Abogados del gobierno brasileño apelarán ante decisión del TCU

Brasilia, 17 abr (PL) La Unión de Abogados de Brasil apelará a la decisión del Tribunal de Cuentas que determinó indicios de delito de responsabilidad fiscal en el primer mandato de la presidenta Dilma Rousseff, informaron hoy fuentes judiciales. (PLRadio)

Se pedirá a los magistrados del Tribunal de Cuentas (TCU), a través de una querella, establecer los motivos de esa acusación, realizada antes de solicitar las explicaciones correspondientes en este caso, señaló un vocero de la entidad de letrados del gobierno.
Según el TCU, administradores públicos serán investigados debido a que durante el primer mandato de Rousseff (2011-2014) ocurrieron atrasos en las transferencias de fondos del Tesoro Nacional a los bancos estatales para los programas sociales.
Las entidades públicas, Caixa Económica Federal y Banco do Brasil (BB), pagaron los montos correspondientes a esos programas sin haber recibido los recursos del Tesoro, lo cual constituye un delito grave, según la legislación federal.
Sectores de la oposición y medios de comunicación señalaron que esta violación del ejecutivo constituye un motivo para pedir un juicio político contra la mandataria.
Para la Unión de Abogados, el TCU se adelantó en hacer una declaración antes de proceder a indagar y establecer si hubo alguna infracción de parte del gobierno o la jefa de Estado en este asunto.
El abogado de la Unión Luís Inácio Adams alertó que hubo una decisión preliminar, pues sin una inquisición se juzgó sin la debida defensa.
Dado que no existe un testimonio de la defensa, cualquier resolución ahora se considera precipitada, aseveró.
El TCU convocó a 17 autoridades para hacer sus pesquisas y de comprobarse que la administración incurrió en el delito de responsabilidad fiscal, el caso pasaría al Ministerio Público (Fiscalía).
En este contexto, el líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), senador Aécio Neves, manifestó que con el apoyo de otras agrupaciones de oposición evaluará la posibilidad de solicitar un "impeachment" (juicio político) contra la gobernante.
Vamos a analizar la denuncia, seguir el caso y si se establece que hubo delito de responsabilidad, el juicio político es una posibilidad prevista en la Constitución, apuntó.
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