En el Siglo XXI, las creencias de la religiosidad popular en República Dominicana no han avanzado mucho de las creencias Medievales; facilitando el fanatismo y las turbas religiosas en contra de los derechos y la libertad que un Estado Social y Democrático de Derecho debe defender.
En manos de los legisladores está arrojar al país al caos de las persecuciones religiosas cristianas características de la Edad Media y la colonización Ibérica, o cumplir con su función de defender los derechos humanos de toda la ciudadanía; particularmente los sectores de la población más afectados. Es el respeto a la Constitución y las Leyes que rigen el territorio dominicano lo que define la unidad de la República y lo que define la libertad y la igualdad de cada ciudadano y ciudadana.
¡Ténganse miedo señores congresistas de legislar según lo que afirman grupos religiosos y no según la Constitución! Cuando el Estado trata a grupos religiosos diferente a como trata a otras organizaciones, le otorga derechos especiales para que se comporten de forma distinta. Como las doctrinas religiosas determinan comportamientos morales, les ofrecen la oportunidad a los miembros de esos grupos a condenar el comportamiento de los que no pertenecen al mismo. De facto, la libertad religiosa del grupo, la convierten en libertad para condenar y discriminar el comportamiento de los que no pertenecen al mismo.
Por eso, la presente coyuntura que ha causado un debate en contra de la posición de las Iglesias Católica Romana y Evangélica de querer imponer su posición de negarle a la mujer el derecho a decidir sobre el aborto, es solo un aspecto del trastorno que crean las religiones intervencionistas en los asuntos públicos. Destacan por su importancia y por afectar a populosos sectores de la población, el derecho de la mujer a la salud sexual y reproductiva, y el derecho de los niños a no ser adoctrinados por ninguna ideología en las escuelas del Estado.
La capacidad política de las Iglesias de trastornar el orden público e imponer sus dogmas a toda la población tiene profundas raíces en la historia de la humanidad. El abrazo político religioso que he calificado como perverso en uno de mis artículos, de facto crea una casta social que actúa por encima de la Constitución y las Leyes. Esto no significa que todos los religiosos sean perversos ni manipuladores. Pero mientras más progresistas sean en algunos aspectos, y más generosos sean en sus vidas personales, más contribuyen a legitimar una estructura que socava las bases legales del Estado.
Para tomar conciencia del peligro que representan los privilegios del Concordato, fruto de la etapa de alianza del Catolicismo Romano con los regímenes nazistas y fascistas de Europa y
América Latina, es necesario estudiar Historia. Pero esta es alterada en colegios confesionales cristianos y en escuelas públicas donde los Fundamentos del currículo legalizan la presencia de la Iglesia Católica para intervenir las demás ramas de las ciencias, explícitamente, imponer la “Historia Sagrada” interpretando los hechos científicamente validados para defender sus mitos y dogmas.
América Latina, es necesario estudiar Historia. Pero esta es alterada en colegios confesionales cristianos y en escuelas públicas donde los Fundamentos del currículo legalizan la presencia de la Iglesia Católica para intervenir las demás ramas de las ciencias, explícitamente, imponer la “Historia Sagrada” interpretando los hechos científicamente validados para defender sus mitos y dogmas.
El deber de los legisladores en esta coyuntura es el de repasar los tres siglos de dominación Católica y sus consecuencias. Leer la Bula del Papa Alejandro VI de 1493 que despojó a todos los pobladores del Continente Americano “descubierto” por los europeos de sus derechos a la tierra y a sus riquezas, y específicamente, en palabras del Papa, ¡de todos sus derechos! Solo los cristianos tenían derecho a la tierra, como correctamente escuché hace poco a un miembro de una tribu indígena de la Florida relatar su historia.
La iglesia en nombre de Dios despojó, asesinó o esclavizó a las poblaciones no cristianas en nuestro suelo. Su sangre, su sudor y sus lágrimas aún lo fertilizan. De esto hace apenas 521 años, y solamente 193 desde que Núñez de Cáceres rompiera los lazos de la esclavitud político-religiosa con España. A Trujillo debemos el Concordato de 1954 que el Vaticano impone y Franciso no anula. Cuídense señores legisladores de no renovar la esclavitud religiosa de la mujer al obedecer los mandatos de una organización regida exclusivamente por hombres. No solo la discrimina de su estructura ministerial y de poder, sino que trastorna la Constitución para privarla de sus derechos y reducirla a su función reproductiva; imponiéndole la maternidad forzada aunque su vida corra peligro de muerte.
¡Ténganse miedo legisladores! Esta vez no serán 200,000 mil personas las que levantarán su voz haciendo eco en todo el continente y en Europa. Serán cinco millones de dominicanas cuyos cuerpos la Iglesia Católica convierte en desechables bajo la pretensión de otorgar personería jurídica a un óvulo fertilizado en su vientre. Con esta pretensión levantan la infamia y condena de que las mujeres son asesinas de niños. Divulgan propaganda falsa, enseñando fetos que aun no tienen forma humana como niños formados, o poniendo etiquetas en las frentes de bebés diciendo ¡No me mates!
La Carta del Episcopado Dominicano para expresar su rechazo a la observación del Presidente al Código Penal, refleja su pobreza intelectual y lo absurdo de su argumento. Según ellos, “una eventual legalización del aborto” es equivalente a “dictar pena de muerte”, a otra persona. Pero si el no-nacido tiene personería jurídica, la Iglesia debe exigir conjuntamente que se cumplan todos sus derechos humanos, como son el derecho a la nacionalidad y a un nombre.
