Los más representativos sectores de la sociedad dominicana han mostrado su respaldo al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, a propósito de la investigación que realiza el Ministerio Público contra el senador Félix Bautista, acusado de cometer actos de corrupción, entre ellos lavado de activos.
Clubes, organizaciones políticas, profesionales, núcleos importantes de la Iglesia Católica y sectores empresariales no han vacilado en dar su apoyo al alto funcionario judicial, en el entendido de que la corrupción es una lacra social que es necesario enfrentar decididamente a fin de erradicarla.
Hay algunas voces que dicen que, en realidad, se trata de una actitud política del Procurador, quien como dominicano tiene derecho a aspirar a cualquier cargo público electivo, entre los que se citan la Presidencia de la República. La Ley prohíbe que los funcionarios judiciales participen en política, pero el Procurador dice que eso es en cuanto respecta a los miembros de la carrera administrativa; y que él no cae dentro de esa categoría.
En realidad, lo que se discute no es si lo que se busca o no es hacerle daño a la imagen de Leonel Fernández, dado que el senador Bautista es su protegido: de lo que se trata es de enfrentar, aunque a la larga sea un intento fallido, la corrupción que carcome a casi todos los estratos de la sociedad dominicana.
La actitud del Procurador es un anticipo de lo que puede suceder más temprano que tarde, que es desempolvar viejos expedientes de corrupción archivados, por la poderosa influencia que tiene el ex Presidente Fernández en los estamentos judiciales, mediante la cual protege a sus amigos.
Son pocas las instituciones del país que no han sido mencionadas en auditorías oficiales en las que se encontraron indicios de corrupción.
Sería muy extenso publicar la lista completa, pero ahí están los casos del INDRHI, durante la administración de Héctor Rodríguez Pimentel, por supuestamente haber sobrevaluado el contrato para la reparación del sifón del canal Nizao-Najayo que costaría RD $23 millones de pesos dominicanos y finalmente costó RD $144 millones 300 mil pesos; de Obras Públicas, a cuyo ex titular se atribuyen actos dolosos, en un largo expediente finalmente archivado; en el seguro de los Maestros, en la Oficina de Transporte Terrestre (OTT); en la dirección de Migración y hasta en el propio Ministerio de Hacienda; y paro de contar.
La corrupción está en salmuera. No podemos pedirle peras al olmo, pero por lo menos tenemos la esperanza de que algún día no las proporcione. Un país tan pobre no puede darse el lujo de mantener silencio sobre tantos corruptos.
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