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lunes, 10 de abril de 2017
El Gobierno de Maduro trata de completar el apagón informativo en Venezuela
El Gobierno de Maduro trata de completar el apagón informativo en Venezuela
Tres señales que transmitían por Internet las manifestaciones de la oposición han sido bloqueadas, pero los medios intentan superar la censura con alianzas no convencionales
Miles de personas toman Caracas contra el chavismo
El régimen de Nicolás Maduro está decidido a imponer la hegemonía del pensamiento único. Las señales de las páginas web de Vivo Play, VPI Televisión y Capitolio TV, que se transmiten a través de Internet, no pueden ser vistas en Venezuela por decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el organismo rector del sector. Dos empresas que proveen el servicio de Internet en el país sudamericano han confirmado a EL PAÍS que la medida está vigente desde el viernes.
La medida ha dejado en ascuas a una población ya sometida a un apagón informativo de facto desde hace cuatro años. Estas tres señales eran las únicas que transmitían en directo las actividades de la oposición y tenían equipos en la primera línea de las manifestaciones. Al régimen, que no ha confirmado la medida, parece haberle disgustado que la población haya sobrepasado sin mayores contratiempos la presión que ejerce sobre las televisiones locales para que censuren cualquier contenido que visibilice a la oposición.
La televisión venezolana libre se acabó en 2013. Ese año la estación Globovisión, hasta entonces la bestia negra del Gobierno de Hugo Chávez, fue adquirida por el inversionista Raúl Gorrín, muy cercano al chavismo, quien reorientó la línea editorial a la medida de los intereses del régimen. Globovisión seguía así el camino de Venevisión (propiedad del grupo Cisneros) y Televen, dos canales que, después de la victoria de Hugo Chávez en el referéndum revocatorio de 2004, abandonaron la confrontación que mantenían con el Gobierno. En los meses siguientes limitaron los comentarios críticos de los informativos y elaboraron una programación con predominio de telenovelas y programas de variedades.
Pero Nelson Hullet, cofundador de Vivo Play y vicepresidente de mercadeo en la televisora, no parece dispuesto a aceptar la censura, ni a sumarse a ese grupo. “El Gobierno no nos ha informado siquiera si tomó la medida y si existe una investigación contra nosotros”, afirma en diálogo telefónico con este periódico. Hullet ha confirmado que el bloqueo solo rige para quienes visitan la página web (www.vivoplay.net) desde Venezuela, pero la señal puede ser sintonizada en el país a través de una aplicación que funciona para todas las plataformas, entre ellas Android e IOS.
Para enfrentar ese inconveniente, desde el viernes su equipo difundió a través de las redes sociales otros dos modos de burlar el bloqueo dispuesto por Conatel. La información se viralizó de inmediato. Los interesados podían escoger entre cambiar los parámetros del protocolo DNS en la conexión wifi de los ordenadores o navegar por la página a través de una aplicación VPN, que enmascara la dirección donde se encuentra el terminal.
Más arriesgado que difundir las formas de superar el bloqueo ha sido ceder su señal para que sea difundida en diez portales venezolanos más visitados. Vivo Play es una plataforma de paga fuera de Venezuela. De momento ha sido un éxito. El sábado, cuando la oposición volvió a la calle para manifestarse contra Maduro, la marca alcanzó casi 25 millones de reproducciones. A principios de semana tenían 250.000 suscriptores y unos cinco millones de usuarios si se suman las personas que los siguen en las distintas redes sociales. “Nuestro objetivo es mantener abierta esta ventana de información”, explica Hullet.
La apuesta de Vivo Play demuestra hasta qué punto los medios digitales venezolanos están dispuestos a dejar de lado las rivalidades para vencer la censura. Es una experiencia novedosa para enfrentar lo que se considera como una arremetida sin precedentes contra el derecho de recibir información oportuna, establecido en el artículo 58 de la Constitución. “Es muy difícil impedir que la información circule en estos tiempos, cuando las comunidades controlan la difusión de los contenidos”, razona Hullet. Pero el Gobierno seguirá intentándolo.
EL DÍA MÁS VIOLENTO
A. M.
La jornada de protestas del sábado se extendió en todo el país por casi doce horas. Al mismo tiempo que se conocía del incendio en una oficina vecina a los cuarteles generales del líder opositor Henrique Capriles, se supo de una explosión en la planta baja del edificio de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, una dependencia del Tribunal Supremo de Justicia.
El ministro del Interior, Néstor Reverol, responsabilizó a la oposición de los daños y ha dicho que los responsables ya están identificados. El Supremo ha sido asociado por los manifestantes como el causante del recrudecimiento del conflicto venezolano. Su Sala Constitucional emitió hace dos semanas dos sentencias que bloquearon al Parlamento y desconocieron la inmunidad parlamentaria de los legisladores.
En la madrugada del domingo la policía científica, en un operativo desmesurado, según los presentes, visitó el edificio donde despacha Capriles. Sus compañeros de partido temieron por su detención. Sin embargo, los funcionarios inspeccionaban el local afectado por las llamas.
No sólo se protestó contra el régimen en Caracas, sino en San Cristóbal (andes venezolanos), en Barquisimeto (centro occidente del país), en Maracaibo (occidente) y en otras cinco provincias. Entrada la noche se contabilizaban unos 52 detenidos, según la organización Foro Penal Venezolano. Esta semana han sido arrestadas unas 164 personas. De ellas aún permanecen detenidos 71.
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