lunes, 15 de mayo de 2017

En primer año reelección DM enfrenta críticas por corrupción

En primer año reelección DM enfrenta críticas por corrupciónCORRUP

El camino de la impopularidad y de los reclamos para que se enfrente la corrupción pública es el que ha trillado el presidente Danilo Medina durante los 365 días de su elección para un segundo mandato.
De las eufóricas celebraciones que matizaron el resultado electoral del 15 de mayo del 2016, ante un demoledor triunfo con el 62% de los votos, tanto él como la alta dirigencia del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se mantienen a la defensiva, por el pesado fardo del escándalo de corrupción que vincula al Gobierno con la constructora brasileña Odebrecht.
En diciembre del 2016 el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó un informe en el que los ejecutivos de la constructora admitieron el pago de sobornos en 14 países para conseguir obras estatales.
En la República Dominicana Odebrecht pagó US$92 millones a intermediarios que le ayudaron a atar multimillonarios contratos con el Gobierno.
El gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, identificó al empresario Angel Rondón como la persona que recibió la referida suma.
A esto se añade la sobrevaluación de las obras, por montos que alcanzan los US$634 millones, según estimaciones extraoficiales.
Si bien hay una investigación abierta por el Ministerio Público, que se lleva a cabo en colaboración con las autoridades judiciales de Brasil -ya que el entramado corrupto de Odebrecht tiene su centro en ese país suramericano- todavía no se han presentado cargos, aunque se han interrogado funcionarios, exfuncionarios y legisladores.
El 19 de este mes es el día clave para la investigación y para la opinión pública, pues es la fecha pautada por el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, para dar los nombres de los implicados en este caso.
¿Creer o no creer? Pero la presión hacia el presidente Medina no solamente tiene que ver con el posible pago de sobornos a funcionarios de su Gobierno o de la administración de su antecesor Leonel Fernández, sino también a la socorrida versión de que sus campañas electorales del 2012 y 2016 -dirigidas por el brasileño Joao Santana- fueron financiadas con dinero de la denominada Operación Lava-Jato.
El mandatario ha negado rotundamente tales imputaciones hechas en Brasil por implicados en el referido caso.
Esa versión también ha sido negada por Santana y su esposa Mónica Moura, ambos condenados a ocho y cuatro años de prisión por formar parte de la red de corrupción que mantenían Odebrecht, Petrobras y políticos del Partido de los Trabajadores de Brasil, entre los que se incluyen al expresidente Luis Ignacio Da Silva y a la destituida presidenta Dilma Rousseff.
El Movimiento Verde. Mientras aumentan las críticas el presidente Medina parece imperturbable y su silencio ha sido la respuesta más rotunda. A los cuestionamientos de la sociedad civil y de sus adversarios políticos responde con una estrategia de visibilizar las acciones positivas de su gestión, la cual se difunde con efectividad a través de la maquinaria mediática del Gobierno.
Sin embargo, lo que comenzó como un pequeño movimiento contestatario de la sociedad civil en contra de la corrupción y la impunidad por el caso Odebrecht se ha convertido en el mayor frente opositor del PLD. Con masivas marchas regionales, el denominado movimiento Marcha Verde ha logrado aglutinar a segmentos de la clase media que reclaman el sometimiento a la justicia de los funcionarios corruptos.
Y, además, que se investigue el proceso de licitación para la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina, obra adjudicada a Odebrecht en la gestión de Medina. Ante esos reclamos el mandatario designó una comisión de notables para evaluar esa licitación y determinar sus niveles de transparencia.
Si bien en la última semana el Gobierno parecía disfrutar de un leve respiro, por las declaraciones que a favor del presidente Medina emitieron Joao Santana y Mónica Moura, la hoguera de los cuestionamientos se volvió a encender con la divulgación de un reportaje de investigación de la periodista Alicia Ortega sobre la fortuna de Diandino Peña, entonces director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).
Ortega presentó documentos, en el programa El Informe, que establecen que Peña es propietario de 29 empresas, de las cuales 15 están registradas en el exterior y 14 en el país. Esas empresas, según la investigación, estarían relacionadas entre sí mediante transacciones multimillonarias de transferencias de acciones, activos y efectivo.
Peña defendió su honorabilidad aunque no dio detalles contundentes que desmintieran a Ortega. El pasado viernes fue destituido del cargo mediante el decreto 168-17.
Fin del ruido.
http://hoy.com.do/en-primer-ano-reeleccion-dm-enfrenta-criticas-por-corrupcion/

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