LA SEGUNDA AGENDA DE PEÑA NIETO / 1
El Gobierno del PRI toma medidas para restablecer la seguridad y recomponer el sistema de justicia. La tragedia de Iguala marca una ruptura en el sexenio
LA SEGUNDA AGENDA DE PEÑA NIETO / 1
México acelera las reformas para desactivar el otoño del descontento
El Gobierno del PRI toma medidas para restablecer la seguridad y recomponer el sistema de justicia. La tragedia de Iguala marca una ruptura en el sexenio
El presidente Enrique Peña Nieto, el pasado jueves durante un acto en Guerrero en el que anunció medidas para reactivar la economía del Estado. / EFE
Han bastado poco más de dos meses de tragedia, sospechas de corrupción y errores de comunicación del Gobierno para que las expectativas generadas hace dos años por el plan de reformas lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto al día siguiente de su toma de posesión, aquello que la prensa internacional llamó “el momento México”, se hayan desvanecido.
La desaparición y muerte el pasado 26 de septiembre de 43 humildes estudiantes de magisterio en Iguala, en el Estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, conmocionó a la sociedad mexicana como hacía décadas que no ocurría, poniendo dramáticamente en primer plano la complicidad del poder político, municipal en este caso, con la violencia del crimen organizado y la corrupción y la impunidad de las instituciones y sus representantes.
Al cóctel emocional de vergüenza, frustración y cólera de la opinión pública se sumó después la tardía e insuficiente respuesta del Gobierno y, aún peor, el descubrimiento de que la esposa del presidente compró una mansión por varios millones de dólares a una constructora beneficiada con la adjudicación del futuro tren de alta velocidad México-Querétaro, posteriormente cancelada. La tragedia de Iguala pasó a convertirse en crisis nacional —“la más grave desde el tequilazo de mediados de los años noventa”, según un portavoz oficial— en un contexto de estancamiento económico y de promesas incumplidas.
El nuevo Gobierno del PRI, el partido hegemónico durante 70 años, a quien hasta sus críticos más duros atribuían una habilidad especial para acotar la violencia generada por el narcotráfico, y que había hecho bandera de la modernización del país a través del Pacto por México, la agenda de reformas consensuada con la oposición, trata ahora de recuperar la iniciativa política. No es tarea fácil. Iguala marca un antes y un después en este sexenio, y el hoy es peor que el ayer.
Aurelio Nuño, jefe de gabinete de Peña Nieto y figura emergente del PRI más joven, no tiene empacho en reconocer errores en este trayecto de la esperanza a la desconfianza. “Nos faltó una agenda más contundente en materia de seguridad y de Estado de Derecho. Nos quedamos cortos. No vimos la dimensión del problema y la prioridad que debería haber tenido”, afirma. Tampoco se excusa en la devastación social causada por la guerra contra el narcotráfico lanzada por el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) con sus miles de desaparecidos y casi 100.000 muertos. “La responsabilidad de la herencia recibida es enorme, pero es una herencia de muchas décadas. Pensar que es problema de un Gobierno es no entender nada. Iguala es un problema estructural”. Guerrero junto con los Estados de Michoacán, Oaxaca y Chiapas, todos en el sur del país, quedaron al margen de la apertura política y liberalización económica experimentadas por México en las últimas décadas y su atraso comparativo no ha dejado de crecer. Los cuatro son ahora objeto de atención prioritaria por parte del Gobierno que ha lanzado un plan de rescate económico de la zona y enviado al Congreso una nueva agenda de reforma de las fuerzas de seguridad, en defensa de los derechos humanos y de recomposición del sistema de justicia.
"La responsabilidad de la herencia recibida es enorme, pero es una herencia de muchas décadas. Pensar que es problema de un Gobierno es no entender nada. Iguala es un problema estructural”, dice Aurelio Nuño
Sin embargo, estos cambios legislativos llevarán tiempo, cuestan dinero y el humor social mayoritario es de impaciencia. La sociedad ha dicho “¡basta ya!” y hasta el propio Peña Nieto ha señalado que “México no puede seguir así”. “Es cierto que hay una crisis de credibilidad, pero no de ingobernabilidad. El Gobierno tiene aún la iniciativa y dispone de tiempo para conservarla. Ahora bien, ha recibido un mensaje claro de la ciudadanía y tiene que demostrar que es capaz de actuar. Porque este Gobierno tiene visión estratégica pero baja ejecución; y ese es su problema, es bueno para reformar el futuro pero no para gobernar el presente”, opina el escritor y director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín.
Aurelio Nuño es consciente de que el país vive una profunda crisis de confianza y reconoce que la “estrategia de comunicación no está funcionando”. Anuncia, sin concretar, cambios inminentes en este campo. “No es fácil cambiar las llantas con el coche en marcha”, afirma. Pero deja claro que la urgencia en los cambios que pide la opinión pública no va a marcar el rumbo. El jefe de gabinete del presidente es tajante: “No vamos a sustituir las reformas por actos teatrales con gran impacto, no nos interesa crear ciclos mediáticos de éxito de 72 horas. Vamos a tener paciencia en este ciclo nuevo de reformas. No vamos a ceder aunque la plaza pública pida sangre y espectáculo ni a saciar el gusto de los articulistas. Serán las instituciones las que nos saquen de la crisis, no las bravuconadas”.
Juan Pardinas, presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad, un think tank de análisis de políticas públicas, tiene algunas reservas sobre la eficacia de esta actitud. “La mayoría de las medidas anunciadas son acertadas, como la implantación de una clave de identidad única o la desarticulación de las policías municipal en algunos Estados. El problema es que gran parte de la sociedad mexicana no está alineada ahora mismo con el presidente y, ante la dimensión de la crisis, se esperaban acciones ejecutivas más inmediatas como una recomposición del Gabinete, Y ahí han perdido una oportunidad”, afirma.