Desde la concepción, deben registran sus nombres y en casos de abortos espontáneos, como es común en primerizas, deben sacarles actas de defunción y enterrar sus restos en cementerios públicos, identificados con fechas desde la concepción hasta la muerte. Aunque necesiten un microscopio para visibilizarlos y usen una caja de fosforo para enterrarlos. Además, deben adoptar la definición Católica para recoger datos censales, por lo que los procedimientos deben ser modificados. En el presente, los nacidos vivos se cuentan si respiraron antes de morir. Con la imposición del mandato Canónico de la Iglesia, deben de contarse como nacidos vivos aunque hayan sido abortados espontáneamente durante la primera semana del embarazo. En otras palabras, no se puede ser una persona legal para una cosa y no para otras. La religión puede creer cualquier cosa, no así la Constitución y sus leyes. El que lo dude siéntese y lea la Biblia, desde el principio hasta el final.
El otro falso argumento de la Iglesia es una hipócrita clemencia para evitar que la mujer sufra el trauma del aborto. La realidad es que la mujer sufre trauma por dos causas: cuando pierde un embarazo deseado o cuando el Estado condescendiente con la Iglesia, se lo niega en casos de necesidad (violación, incesto, riesgo a salud física o mental, o malformación del feto) e incluso en casos de embarazos producidos por mal funcionamiento del anticonceptivo o por error o ignorancia de la usuaria.
El trauma lo produce la frustración de la mujer que quiere quedar embarazada y no puede, o de la que no quiere el embarazo y el Estado se lo impone. Es por esto, que la mujer con el consejo de su médico, es la única que puede decidir sobre un aborto. Por otra parte, la incoherencia e irracionalidad de la doctrina católica se evidencia porque la Iglesia obstaculiza la educación sexual en las escuelas y condena el uso de anticonceptivos; por lo que de facto, promueve los abortos inseguros e ilegales aumentando la mortalidad materna en el país. No muestra ninguna misericordia por niñas que ven truncarse sus sueños de estudios y de salir de la pobreza por un embarazo a destiempo.
La Iglesia debe mirarse en el espejo antes de acusar a las mujeres de asesinas de bebés. En vez de promover el amor y la compasión del Jesús que dicen seguir, promueven el odio de sus fanáticos, el chantaje y la corrupción de legisladores, e imponen la tortura y el terror de una maternidad forzada ante un embarazo violento, o no buscado. Y lo que es más, trastorna el orden Constitucional que dicen defender, y exponen al país a condenas de la Corte Internacional de Derechos Humanos por violar los Derechos de la Mujer a su salud sexual y reproductiva; definidos por convenciones de las Naciones Unidas de la cual la Republica Dominicana es signataria.
La posición irracional de la Iglesia tiene sentido en el contexto histórico de laCristiandad. La iglesia erró entonces, y continúa errando en el presente. El autor Sam Harris levanta la pregunta, ¿Qué tienen de común los judíos y las brujas? La respuesta es que ambos fueron acusados de la ofensa improbable de asesinar infantes cristianos y beberse su sangre. Ambos grupos fueron perseguidos, y condenados a muerte. Las mujeres fueron quemadas en hogueras y hombres, mujeres, y menores judíos fueron incinerados en campos de concentración Nazistas y Fascistas.
Las brujas eran mujeres acusadas de hechicería y de entregar sus cuerpos a Satanás. El número de mujeres torturadas y quemadas en hogueras por los curas de la Inquisición se estima en 40,000 a 50,000 mil mujeres durante un período de más de 300 años de persecución. Los judíos convivieron con cristianos y fueron los padres del cristianismo. Pero la acusación de que mataron a Jesús, a pesar de que carecían de jurisdicción para hacerlo durante los siglos de dominación Romana, los hizo objeto de persecución desde los orígenes del Cristianismo hasta la incineración de 6 millones de personas bajo el régimen de Hitler, católico protegido bajo el Concordato de 1933 con la Iglesia Romana.
Los documentos sobre la cacería de brujas en Europa, se enmarcan dentro del proceso jurídico de la Iglesia para la persecución de herejes durante la Inquisición. Se iniciaba con el encarcelamiento de la persona basado solamente en la acusación de una persona, sin ningún tipo de evidencias. Se procedía al uso de la tortura para extraer una confesión, las cuales eran inaceptables si la persona acusada no mencionaba los nombres de sus supuestos cómplices. Una vez realizada la confesión y nombradas las personas cómplices, se procedía a darle una muerte lenta en la hoguera de fuego a la acusada, y a encarcelar a las personas recientemente nombradas durante el proceso de torturas. Esta fue la justicia divina o autos de fe, aplicados por la Iglesia.
Durante la Edad Media y el Renacimiento en Europa, y todavía en la Republica Dominicana y Haití en el presente, el pueblo cree que las enfermedades pueden ser provocadas por brujas, demonios y magia negra. Existe toda una cadena de curanderos en bateyes y comunidades rurales y urbanas del país, cuyo principal trabajo es el de deshacer el hechizo, o mal de ojo, que algún vecino o rival le provocó, o causado porque el niño o la niña aún no ha sido bautizada. Particularmente prevalece la creencia de que el “mal de ojo” o las brujas chupadoras de bebés, son responsables de las diarreas que les deshidrata y mata, o del hechizo de un o una rival para que alguien contraiga VIH/SIDA.
En un mundo mágico, la nueva cacería de brujas de la Iglesia estigmatizando mujeres como asesinas de infantes es temeraria y peligrosa. En el Siglo XXI, las creencias de la religiosidad popular en República Dominicana no han avanzado mucho de las creencias Medievales; facilitando el fanatismo y las turbas religiosas en contra de los derechos y la libertad que un Estado Social y Democrático de Derecho debe defender.
http://acento.com.do/2014/opinion/8202784-iglesia-errada-entonces-y-en-el-presente/
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