Las flaquezas de la investigación del Ministerio Público sobre el caso Odebrecht
Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana e implicado en el caso Odebrecht, hizo público un documento el pasado viernes con datos sobre quiénes fueron los funcionarios que firmaron los contratos de obras entregadas a Odebrecht.
El documento es muy elocuente. Podría ser el punto de partida para la investigación pendiente del Ministerio Público sobre este caso.
Quienes firmaron los contratos, quienes hicieron los presupuestos, quienes negociaron los acuerdos de préstamos para esas obras, son las personas con más información sobre los sobornos de Odebrecht. Pero ninguna de esas personas fueron incluidas en los sometimientos y apresamientos solicitados por la Procuraduría General de la República.
Está documentado que los primeros desembolsos de Odebrecht para el pago de sobornos se recibieron en el 2007, pero la mayor parte de los sometidos judicialmente están acusados de recibir sobornos por obras negociadas a partir del 2002. No cuadra en el tiempo el esquema que describe la Procuraduría.
El expediente de Odebrecht presentado por la Procuraduría General de la República es parcial, muy parcial y presenta serias deficiencias. Ya vimos los numerosos errores que se cometieron. Todavía el Ministerio Público no ha entregado a la Suprema Corte de Justicia los documentos traducidos del portugués al español, por ejemplo, en que sustenta sus imputaciones. La fallida traducción de la carta de solicitud de Jean Alain Rodríguez tiene consecuencias importantes.
Los datos que se conocen del gerente de Odebrecht en el país durante muchos años, Marco Antonio Vasconcelos Cruz, no incluyen ninguna imputación a nadie. Sugiere solamente la posibilidad y atribuye a Angel Rondón el manejo absoluto de sus relaciones con el gobierno, con los legisladores y con otros actores del gobierno dominicano. (En el acuerdo de la Procuraduría con Odebrecht se promete que entregaría los nombres de los sobornados, por tanto esa parte del acuerdo no se ha cumplido).
Si el expediente acusatorio se sustenta en los datos aportados por Vasconcelos Cruz, este proceso será corto y sin consecuencias para nadie. Todos los imputados tendrán que ser puestos en libertad por insuficiencia de pruebas. Más los errores que se han cometido en la redacción de la pieza, como confundir un depósito de 500 mil pesos con un depósito de 50 millones de pesos. Esto terminará pronto.
Son muchos los errores que se pudieran mencionar.
Con el senador Julio César Valentín, por ejemplo, se ha cometido una barbaridad en la formulación de las imputaciones. No hay pruebas de que haya recibido sobornos, y para probarlo los fiscales han recurrido a la Declaración Jurada de Patrimonio del senador. Le acusan de haber aumentado en 224% sus bienes, al pasar de 1.2 millones de pesos en 1999 a 49.9 millones en el 2016. Eso se cae solamente revisando los datos de la misma Declaración Jurada de Bienes del legislador.
Con el senador de Santiago no hay caso. En su declaración está claro que se casó el 9 de noviembre del 2014 con Rosira Josefina Pichardo Raful, quien sumó al matrimonio un solar de 4,803 metros valorado el 19 millones de pesos, y un apartamento de 287 metros, en Santiago, valorado 10 millones de pesos, más otros bienes pequeños. Si a los 49.9 millones de pesos de Julio César Valentín se les restan los 29 millones de pesos que corresponden a su esposa, quedarían apenas bienes por 20.9 millones de pesos, para una labor intensa como juez, fiscal, diputado y senador desde 1999 hasta la fecha.
Todos estos datos están en la declaración de Julio César Valentín y pueden ser probados ante cualquier tribunal. Si es por esa vía que el Ministerio Público pretende probar sobornos el caso está definitivamente sepultado, y el servicio que ha rendido el Ministerio Público queda maltrecho e insostenible en su interés de transparencia.
Por eso es importante rastrear las fechas de los sobornos, y asegurar un acuerdo con Angel Rondón, que es la pieza clave en este caso, pues Odebrecht hizo descansar en él todo el peso de la delación.
En el expediente de Odebrecht hay un grupo de personas responsables, pero hay otro grupo de personas que parecieran chivos expiatorios de otras culpas. Los grandes responsables de este caso no aparecen.
Por ejemplo, el crimen hay que buscarlo en quiénes definían las necesidades del país para contratar a Odebrecht para una carretera, una presa, un túnel, un puente, unas plantas de carbón, un bulevar o una autovía rápida. Quiénes eran los que negociaban con los bancos los contratos de préstamos. Quiénes preparaban esos contratos y los enviaban al Congreso. El Congreso era sólo un receptor de préstamos, y los aprobaba por línea del partido de gobierno o por cualquier influencia para agilizarlos. El grueso del soborno no estaba en la agilización de los préstamos, sino en la negociación de los mismos. Eso parece haber sido discutido en el Comité Político del PLD, según testimonio de Felucho Jiménez.
¿Por qué el Poder Ejecutivo daba el visto bueno a cada obra, a cada presupuesto, a cada préstamo, a cada adenda, que era un sistema establecido para agrandar el fraude? ¿No había control en los valores aportados en los presupuestos ni en las adendas, por ejemplo en el Palacio Nacional?
Son preguntas que cualquier fiscal acucioso se haría, y le haría al principal señalado por Odebrecht como el agilizador de las obras.
Si se revisa el interrogatorio de apenas 25 minutos del Ministerio Público a Angel Rondón, en enero de este año, se verá que no se quiso hacer las preguntas fundamentales. Los fiscales se abstuvieron de profundizar. No les interesó conocer más que las simplezas y curiosidades para preparar algo indigno para los reclamos de la sociedad dominicana. Este caso pareciera que va por un derrotero que exculpa y evade las principales responsabilidades en el sistema de sobornos. E imputa a unos cuantos políticos sin padrinos poderosos.
Ojalá que Julio César Valentín, Temístocles Montás, Radhamés Segura, Tommy Galán, Roberto Rodríguez, Andrés Bautista o Bernardo Castellanos se decidieran a decir lo que realmente saben o han conocido de los sobornos. Para que comience un verdadero proceso judicial en el país. Si es que la justicia lo pudiera soportar.
http://acento.com.do/2017/opinion/editorial/8463263-las-flaquezas-la-investigacion-del-ministerio-publico-caso-odebrecht/
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