La crisis mexicana tiene otro flanco, el del retraso en la aplicación de las reformas ya aprobadas, sobre todo las económicas, que corre en paralelo con el drama de la inseguridad. El Pacto por México puso en marcha una reforma fiscal, bancaria, energética, de las telecomunicaciones y educativa que iban a generar competencia acabando con los monopolios e impulsar el crecimiento hasta alcanzar un 5% del PIB al final del sexenio. Dos años después, la previsión oficial para este año es de solo el 2,1% y los ciudadanos no han notado ninguna mejora en sus bolsillos. Al contrario. La reforma fiscal ha soliviantado a las clases medias al subirles los impuestos y la pequeña y mediana empresa no ha logrado aún créditos más baratos.
Más grave aún, la reforma energética, donde el Gobierno tuvo que superar fuertes resistencias de la izquierda para romper un tabú permitiendo la entrada de la inversión privada y extranjera en el monopolio estatal de Pemex, llega en un momento de caída de la producción y de los precios mundiales del petróleo. Pemex, nacionalizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, corre históricamente con la parte del león de la factura de los gastos del Estado mexicano —aporta el 38% de sus ingresos— y la actual coyuntura puede hacer que a ese coche al que hay que cambiarle las ruedas sin que se detenga le falte además la gasolina.
“Las reformas no están tardando en dar resultados, sino que cuando se anunciaron se quiso dar la impresión de que tendrían efectos casi inmediatos”, afirma el economista Gerardo Esquivel, profesor-investigador del Colegio de México. “Y lo tendrán”, añade, “pero en el medio y largo plazo. Los impactos se sentirán poco y al final tendremos un sexenio similar a los anteriores”. Nuño asegura que el impulso reformista del Gobierno sigue vivo, pero admite el frenazo en la práctica. “Hay resistencias al cambio por parte de los propios afectados como en el caso de los maestros, y resistencias, algunas visibles y otras menos evidentes, de grupos económicos, mejor organizados, contrarios a la competencia”.
La popularidad del presidente ha caído según encuestas recientes —casi el 60% de los mexicanos desaprueban su gestión— y, sin embargo, golpes de autoridad en el pasado como la detención por corrupción de Elba Esther Gordillo, la todopoderosa líder histórica del sindicato de maestros, o la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, siguen recibiendo el aplauso mayoritario, de acuerdo con esos sondeos.
Pese a ello, el Gobierno descarta de momento golpes de efecto que eliminen de un plumazo los obstáculos a sus planes. “Nuestra intención no es castigar a nadie ni ir en contra de nadie. No haremos pagar a nadie la salida de la crisis ni vamos a hacer populismo económico. No habrá represión. La segunda agenda del sexenio es acelerar las reformas de la primera agenda”, asegura Nuño.
Peña Nieto, que siempre se ha definido como un pragmático, se fijó como meta de su mandato restaurar la preeminencia y autonomía del Estado frente a los poderes fácticos —incluido el crimen organizado— en un contexto democrático. Un objetivo muy ambicioso que hoy parece más lejano y borroso que ayer.
Los partidos de la oposición, a derecha e izquierda, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), atraviesan una crisis profunda y mantener el consenso de las reformas en un año como 2015, con elecciones a gobernador en nueve Estados, no será fácil.
El sistema político está en cuestión y la indignación social es un terreno abonado para quienes se han mantenido al margen de los pactos como el carismático líder de la izquierda y excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y los profetas del plan b que puedan surgir. Acelerar y perseverar en las reformas y pedir un poco más de paciencia a la población con la promesa de que no se recurrirá a resabios autoritarios del pasado es la receta decidida por el Gobierno del PRI para afrontar este otoño del descontento. ¿Será suficiente?
El decálogo contra la inseguridad
1. Ley contra la infiltración del crimen organizado en municipios. Una reforma constitucional (que tendrá que aprobar el Senado) permitirá la suspensión o disolución de las corporaciones municipales que tengan relación con los grupos delincuenciales. Los indicios los aportará la Fiscalía.
2. Redefinición de las competencias penales. Reforma para evitar la actual dispersión competencial en el combate de la delincuencia, especialmente del narcomenudeo, donde ninguna autoridad asume completamente su persecución.
3. Fin de la policía municipal. Disolución de las policías municipales y absorción de estos cuerpos por las policías estatales. La medida tardará ocho años en completarse y empezará por Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, los Estados más convulsos.
4. Combate a la corrupción. Creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, con nuevos esquemas de vigilancia de las autoridades y fortalecimiento de las auditorías (en tiempo real). Nombramiento por el Senado de un fiscal anticorrupción e imposición de sanciones a empresas (no solo a particulares) envueltas en casos de corrupción.
5. Fortalecimiento de los derechos humanos. Nuevas leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, creación de un sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, así como de un sistema nacional de información genética y un registro nacional de víctimas.
6. Más transparencia. Creación de un portal donde cualquier ciudadano pueda conocer el número y monto de los contratos de cada dependencia federal o de cada empresa que preste sus servicios a la Administración federal.
7. Mejora del acceso a la justicia. Nuevas leyes para reducir la lentitud y coste de los procesos cotidianos. Para ello, una comisión dirigida por el director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) entregará un informe-base en 90 días.
8. Teléfono único de emergencias. El 911 será el número para pedir auxilio en casos de emergencia en todo el país.
9. Clave única de identidad. Que todo mexicano tenga un número de identificación personal.
10. Operativo federal en la región de Tierra Caliente. Despliegue de fuerzas federales en los Estados de Guerrero y Michoacán.
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