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— OPS/OMS República Dominicana (@OPSOMSRD) December 5, 2020
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Con el recurso de amparo de extrema urgencia que sometió el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) para suspender la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), se puede abrir un largo camino hacia el proceso de sustitución de jueces de las altas cortes.
La reunión del Consejo estaba pautada para ayer jueves, pendientes de iniciar las evaluaciones para elegir a quienes vayan a sustituir a cuatro jueces del Tribunal Constitucional que tienen sus periodos vencidos, además de uno en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y otro de Tribunal Superior Electoral (TSE). Sin embargo, la instancia notificada a último momento obligó a su suspensión, de parte del presidente de la República, Luis Abinader.
En su instancia, el PLD pide suspender provisionalmente las reuniones y los trabajos preparativos para la evaluación y posterior designación de los nuevos jueces en las altas cortes, una petición que al abogado Amadeo Peralta le resulta insólita, pues no recuerda que una acción similar se haya presentado antes.
A su juicio, el recurso puede llevar a alargar en el tiempo la selección de los nuevos jueces, pues, si el TSA rechaza la solicitud, sus accionantes pudieran llegar al Tribunal Constitucional, donde pudiera durar hasta años.
De acuerdo con el PLD, con esa acción se pretende garantizas sus derechos políticos y la libre asociación política “los cuales están siendo vulnerados como consecuencia de la actuación manifiesta arbitraria por parte del Senado”.
Se refiere al caso de la segunda mayoría en la cámara alta del Congreso Nacional, la cual le fue otorgada al senador por la provincia Hermanos Mirabal, Bautista Rojas Gómez, del partido Fuerza del Pueblo, tras las elecciones de julio pasado. Dicha organización política es la que ostenta más senadores, luego del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). Los partidos que ostenta la primera y segunda mayoría aportan los dos integrantes del Senado que deben completar los ochos miembros del CNM, junto al Presidente de la República, los presidentes de TC y de la Suprema Corte de Justicia, la procuradora general de la República y un juez de la Suprema Corte de Justicia.
Sin embargo, el PLD demanda la posición de segunda mayoría por ser el segundo partido más votado en las pasadas elecciones, argumentando que el 32.41% de los votos válidos emitidos y 6 escaños en el Senado.
En tal sentido, sostiene en su recurso que el Senado incurrió en una desviación de poder en el ejercicio de sus funciones administrativas, “ya que se apartó del espíritu y la finalidad del constituyente al designar a un senador como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que forma parte de una organización política que no ostenta la segunda mayoría electoral ni la segunda mayoría con representación en esta cámara legislativa”.
Pide a tribunal que ordene al Senado conocer nuevamente la designación del segundo senador que formará parte del Consejo Nacional de la Magistratura y, en consecuencia, designar un senador que sea del PLD.
El abogado Ángel Lockward, con la salvedad de que aún no ha visto el contenido el recurso, duda de la potestad que tiene el TSA para conocer esa decisión del senado, por entender que no se trata de un derecho fundamental, además de que el Consejo puede sesionar con siete de sus miembros.
“El amparo es para la protección de derechos fundamentales y ahí (en la decisión del senado) no hay derechos fundamentales envueltos. Si bien se puede invocar el derecho a la buena administración que se ejerce en contra de actos u omisiones de la administración pública, si el tribunal considerara que la designación por resolución es administrativo, entonces se puede atacar”, comenta el abogado que califica de prudente la decisión del presidente de suspender ante los cuestionamientos suscitados.
Sin embargo, Lockward entiende que la designación no es un acto administrativo, sino de carácter político que debería conocerlo el Tribunal Superior Electoral y, pues, el TSA no puede decidir quién es la segunda mayoría.
Sobre ese aspecto, plantea que las mayorías no deben ser las parlamentarias, sino que debe estar decidido en el elector directo, por tanto, cree que esa posición (ante el CNM) debe corresponder al PLD. Distinto sería, si se elige a alguien que se hubiera elegido en la casilla del PLD, aunque luego haya pasado a otra organización.
En el caso de Rojas Gómez, aunque pertenece a la Fuerza del Pueblo, fue electo mediante la alianza que encabezó el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) con esa y otras organizaciones políticas, que le llevó a alzarse con el 63.24 % de los votos emitidos en la provincia Hermanas Mirabal en el nivel senatorial. Dentro de esa alianza, el PRM aportó el 42.81 % de los votos, conforme la Junta Central Electoral (JCE).
