noviembre 12, 2016
Venezuela,
los derechos humanos pueden esperar
274 sugerencias recibió el gobierno
de Nicolás Maduro para mejorar la situación de los derechos humanos y las
garantías fundamentales de los venezolanos. Pero ante esos consejos de
representantes de otros países que forman parte de la ONU, el Estado prefirió
posponer las respuestas sobre cuáles acatará y cuáles serán rechazados. El
resultado de la comparecencia en el Examen Periódico Universal no escapa a la
polarización: para el Ejecutivo fue un “éxito”, mientras que las organizaciones
independientes lo ven como una gran oportunidad para denunciar las carencias en
materia de DDHH
Por Mariengracia Chirinos | @Mariengracia
En Venezuela el mes
arrancó con un clásico del béisbol profesional: un partido Leones del
Caracas-Navegantes del Magallanes. El 1º de noviembre el juego estuvo cerrado,
los felinos lograron imponer el triunfo, 5 carreras por 4, en Valencia, la casa
de sus adversarios en el centro del país.
Otro encuentro de
importancia global y local ocurría en Suiza. Ese mismo día en la sede de la
Organización de Naciones Unidas en Ginebra a Venezuela le tocó el turno de
rendir cuentas y recibir recomendaciones de otros países en materia de derechos
humanos. Esta fue su segunda salida a este duro terreno donde se juega muy en
serio. Y en esta oportunidad se anotaron al bate 104 naciones de las 193 que
forman parte de la ONU.
En una jornada que
duró 3 horas y 30 minutos, otros Estados le hicieron 274 sugerencias a
Venezuela con la finalidad de que mejoren las condiciones de las libertades
fundamentales y la calidad de vida de los ciudadanos. Pero la delegación del
gobierno venezolano prefirió tomarse unos meses para pensar y decidió posponer
su respuesta sobre las recomendaciones que aceptará, recusará o postergará para
el mes de marzo de 2017.
Estos resultados
forman parte del segundo Examen Periódico Universal de Venezuela ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este un mecanismo de evaluación
interestatal y de cumplimiento voluntario al que se presentan, cada cuatro años
y medio, todos los miembros de esta instancia internacional con el fin de
revisar sus políticas en materia de derechos humanos. Este sistema funciona
desde hace diez años y a Venezuela le tocó su primera evaluación en octubre de
2011, el último año de mandato del ex presidente Hugo Chávez.
Esta vez, para
responder a los 104 países que se inscribieron espontáneamente para participar
en esta segunda ronda venezolana, que comprende la rendición de cuentas entre
2012 y 2016, el gobierno de Nicolás Maduro se preparó con un equipo robusto.
Cuarenta funcionarios conformaron la comisión de Venezuela en Ginebra. La
mayoría de ellos comparten sus cargos públicos con la militancia en el Partido
Socialista Unido de Venezuela.
Esta misión fue preparada para fijar una posición
militante para exaltar “los logros de la revolución venezolana” a propósito de
las cuestiones que le plantearon otros países y organizaciones no
gubernamentales en 519 comunicaciones, de acuerdo a la información del Alto
Comisionado, que abordaron la situación de DDHH en Venezuela. El Estado también
presentó su informe en el que no profundizaba sobre los asuntos estructurales y
de fondo en materia de derechos humanos y que fueron apoyados por
organizaciones e instituciones naciones y regionales que respaldan al gobierno
de Nicolás Maduro. Mientras tanto, otras ONG resaltaron las restricciones en
materia de libertad de expresión, falta de independencia del poder judicial,
violaciones a las personas refugiadas en la frontera con Colombia, las
prácticas violentas de grupos de exterminio, la crisis de salud, alimentación y
servicios básicos, así como el hostigamiento a la labor de los defensores de
DDHH.
La comisión oficial
venezolana repartió su tiempo de participación a lo largo de los bloques de
intervenciones de las diferentes naciones y guardó los últimos 30 minutos, para
rechazar los ataques de una supuesta “guerra económica” que pretende
desestabilizar al gobierno y destacar los logros sociales de la gestión de
Nicolás Maduro. El gobierno reforzó su discurso con la exposición de fotografía
“Venezuela, un país garante de los derechos humanos” en los pasillos del
Palacio de Naciones Unidas.
Pese a la
propaganda gubernamental, algunos países le recomendaban mejorar la calidad de
la atención en el sistema público de salud y activar correctivos ante la crisis
hospitalaria y de escasez de medicamentos, así como asegurar el abastecimiento
de alimentos. Hubo más: mejorar las condiciones de la libertad de expresión y
el acceso a la información pública, garantizar la independencia del poder
judicial, eliminar las prácticas de tortura y las detenciones arbitrarias,
cesar el proceso de criminalización de la protesta pacífica, poner fin al
hostigamiento a defensores de derechos humanos, y asegurar la realización del
referendo revocatorio presidencial, suspendido hasta nuevo aviso por el Consejo
Nacional Electoral, el pasado 20 de octubre.
