Gobiernos del PLD son los que más han contribuido con lucha anticorrupción, según Fernández
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SANTO DOMINGO (R.Dominicana).- El expresidente Leonel Fernández afirmó, a propósito del caso de los sobornos de Odebrecht, que los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) son los que más han contribuido con la creación de estructuras legales que puedan hacer efectiva la lucha contra la corrupción.
En un artículo de opinión en el periódico Listín Diario, Fernández hace un análisis de la coyuntura a propósito del expediente Odebrecht, la judicialización del caso, el arresto de varios imputados y en sentido general, el tema de la corrupción en otros países.
“Ha sido el Partido de la Liberación Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción”, dice el exmandatario para pasar a enunciar las iniciativas.
Destaca que fue en el artículo 46 de la Constitución del 2010, auspiciada por el PLD, que por primera vez se estableció, en forma clara y precisa, “la condena a toda forma de corrupción en los órganos del Estado”, pero además, obligatoriedad de la declaración jurada, la pena de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción y la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución.
Fernández, presidente del país en los períodos 1996-2000 y 2004-2012, sostiene en su artículo que fue en los gobiernos del PLD que se aprobaron las convenciones de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interamericana contra la Corrupción, así como las leyes de Función Pública, de Contraloría, sobre Cámara de Cuentas, de Presupuesto, sobre Compras y Contrataciones Públicas, de Libre Acceso a la Información Pública, contra el Lavado de Activos y la que instituye el Código de Ética del Servidor Público.
De igual modo resalta la creación de las Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la reforma y modernización de la justicia y los nuevos códigos Penal y el Procesal Penal.
“En fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y de la justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena”, dice Fernández.
Plantea en su análisis, que no solo en la República Dominicana, América Latina o el Caribe existe corrupción, sino que el problema se universaliza tocando a países como Rusia, China, Italia, España, Grecia, Alemania, Francia y Estados Unidos.
El flagelo también ha afectado a grandes empresas, y menciona, entre otros, los casos de la norteamericana Enron, la italiana Parmalat y la alemana Siemens.
“Hasta la Federación Internacional de Futbol, la famosa FIFA, no pudo patear el balón con transparencia y fue descubierta en una práctica continua, de años, de fraude, sobornos y lavado de activos”, subraya Fernández.
“Como podrá observarse, la corrupción está extendida por todo el planeta, y es tan vieja en su práctica que resulta incluso anterior a la época de cuando la Iglesia vendía el perdón de los pecados, es decir, las llamadas bulas de indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira de Martin Lutero que terminó dando origen a la Reforma Protestante”, plantea.
En el caso específico de la República Dominicana y el caso Odebrecht, el exmandatario dice estando apoderado un juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia, lo que se espera es que “el órgano judicial actúe, tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al principio de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas”.
“Y así, se hará justicia, concluye el artículo.
Por el caso Odebrecht se encuentran bajo arresto 10 personas, incluyendo al ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás. En tanto que pesan órdenes de apresamiento contra tres legisladores y una persona que se encuentra fuera del país (Bernardo Castellanos).
Odebrecht admitió que pagó sobornos por un monto de 92 millones de dólares entre el 2001 y 2014, para conseguir la adjudicación de obras del Estado dominicano.
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