SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).–El destino que correrá el nuevo Código Penal, devuelto por el presidente Danilo Medina al Congreso sin promulgar, está en manos de los legisladores del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), organización que mantiene el control en la Cámara de Diputados y el Senado.
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Los bloques de diputados opositores al PLD rechazan las tres observaciones que hizo el mandatario para que la nueva ley contemple la despenalización de la interrupción del embarazo en tres circunstancias especiales: cuando la mujer corra peligro de muerte, si el embarazo es producto de una violación sexual o incesto, y cuando haya una malformación “incompatible” con la vida.
El Gobierno insiste en que se trata de un problema de salud y de derecho de la mujer, mientras los diputados consultados reconocen una gran presión mediática de los líderes de las Iglesias evangélicas y católica que buscan imponer una visión religiosa del tema.
El diputado Rubén Maldonado, vocero del bloque del PLD, aseguró que “todavía no lo hemos discutidos porque está en comisión. Nos reuniremos en los próximos días para tratar el tema. Ahí analizaremos todo a partir de la opinión de los 101 diputados del PLD”.
“Yo, a título personal, estoy de acuerdo con las observaciones del presidente Medina, pero la decisión deberá tomarla el bloque”, dijo.
“Todos los diputados del PRD hemos consensuado nuestra postura y rechazamos las observaciones del presidente Medina al Código Penal”. (Ruddy González, diputado del PRD)
Por el momento, los legisladores del partido oficialista podrían tener la única postura coincidente con el Gobierno. Las actas de votación de la sesión en la que los diputados convirtieron en ley el proyecto de Código Penal el pasado 18 de noviembre arroja que de 135 presentes, sólo tres se opusieron a la pieza: la ahora independiente Minou Távarez Mirabal; Frank Soto, del PLD, y Juan Hubieres, del Movimiento Unidad y Cambio (Miuca) y elegido a través de la boleta del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Los diputados de la oposición al parecer perdieron la sintonía con la población. La encueta Gallup-Hoy aplicada en julio de 2012, cuando en el país se discutía la reforma de la Constitución, arrojó que el 80% aprobaba la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corría peligro, mientras un 32% aceptaba la práctica cuando el feto era producto de una violación sexual.
Los 33 diputados del recién formado Partido Revolucionario Moderno (PRM) nadan en aguas turbias. Su vocero, Nelson Arroyo, entiende que “cuando peligra la vida de la mujer” embarazada el “Código tiene que dejar una brecha”.
“Nosotros tenemos una posición clave de preservar la vida de la mujer. Lógicamente, en el caso de otras cosas (violación sexual y malformación del feto) hay que discutirlas un poco más, realmente entendemos que cuando peligra la vida de la mujer tiene que haber una brecha”, dice.
Sin embargo, deja claro que el PRM aprobó el Código Penal tal y como se envió al presidente Medina. Aún más, asegura que el mandatario “no ha hecho ninguna observación” específica y que, desde su punto de vista, que la ley queda anulada como ocurrió con la que otorgó a Loma Miranda la categoría de Parque Nacional.
“Ahí no hay ninguna observación. El presidente Danilo no ha hecho ninguna observación. Envió un comentario a la Cámara de Diputados. No envió ninguna redacción alterna a los artículos que él está observando. Él no dice lo que quiere. Parece una jugada equilibrista de Danilo Medina para tratar, posiblemente, de dejar de morir Código Penal sin fijar una posición”, sostiene Arroyo.
“Al presidente Medina que retire las observaciones al Código Penal para que le evite, en diciembre, este mal rato a los dominicanos”. (Ramón Rogelio Genao, diputado del PRSC)
Los 42 diputados del PRD, en cambio, hicieron causa común con las Iglesias evangélicas y católica. “Coincidimos en este momento con las iglesias. Nuestra posición es que el Código Penal no debe dejar brechas procesales respecto a la Constitución”, dice el vocero del bloque, Ruddy González.
Recuerda que el PRD, que preside Miguel Vargas Maldonado, defendió el artículo 37 de la Constitución (que antes era el 30) tal y como se aprobó para garantizar el derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
Los nueve diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRS) están dispuestos aún a ir más lejos, según su vocero, Ramón Rogelio Genao.
“Adelantamos además que si el PLD aplica su mayoría mecánica y acoge las observaciones del presidente y aprueba el Código Penal con modificaciones, recurriremos al Tribunal Constitucional para buscar su anulación”, dice Genao.
“Somos pro vida de la mujer. Entendemos que en el Código Penal debe dejarse una brecha a favor de la mujer. No tan amplia como el sector femenino quiere. En el caso de que su vida peligre hay que proteger a la madre”. (Nelson Arroyo, diputado del PRM).
“Pedimos al presidente que retire las observaciones que hizo al Código Penal, ahora que están en estudio de comisión. Anunciamos que vamos a plantear el rechazo de las mismas”, dijo.
Para el PRSC en estos momentos las feministas y los grupos de Derechos Humanos van más allá del “aborto terapéutico, están hablando de aborto electivo”, dice.
Insiste en que “en la República Dominicana no hay eutanasia y para establecer aborto electivo hay que modificar la Constitución, porque hay un principio jurídico que establece la jerarquía de la norma y que establece que son nulas si contradicen la Carta Magna”.
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