El conflicto
migratorio entre ambas naciones se avivó tras la sentencia del TC en 2013
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) invocó hoy el
diálogo entre la sociedad civil y el Gobierno de República Dominicana para solucionar los conflictos derivados de
la migración de ciudadanos de Haití.
“Hay que perseverar, hay que participar. Vamos a
seguir perseverando en el diálogo”, aseveró el comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas en una audiencia pública para evaluar el
cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en
República Dominicana.
Tanto los representantes de las organizaciones
sociales del país como del Gobierno dominicano acordaron abrir unas “mesas de
diálogo” para tratar la problemática, una iniciativa que fue bienvenida por la
presidenta de la audiencia, Esmeralda Arosemena de Troitiño.
Un vocero de los afectados por las leyes de
migración del país, Beneco Enecia, saludó “la iniciativa del Estado dominicano
al proponer la posibilidad de crear esas mesas de diálogo”.
El representante del estado dominicano en la
audiencia y embajador del país caribeño ante la Organización de Estados Americanos
(OEA), Gedeón Santos, advirtió que “se va
a requerir una gran voluntad política de todos los actores del país” para
impulsar cambios en la legislación migratoria, “también de la sociedad civil”.
El conflicto derivado del fuerte flujo migratorio
de haitianos hacia República Dominicana se avivó con una polémica sentencia del Tribunal Constitucional del país en 2013, que establecía los
parámetros para adquirir la nacionalidad en el país.
Un informe de Amnistía Internacional publicado la
semana pasada afirmó que esta sentencia privó “de manera arbitraria y
retroactiva de la nacionalidad dominicana” a un gran número de personas.
El texto también criticó el Plan Nacional de
Regularización de Extrajeros (PNRE), una iniciativa puesta en marcha en 2014
tras la sentencia constitucional, por ser aplicado “de manera deficiente”.
Las organizaciones sociales pidieron ante la CIDH
restaurar la nacionalidad dominicana a las personas que fueron afectadas por
dicha ley, además de crear unas mesas de diálogo con las instituciones para
debatir la problemática.
Según indicó en la audiencia el abogado y activista
Manuel Dandré, la aplicación de estas leyes “viola las recomendaciones del
CIDH” y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tienen como
consecuencia una situación de “apatridia” y “desnacionalización” de las
“personas nacidas en República Dominicana de padres haitianos”.
Santos defendió la buena salud del país en materia
de derechos humanos y recordó que “se proveyó de un instrumento al migrante
para que pueda regularizar su estatus” que permitió “avances reales” para
solucionar la situación.
En total, el 87,3 % de los inmigrantes que residen
en República Dominicana son de Haití.
Fuente: EFE
Fuente: EFE
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