por Eduardo Álvarez cenitcorp@gmail.com
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Publicado el 21 de enero del 2015
Sin soportes objetivos, los indicadores son engañosos. Si ajustamos el tamaño de una economía al volumen de la masa monetaria circulante, es probable que la de San Francisco de Macorís sea actualmente mayor que las de todo el país, 53 años atrás. No digamos de Santiago. De ahí que sea un espejismo aquello de crecimiento a partir de lo que tenemos en los bolsillos. Solo los medios de producción de bienes y servicios proporcionan auténticas riquezas.
Dajabón tiene un enorme capital como puerta de entrada de Haití, lo cual le ofrece una ventaja comparativa. Depende de cómo aproveche este recurso organizando el mercado natural que posee, fabricando y mercadeando los productos que demandan nuestros vecinos y la enorme masa de consumidores y comerciantes locales que viaja a ese punto atraídos por las ofertas haitianas. Combinación altamente favorable para esa población.
Es mentira que seamos tres, quince o veinte repúblicas como las de 1961. También lo es que cada provincia haya crecido a tal grado que pueda darse el lujo de considerarse autosuficiente. Faltan los númerosque puedan dar la buena noticia de un verdadero crecimiento. Se trata de producción, no de fantasías administradas. Podemos celebrar cuando hagamos de cada provincia una verdadera república. Especializadas en diferentes renglones, todas serán bastiones envidiables.
Bávaro, Punta Cana, La Romana con más fe en la industria hotelera; Puerto Plata con más fuerza y empeño en una mezcla de turismo, agro producción, rescate de la vieja industria licorera y chocolatera, y la actividad portuaria; Valverde en el banano, arroz, zonas francas; Santiago Rodríguez sacando más provecho de la ley fronteriza de protección industrial, explotando el turismo de montaña en Mención; Barahona y Pedernales con sus fuertes potencialidades en el turismo y la industria. Y así por el estilo.
Son imprescindibles las instituciones y recursos del Estado para un plan quinquenal. Dar el ejemplo marca la pauta. Descentralizar la economía requiere medidas audaces, sinceras e impactantes, aun cuando sean de forma. Reubicar ministerios y entidades de segundo rango en todo el país enviaría una seria y determinante señal en este sentido. El ministerio de la Mujer honraría a todas las dominicanas y tendría igual o mejor servicio si sus oficinas operaran desde Salcedo. Santiago o La Vega son las casas naturales del ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, en San Juan; Turismo, en Puerto Plata o Barahona; Minería encaja en Pedernales. Ni Idecoop, ni el Indrhi, ni Inespre haces nada en la Capital. n Mao, Moca o en Bonao les iría mejor, en sus realidades respectivas.
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Por Eduardo Álvarez cenitcorp@gmail.com 08 de enero del 2015 -
Ciudad y desigualdad (2)
El campo, esto es los pueblos del interior, no tienen quien les escriba. Necesitan disfrutar de derechos consagratorios, como los promovidos en el Seminario Mundial por el Derecho a la Ciudad Contra la Desigualdad y la Discriminación, realizado durante el II Foro Social Mundial [Porto Alegre, enero de 2002]. En Rayuela, Julio Cortázar había acuñado, hace casi medio siglo, una suerte de “derecho de ciudad” oculto en las ambiciones de cada individuo de ser parte del paisaje urbano. La ruralidad le da el toque poético a la ciudad, atributo natural innegociable para holandeses, suizos, rusos, alemanes y franceses. Más bien, para casi toda Europa.
Sobrepasa la mitad de la población mundial, la parte que vive en ciudades. En proporción similar se distribuye el número de dominicanos que reside en la zona rural y en los grandes centros urbanos. Esto contribuye, asimismo, a la depredación del ambiente, acelerando los procesos migratorios y de urbanización, la segregación social y la privatización de los bienes comunes y de los espacios de dominio público.
