La JCE deberá aspirar a un poco más de control en el uso de los fondos públicos

Por acento.com.do . 20 de febrero de 2016  

El problema de la disposición de la JCE es que toma la medida cuando una gran parte del daño al sistema democrático está hecho.

 

Foto: Roberto Rosario Márquez, presidente de la JCE

Al rechazar la propuesta del juez titular Eddy Olivares, para controlar todo lo concerniente a la utilización de los recursos del Estado en la campaña electoral, el pleno de la Junta Central Electoral hizo una opción de abarcar lo menos posible el uso de los fondos públicos en esta contienda policial y electoral. En cambio, acogió una propuesta del presidente del organismo, Roberto Rosario, para suspender por un tiempo limitado la entrega de los fondos a los legisladores, y que se disfraza con el ropaje de programa social del Congreso, pero que popularmente se conoce como “barrilito”, en el caso de los senadores, y “cofrecito”, en el caso de los diputados.

Lo deseable hubiese sido un control más amplio del uso de los recursos públicos. Porque alguna vez la JCE deberá comenzar a poner en ejecución su dominio y control de los procesos electorales, en particular en lo concerniente al abuso con los recursos públicos. Y no tiene que ver sólo con la presidencia de la República, sino también en los ayuntamientos, los distritos municipales y las candidaturas a senadores y diputados.

Ya los partidos polacos opositores han comprometido su palabra en el sentido de que llegados al Congreso Nacional, los que sean electos, no aceptarán los fondos que les otorga el Senado y la Cámara de Diputados a cada legisladores, para promover programas sociales que en realidad son programas de clientelismo político. Los legisladores actuales, electos en el 2010, tienen seis años en promoción continua de sus aspiraciones, con fondos públicos.

La JCE ha dicho que se acoge al artículo 45 para disponer la prohibición de la entrega de los fondos a los legisladores, hasta el mes de junio. Pudo haberlo prohibido totalmente. Pero los legisladores se niegan a cumplir con la disposición, lo que a su vez es una verguenza.

“Que de conformidad con lo que establece la Ley Electoral en su artículo 45, se prohíbe a los partidos y organizaciones, usar, en cualquier forma, y a cualquier título los bienes del Estado, de las provincias y de los municipios o de los fondos públicos, en provecho propio o de los candidatos por ellos postulados, salvo la contribución electoral señalada en la presente ley”.

El problema de la disposición de la JCE es que toma la medida cuando una gran parte del daño al sistema democrático está hecho. La JCE tiene la potestad de prohibir el uso de estos fondos, que al mismo tiempo resultan de una disposición inconstitucional. El financiamiento público a los partidos es muy claro, y los fondos sociales para las oficinas de los legisladores no es parte de nuestro andamiaje jurídico.

Se aprobó como parte del presupuesto general del 2016 la asignación de recursos para política. Y no debe ser. La Cámara de Diputados tiene asignados $4,026 millones, de los cuales RD$897 millones (22.3%) corresponden a una partida denominada “Administración de Contribuciones Especiales”; mientras que al Senado le fue aprobado un total de RD$2,076 millones, de los cuales RD$405 millones (19.5%) corresponden a esa misma partida. Es decir, fondos para financiamiento del clientelismo político de los legisladores. Todo el que aspire a una posición en el Congreso Nacional se encontrará con la iniquidad de estos fondos financiando la campaña electoral de los miembros actuales de las cámaras legislativas.

La JCE debe insistir en su decisión. Y es probable que de lograr que se cumpla su disposición, avancemos un poquito en la equidad democrática que requiere todo proceso electoral, incluyendo el actual que estamos viviendo.

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