces te tienes que preguntar por qué la gente va al bitcoin”.
“Es porque no quieren ningún tipo de supervisión como tenemos en nuestro sistema bancario”, agrega, “y lo que realmente temen es que vayamos a lo digital, al dinero electrónico, con aún más supervisión y ahí la capacidad de participar en el lavado de dinero sería aún más difícil”.
¿Qué es el bitcoin?: a menudo descrita como una criptomoneda, es una moneda que existe de manera virtual. Una versión en línea del dinero en efectivo.
BitcoinsCada bitcoin es un archivo en una computadora que se almacena en una “cartera digital” de un teléfono inteligente o un ordenador.
¿Cómo funciona?: Cada bitcoin es un archivo en una computadora que se almacena en una “cartera digital” de un teléfono inteligente o un ordenador. Cada transacción se registra en una lista pública llamada la blockchain, por lo que no es posible gastar una moneda que no es propia.
¿Cómo se consigue?: Hay tres maneras principales de conseguir bitcoins: comprándolos con dinero “real”; vender productos o servicios que se paguen con bitcoins y adquirirlas a través de nuevas empresas que hacen sus propias monedas virtuales.
¿Cómo se valorizan?: Los bitcoins son valiosas porque la gente está dispuesta a intercambiarlas por bienes y servicios reales, e incluso dinero en efectivo.

El efecto de las regulaciones

Stiglitz considera que lo que “realmente está impulsando” el mercado de bitcoins es la implementación de regulaciones más fuertes en el sector bancario: “Lo que tenemos que hacer es exigir más transparencia y simplemente colapsará”.
Y opina que no es imposible de suprimir. Lo que hay que hacer es “decir que transferir bitcoins a dólares o libras no es legal y decir que las empresas como Microsoft no pueden aceptar bitcoins, ni se pueden comprar activos ni bienes raíces”.
“Estoy muy a favor de tener dinero digital electrónico, la pregunta es por qué necesitamos una moneda alternativa, cuál es el problema que estamos tratando de resolver. ¿Nosotros como sociedad, debemos permitir eso? En mi opinión, no”.
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La Autoferia Popular financia 4.8 mil millones

La Autoferia Popular financia 4.8 mil millones

Representó un aumento de un 12% con relación al año anterior
Este año participaron las 20 mayores casas importadoras, que lanzaron nuevos modelos al mercado.
Este año participaron las 20 mayores casas importadoras, que lanzaron nuevos modelos al mercado.
Santo Domingo.-La vigésima segunda edición de Autoferia Popular se clausuró ayer con mejores resultados que el año pasado, alcanzando un monto de préstamos aprobados de RD$4,825millones, un 12% más respecto a la última versión, para financiar 3,857 vehículos nuevos, cifras preliminares que demuestran la capacidad de dinamización de esta plataforma de comercialización y financiamiento de vehículos.
El monto promedio financiado fue de RD$1.3 millones, siendo de nuevo las jeepetas la gama más demandada.
Este evento automotriz, realizado del 30 de noviembre al 3 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y en más de 30 “dealers” del interior, ofreció planes de financiamiento realmente atractivos, con tasas fijas desde 6.50 % a 6 meses, la posibilidad de financiar el 90 % del vehículo y de empezar a pagar en enero, contando con hasta siete años para saldar el préstamo, el plazo más extenso y cómodo del mercado.
Agradecimiento
En nombre del Banco Popular, su vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales y Sucursales, Arturo Grullón Finet, agradeció a los clientes, concesionarios y dealers “la lealtad y confianza que demuestran cada año en Autoferia Popular, lo que evidencia el poder de convocatoria y el liderazgo de este evento en el mercado de comercialización y financiamiento de vehículos del país.
Ventas del interior 
Más del 35 % de las ventas provinieron de clientes del interior, alcanzando 1,350 unidades vendidas.
En los días previos al evento, destacaron las 1,953 solicitudes aprobadas en preventa.
http://eldia.com.do/la-autoferia-popular-financia-4-8-mil-millones/