Alguien tiene que hacer valer el peso de la ley sobre este tipo de autoridad, abusiva, troglodita, antidemocrática y negadora de los valores que representan la dominicanidad.
El síndico de Hatillo Palma está brindando un mal ejemplo y proyectando una imagen irreal, preocupante y negativa de la República Dominicana. Algunos medios han proyectado las barbaridades que Junior Fondeur, como autoridad del Distrito Municipal, está haciendo y eso perjudica al país, al gobierno y en particular la pobrísima actuación del Ministerio Público.
El síndico Fondeur encabezó hace dos semanas varias turbas que salieron a cazar haitianos en las calles de Hatillo Palma. Destruyeron viviendas, y algunas las quemaron, asesinaron a un joven haitiano de 25 años, llamado Weslin Idac, y acosaron a todas las personas que consideraron de ascendencia haitiana, alegando que la ciudadana dominicana Carolina Cruz Peguero fue violada y golpeada por un nacional haitiano.
Este hecho debía ser investigado y los responsables sancionados, fueran haitianos o dominicanos quienes cometieron el crimen. El alcalde de Hatillo Palma es el responsable del crimen contra Weslin Idac, porque fue él quien llamó a la población a levantarse y perseguir y atacar a todos los haitianos que encontraran. El alcalde tiene una serie de calificativos contra los nacionales haitianos, y lo nos baja de la categoría de animales. Es una vergüenza una autoridad como esta, en un poblado, por más pequeño que sea, porque se ha dedicado a violar la Constitución de la República en aspectos vitales como el incentivo de la violencia, patrocinar el crimen y el odio contra personas inocentes.
Qué culpa podrían tener los ciudadanos haitianos, establecidos en Hatillo Palma, poblado fronterizo con Haití, perteneciente a Montecristi, con la violación sexual de una persona, por parte de alguien a quien ni siquiera conocen? Junior Fondeur debía saberlo.
El Ministerio Público no puede permitir que esta vergonzosa situación siga repitiéndose. Esta semana Junior Fondeur ha salido otra vez a quemar casas y a agredir a personas que él considera deben ser deportadas, como si representara a la Dirección General de Migración, que es el órgano del Estado responsable de determinar quién tiene condiciones para permanecer en el territorio nacional y quién no, entre los extranjeros.
Alguien tiene que hacer valer el peso de la ley sobre este tipo de autoridad, abusiva, troglodita, antidemocrática y negadora de los valores que representan la dominicanidad. http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8280821-un-crimen-que-debe-ser-enfrentado-por-el-ministerio-publico/
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