Abogados creen imputados en caso Odebrecht pueden ser procesados en libertad
SANTO DOMINGO. El exjuez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Manuel Ulises Bonnelly Vega, y el exfiscal de la provincia de Santo Domingo, Perfecto Acosta, consideraron que los acusados de recibir sobornos de la empresa Odebrecht pueden acudir en libertad al proceso que sigue el Tribunal de Instrucción Especial en la Suprema Corte de Justicia, en lo que coinciden otros abogados penalistas.
En opinión de Bonnelly Vega, el Código Procesal Penal presenta modalidades para que los imputados puedan acudir en libertad al proceso, expresando que es un principio fundamental que” la libertad es la regla y la prisión la excepción”.
“Lo que desea la normativa es que las personas vivan sus procesos en libertad. Es lo que prima, la prisión es lo contrario”, dijo.
En tanto que Acosta afirmó que ninguno de los encausados hasta el momento por recibir sobornos representan peligro para el Estado ni para la sociedad dominicana, por lo que entiende, pueden asistir en libertad al proceso.
Dijo que la medida que está pidiendo el Ministerio Público de prisión preventiva, establecida en el Código Procesal Penal en su artículo 226 es la más gravosa, y que solo se aplica cuando se trata de elementos que son peligrosos, que pueden ocultar evidencias y que constituyen un peligro público.
“Es una investigación de un caso de mucha trascendencia para la justicia, para el gobierno y para la República, se trata de la imputación de un delito económico donde los imputados, pienso yo, que pueden asistir libremente al proceso y que se le puede aplicar una medida que no sea la más gravosa como la función preventiva, que es la que solicitó el Ministerio Público”, agregó.
En tanto que el experto penalista Ramón Núñez cree que, técnica y jurídicamente hablando, todos los procesados que han sido arrestados por orden de la Procuraduría General de la República por el caso Odebrecht, califican para que su proceso sea conducido sin mayores privaciones.
Agregó que en un proceso que apenas comienza, cuando se pide medida de coerción es porque hay algún tema vinculado a lo que se conoce procesalmente como peligro de fuga.
“O sea, no se puede pretender que la imposición de una prisión preventiva venga a sustituir la pena, a menos que se crea que la prisión preventiva es una pena, los imputados tienen suficiente arraigo como para que su proceso pueda ser conducido en libertad”, manifestó Núñez.
Opinión parecida también tiene el abogado Blas Minaya, quien recordó que “muchos de ellos comparecieron voluntariamente, sin haber sido requeridos por el Ministerio Público y otros aún gozando de inmunidad parlamentaria asistieron de motus propio, al tribunal, lo que destruye, de manera absoluta, la presunción de peligro de fuga, elemento que debe ser ponderado objetivamente por el juzgador”.
Los abogados hablaron de manera separada.
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