Esta realidad favorece el surgimiento del Derecho a la Ciudad, definido como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Expresión fundamental de los intereses colectivos, sociales y económicos, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, respetando las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo urbano y lo rural.
Los centros regionales de la UASD, juntos a media docena de universidades privadas, contribuyen notablemente a descentralizar y, en cierto modo, a democratizar la educación superior, con resultados económicos aún no cuantificados, pero tan ostensibles como la falta de una seria y sostenible política oficial en este renglón. Procede, no obstante, una efectiva intervención estatal a los fines de que las carreras en oferta sintonicen con las realidades económicas y sociales de las regiones donde operan.
Para que el cambio sea posible es necesario que todas las fuerzas actúen en sentido contrario al proceder del caduco liderazgo político que nos ha gobernado durante las últimas décadas. Ni los partidos, ni el aparato productivo, mucho menos el financiero y mercantil, tienen garantizada su permanencia y crecimiento en un orden tan injustos e inhumano como el prevaleciente en nuestro país. Sus potencialidades dependen de una amplia participación. En una sociedad, excluyente y viciada como esta, donde pocos se reparten el pastel, los mercados operan de manera limitada y restringida.
Que estas expresiones no hayan sido aprovechadas por un liderazgo firme, competente y visionario, no significa que vayan a diluirse. Más bien, representan la antesala del esperado liderazgo.
http://elnacional.com.do/ciudad-y-desigualdad/
Por Eduardo Álvarez cenitcorp@gmail.com
05 de enero del 2015 - 11:06 am
La ciudad tiene ciudadanos defendiendo el entorno y preservando su medio ambiente. Mientras que la municipalidad representa un concepto político para mantener un balance entre las demandas del Estado y los intereses de las personas que hacen vida común en una urbe cuyo tamaño poblacional y geográfico requiere una efectiva administración. La mitad de la población mundial vive en ciudades. En proporción similar se distribuye el número de dominicanos que reside en la zona rural y en los grandes centros urbanos.
Desde hace cien años, las metrópolis se han convertido en aceleradas maquinarias productoras de grandes riquezas y una apreciable diversidad económica, ambiental, política y cultural. Pero tienden a promover desequilibrados modelos de concentración de beneficios, creando pobreza, marginalidad y exclusión.
El capital se expande donde una masa de consumidores crece y se desarrolla. El cuadro económico y político que nos presentan las estadísticas dista de ser el ideal que necesita la inversión privada y un liderazgo político sano y vigoroso. Apostar e insistir en un estado de poder, amorfo y descompuesto, es encaminarse a la ruina del orden establecido. Forzar una revolución inevitable, latente ahora en las manifestaciones de protestas escenificadas durante estos últimos días meses.
Es improbable separar el fenómeno político del económico. Relación biunívoca intrincada cuando se desconocen las causas de los fenómenos que dan paso al nuevo proceso o comportamiento social de determinados núcleos. Que la gente del Gran Santo Domingo reaccione diferente a la de Mao frente a un mismo acontecimiento se explica en el tamaño de sus respectivas economías e indicadores demográficos. El ejemplo anterior fue aleatorio.
Tres provincias concentran el 90 por ciento del Producto Interno Bruto [PIB], en cuatro se agrupa casi la totalidad de los parques industriales, cinco manejan siete de cada diez pesos depositados en la banca nacional, y entre los pobladores de las seis grandes ciudades de este país se deciden las elecciones generales, debido a que contienen el 66% de los votantes. Independientemente, por supuesto, de la voluntad, necesidades y aspiraciones de la parte restante.
Estamos ante una concentración de capital propiciadora de un estado de fuerza y de poder que elimina las posibilidades del estado de derecho en el que se basan los regímenes democráticos. Siendo así, el nuestro un sistema fantasioso, ajeno a la propuesta que permita dinamizar e integrar nuestra economía. Somos parte de una confederación de provincias dramáticamente desiguales, donde ha faltado una efectiva administración del Estado. Esto ha facilitado la concentración de riqueza en las grandes ciudades en detrimento del campo.
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