También fue recurrente
el llamado a aceptar la observación internacional de los órganos de Naciones
Unidas. A pesar de que Venezuela es uno de los 47 países que integran el
Consejo de Derechos Humanos, por más de 15 años el gobierno se ha negado a
recibir las visitas oficiales de los relatores de la ONU en distintas áreas, y
desde 2014 le ha negado la visa al representante regional del Alto Comisionado
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que pueda hacer una
investigación directamente en el territorio venezolano.
Otras naciones
alabaron la gestión presidencial de Nicolás Maduro y del ex presidente Hugo
Chávez, entre 2012 y 2016. Uno de los logros que destacó fue la aprobación del
Plan Nacional de Derechos Humanos, que ha impulsado la Vicepresidencia de la
República a través del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Resaltaron la
participación de Venezuela en organismos de integración regional como Unasur,
las políticas de atención de los pueblos indígenas, protección de grupos
vulnerables, entre ellos mujeres y personas con discapacidad. También le
indicaron al país que continúe reduciendo la pobreza, a pesar de que los datos
publicados de 2015 por el Instituto Nacional de Estadísticas indican un aumento
en la cantidad de venezolanos que viven en pobreza. Entre este grupo de
entusiastas estuvieron Cuba, Eritrea, Bolivia, Jamaica, Nicaragua y Rusia.
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trabajos
Sin observación internacional
Nueve de las 274
recomendaciones destacaron la importancia de que Venezuela coopere con los
mecanismos de evaluación de derechos humanos que establece Naciones Unidas.
Este fue un clamor de Irlanda, Noruega, Japón, Latvia, España, Australia,
Ghana, Islandia y Costa Rica. Las exigencias sugieren la cooperación con los
procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y exhortan a aceptar
las visitas oficiales pendientes -tan pronto como sea posible- de los relatores
especiales y los funcionarios del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Esta también es una
preocupación que ha manifestado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos a lo largo de 2016. Para este examen la Oficina del Alto
Comisionado preparó un análisis de cada país evaluado. En su informe para la
segunda evaluación de Venezuela, esta instancia mostró su preocupación por las
resistencias que ha puesto el gobierno venezolano para permitir la visita del
representante de su oficina regional.
Denunció que han pedido
“en reiteradas ocasiones una visa para visitar el país desde 2014 y no había
recibido respuesta”, de parte del gobierno de Venezuela. Las restricciones para
hacer observación e investigar de manera directa lo que ocurre en Venezuela
también fue una denuncia que hizo pública el presidente del Alto Comisionado en
Ginebra, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien mostró su preocupación por la crisis
política, económica y social de esta nación, en su discurso durante la
inauguración de la 33° sesión del Consejo de Derechos Humanos, el pasado 13 de
septiembre.
Venezuela es de los
pocos países que no le ha extendido a este organismo una visa permanente que le
permita visitar al país en cualquier momento y constatar la situación de
derechos humanos. En su informe para el EPU de Venezuela, el Alto Comisionado
también reflejó que esta nación solo ha contestado un poco más de la mitad de
las consultas que le han hecho distintos organismos de Naciones Unidas, a
través de comunicaciones escritas: “Durante el período examinado (2011-2012) se
enviaron 46 comunicaciones. El Gobierno respondió a 24”.
Entre 2012 y 2016,
el país solo aceptó la visita del relator especial para la alimentación, pero
no se pudo concretar porque coincidió con el fallecimiento del ex presidente
Hugo Chávez, en marzo de 2013. Posteriormente, la cita no pudo ser reprogramada
pese a que organizaciones locales como el Observatorio Venezolano de la Salud y
la Fundación Bengoa han denunciado una severa crisis alimentaria y nutricional.
En los últimos
cuatro años el gobierno de Venezuela, aunque integra al Consejo de Derechos
Humanos, se negó a recibir la visita oficial de nueve relatores especiales de
Naciones Unidas, en los temas de tortura, defensores de los derechos humanos,
violencia contra la mujer, libertad de reunión pacífica y de asociación,
independencia de los magistrados y abogados, detención arbitraria, libertad de
expresión, empresas transnacionales y vivienda adecuada.
A este panorama se
suman las restricciones que tiene el Estado para rendir cuentas a organismos de
derechos humanos a nivel regional. Provea, en su informe para el EPU Venezuela,
denunció el retroceso que ha sufrido el país en materia de protección de
derechos humanos al denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos, lo
que se tradujo en el retiro de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, hecho que impide que los ciudadanos puedan buscar justicia en
instancias internacionales. Por esta razón, Brasil y Uruguay le recomendaron a
Venezuela revisar esta decisión y lo exhortaron a “participar de manera
constructiva en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Elecciones
suspendidas
Los países también
reaccionaron a la decisión del Estado venezolano de suspender el referendo
revocatorio presidencial a través de fallos de tribunales penales locales y por
orden del Consejo Nacional Electoral. Estados Unidos, Noruega y Brasil llamaron
a Venezuela a respetar el derecho constitucional de los ciudadanos a realizar
esta consulta electoral. Organizaciones como Provea han dicho que esta medida
rompió el hilo constitucional y directamente caracteriza al gobierno de Maduro
como una dictadura.
