El deterioro institucional y la impunidad que le acompaña están alcanzando niveles dramáticos, tanto que deberían forzar al presidente Danilo Medina a romper el silencio en que se encierra, a dar explicaciones y declarar su gobierno en estado de emergencia para adoptar las disposiciones de contención necesarias.
No es sólo que nos expliquen los alcances estratégicos de la política de seguridad pública, si es que existe más allá del lanzamiento de militares a las calles, lo que viene haciéndose cada año sin resultados sostenibles, que no los tendrán porque se sabe que las Fuerzas Armadas no están preparadas para el éxito de la seguridad ciudadana. Aunque tampoco es justo que se responsabilice por completo al actual gobierno de la acumulación durante décadas de los factores estructurales y sociales que incentivan la criminalidad.
Pero hay muchos factores del deterioro institucional y de la impunidad que incentivan la delincuencia, que debe enfrentar el Gobierno, independientemente del grave escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que sacude la sociedad dominicana y la región latinoamericana. Veamos algunos a continuación:
1.- Cómo justificar que una empresa privada lleve un mes arriesgando la salud del 35 por ciento de la población nacional, concentrada en el Gran Santo Domingo, con un descarado chantaje obstruccionista para que los ayuntamientos paguen un incremento que va del cien al mil por ciento en la tarifa para el depósito de la basura en el vertedero de Duquesa. Más aún tratándose de una empresa que usufructúa terrenos estatales, adquiridos a precio de bagatela, sin aprobación congresual, por encima de un decreto presidencial que los atribuye al Ayuntamiento del DN, y que tiene una ínfima inversión en el negocio.
2.- Si quedarán en el olvido las responsabilidades por las ventas, a precio de vaca muerta, del barrio Los Tres Brazos y una mina en Imbert, Puerto Plata, por parte de la Corporación de Empresas Estatales.
3.- Si no habrá algún responsable por el criminal tráfico de tierras del Consejo Estatal del Azúcar que originó el trágico asesinato de dos comunicadores radiofónicos en San Pedro de Macorís. Y si alguna vez la comisión presidencial creada en septiembre para investigar la corrupción inmobiliaria del CEA rendirá su informe.
4.- Hasta cuándo se permitirá que el CEA siga vendiendo terrenos estatales para pagar una nómina de entre 40 y 50 millones de pesos mensuales, como recién denunció el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.
5.- Si se esclarecerá la denuncia del Diario Libre del 27 de marzo de que el país fue amenazado en diciembre de una demanda internacional porque la OMSA revocó un contrato de compra de 150 autobuses, tras comprobar que estarían provistos de un contador automático que evidenciaría un sub registro de pasajeros superior al 50 por ciento.
6.- Que se justifique el atraso de cinco meses en los pagos a los suplidores del alimento escolar, cuando el sector educación dispone del 4% del PIB en el presupuesto anual.
7.- El reclamo del Comité Institucional Codiano de pago por 3 mil 500 millones de pesos adeudados a más de mil contratistas del Estado, al borde de la desesperación.
8.- Si es verdad que una persona particular pudo desviar las aguas del río Masacre para pasarla por una finca, como recién denunció el senador oficialista por Montecristi.
9.- Si es posible que una abogada pueda apropiarse el balneario Las Marías, entre los municipios de Neyba y Galván, como denunciaron la semana pasada sus alcaldes.
10.- Cómo puede venderse a una empresa la calle que da acceso al patrimonio histórico de la ermita del Rosario en Villa Duarte.
11.- Si debemos olvidarnos de la extorsión mafiosa que detonó el suicidio del arquitecto David Rodríguez en la OISOE, hace ya más de año y medio. Ah! y también de los sobornos en la compra de los aviones Tucano.
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