El 12 de diciembre de 2014 fue celebrado, por primera vez en el mundo, el Día de la Cobertura Universal en Salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha iniciado un movimiento en este sentido para fomentar que los países renueven sus esfuerzos de lograr la “salud para todos”.
El objetivo último de todo sistema de salud siempre será lograr los mejores resultados posibles de salud para toda su población. No obstante, existen otros objetivos esenciales, que pueden resumirse como proteger a la población contra los riesgos financieros de la mala salud, por un lado, y responder a las necesidades de las personas en términos de su dignidad y sus derechos humanos.
¿Cómo alcanzamos estos objetivos, qué aspectos esenciales tenemos que considerar para ello?
En el caso de la República Dominicana, el país se ha propuesto, y lo ha consagrado en sus leyes, alcanzar la cobertura universal a través del Seguro Familiar de Salud (SFS) con un mismo paquete de prestaciones, de la misma calidad y cantidad para todos, independientemente de su capacidad contributiva.
Uno de los grandes logros del sistema dominicano frente a otros sistemas en el mundo es haber establecido un mecanismo de recaudación y pago unificado, que ha funcionado de manera exitosa y transparente. Otro aspecto importante es haber establecido la base legal e institucional para definir el contenido del paquete, su costo, el monto del percápita y la forma de administrarlo.
Las instituciones que realizan estas funciones tienen un nivel de profesionalidad que les permitiría avanzar en el proceso de priorización, si reciben la guía adecuada y si se resguardan de la politización y las influencias de grupos de poder.
No es ninguna novedad el hecho de que en el sistema como un todo persisten graves problemas, como el hecho de que un 40% de la población todavía no está afiliada al SFS, que existen elevados copagos y cobros ilegales por parte de los proveedores, que falta cobertura de intervenciones esenciales o no está claro el proceso de inclusión o exclusión de las mismas dentro del PDDS, que no existe un sistema de priorización sustentado sobre bases técnicas y científicas robustas, que asegure que las necesidades de la población dominicana sean resueltas.
A esto se agrega la falta de integración y de funcionalidad de las redes de proveedores, particularmente la ineficiencia de los servicios públicos y la incapacidad que ha tenido la conducción del sistema para implementar el primer nivel como puerta de entrada y de hacer realidad la estrategia de atención primaria, incluyendo la capacidad de dar seguimiento a los pacientes a todo lo largo del sistema de salud y en el tiempo, lo cual es cada vez más importante dado el envejecimiento de la población y el aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas.
Adicionalmente, la función de rectoría ha sido casi inexistente por décadas, incapaz de establecer las normas y de hacerlas cumplir, ni de producir de manera sistemática la información esencial para la toma de decisiones.
Áreas fundamentales. A fin de alcanzar la cobertura universal, se requiere poner la atención en tres áreas fundamentales.
Estas son: cobertura, que toda la población esté afiliada al SFS y reciba un mismo PBS; calidad, que los proveedores públicos alcancen los niveles de calidad que ofrecen los centros privados de excelencia, y excelencia, que quiere decir que el sistema pueda operar al menor costo posible, para que sea sostenible a largo plazo.
¿Qué significan estos conceptos para el caso dominicano?
La noción de cobertura lleva implícitos los aspectos de equidad y protección financiera, dado que la legislación que consagra el sistema dominicano ha asumido la aspiración de cobertura universal con un mismo PBS y ha adoptado los mecanismos de protección financiera, independientemente de las fallas con que esto se ha implementado hasta el momento. En esta área, la tarea principal que está pendiente es invertir los recursos necesarios para la extensión de la cobertura del SFS, principalmente en el régimen subsidiado, donde se encuentran las mayores necesidades. Ello implica acciones muy concretas en las áreas de priorización de intervenciones y en el seguimiento de la sostenibilidad financiera tanto al nivel micro como macroeconómico.
El tema de la calidad es posiblemente el más difícil y complejo, pero su abordaje puede iniciarse a partir de intervenciones en las áreas de organización, financiamiento y gobernabilidad.
La eficiencia está muy vinculada tanto a la calidad como la propia cobertura. Los proveedores públicos atienden una alta proporción de la población dominicana, por lo que hacer más eficientes sus servicios liberaría recursos que permitirían aumentarla, al mismo tiempo que se crearían condiciones muy favorables para mejorar la calidad de los servicios. En conclusión, mejorar la eficiencia de los proveedores públicos debe ser una de las principales prioridades.
De hecho, sin estas reformas en el área de la provisión de servicios del sector público y sin el fortalecimiento de la función rectora, todo lo que se ha avanzado en el área de financiamiento corre riesgo de perderse y devolver el sistema de salud al viejo esquema segmentado, con baja capacidad resolutiva, pobre calidad y falta de protección financiera.
Más inversión. Es evidente que alcanzar estos logros requiere de una mayor asignación de fondos públicos al sistema de salud. En la región latinoamericana, la OPS, que es la oficina regional de la OMS, trazó recientemente una hoja de ruta para alcanzar la cobertura universal.
La base de esta nueva estrategia es la de corregir las desigualdades en el acceso a los servicios, señalando que un 30% de la población de esta región no puede acceder a los mismos por razones financieras, lo cual es inconcebible en una parte del mundo cuyos países poseen ingresos medios altos.
La OPS señala que uno de los obstáculos es la falta de asignación de fondos públicos al sistema de salud, considerado éste como uno de los grandes desafíos. El promedio de gasto público en salud en la región de las Américas es de un 3.8% del PIB mientras que en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) asciende al 8%.
La República Dominicana enfrenta grandes retos en este sentido. En efecto, el financiamiento público a la salud alcanza el 2.8% del PIB cuando se incluye en este monto los aportes a la seguridad social en sus dos regímenes en ejecución, el subsidiado y el contributivo, lo cual pone al país muy por debajo del promedio regional.
Alcanzar la cobertura universal requiere, entonces, aumentar la inversión pública en salud –pero asegurando la calidad, la racionalidad y la atención a las prioridades. Tenemos esperanzas de que el nuevo equipo al frente del sector en estos momentos asuma, por fin, el liderazgo que necesitamos.
http://hoy.com.do/cobertura-calidad-y-eficiencia-los-retos-de-la-seguridad-social/
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