Al mismo tiempo,
este grupo de naciones pidieron al país asegurar la independencia de los
poderes públicos, entre los que están el Tribunal Supremo de Justicia, el
Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo.
El país por cárcel
Corea del Sur,
Brasil, Canadá, Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza abogaron para que el Estado
venezolano elimine su práctica de detenciones arbitrarias, principalmente
contra disidentes y activistas políticos. El Alto Comisionado en su informe
refirió que “en octubre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención
Arbitraria, al identificar un patrón sistemático de detenciones arbitrarias en
el Estado, instó al Gobierno a garantizar el derecho a no ser arbitrariamente
privado de la libertad. Asimismo, consideró que la detención de Antonio José
Ledezma, alcalde de Caracas, era arbitraria y recomendó su inmediata
liberación”.
Expresión
silenciada
Treinta y tres países,
entre ellos 18 estados europeos, nueve de América y seis de Oceanía, África y
Asia, le llamaron la atención a Venezuela para que garantice la libertad de
expresión y el acceso a la información pública. En el primer EPU que presentó
Venezuela ante la ONU en 2011, el gobierno rechazó 13 recomendaciones en este
tema lo que a juicio del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS
Venezuela) se tradujo en un deterioro de las libertades informativas y de
opinión en el país.
Cinco países, entre
ellos Chile y Perú, le recomendaron aprobar con urgencia una Ley de Acceso a la
información pública. Venezuela junto a Bolivia y Cuba son los únicos de la
región que no cuentan con una legislación que garantice la rendición de cuentas
y promueva la transparencia en la gestión pública con un mecanismo para
erradicar la corrupción.
Sin medicinas ni alimentos
Ante la crisis de escasez de medicinas y alimentos,
al menos, 8 países levantaron su voz en el Examen Periódico Universal de
Venezuela. Entre ellos, Alemania, Austria, Bélgica, Corea del Norte, Islandia,
Nicaragua, Suiza y Tailandia. Otros estados como Rusia, República Dominicana e
Irán sugirieron mejorar la atención en salud.
Estado en
excepción
Venezuela llegó a
su segundo Examen Periódico Universal ante Naciones Unidas en medio de una
crisis política, económica y social. También bajo un decreto de “Estado de
Excepción y de la Emergencia Económica”, que fue aprobado por el gobierno sin
el aval del parlamento, por 180 días que corren desde mayo de 2016. Esta normativa
autoriza al uso de la fuerza policial y militar para controlar cualquier acción
que desde el gobierno se considere que atente contra la seguridad y la
soberanía nacional.
Ante este panorama,
la delegación venezolana prefirió no dar respuesta en este momento a las
recomendaciones que le hicieron otros países y esperar hasta la próxima sesión
del Consejo de Derechos Humanos que se realizará en el mes de marzo 2017. Pese
a esta postergación, el gobierno ha dicho que Venezuela ha sido “eximida” en
Naciones Unidas. Mientras tanto en Radio Nacional de Venezuela, la principal
emisora del Estado, rueda una propaganda gubernamental en la que el presidente
Nicolás Maduro asegura: “el acoso y la persecución contra la revolución
bolivariana también es un fracaso. Mientras más nos atacan, más apoyo tenemos
en el mundo. Esta es una victoria en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
en Ginebra. Victoria, victoria, victoria popular”.
Mientras se
desarrollaba el partido de béisbol Caracas-Magallanes, la programación de la
televisión venezolana compartía su audiencia con el programa semanal del
presidente de la república, transmitido a través de la red de medios estatales,
y que a partir del mismo día del EPU Venezuela se transformó en La hora de la salsa.
Esa noche Nicolás
Maduro dijo que en el Examen Periódico Universal, “Venezuela ha mostrado todos
los avances, denunciamos con pelos y señales la guerra económica, la
persecución financiera mundial que nos tienen las calificadoras de riesgo; una
cosa increíble”.
Tanto la canciller
de la República, Delcy Rodríguez, como el embajador de Venezuela ante la ONU,
Jorge Valero, han dicho que Venezuela asumirá 24 compromisos voluntarios ante
el Consejo de Derechos Humanos, que en general evaden las reiteradas preocupaciones
de fondo de las demás naciones y de las propias organizaciones civiles locales
sobre la situación de los derechos humanos en el país.
https://www.verticenews.com/venezuela-los-derechos-humanos-pueden-esperar/
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