OPINIÓN
Herrera y el debate fiscal
13/05/2017 12:00 AM - PAVEL ISA CONTRERAS
La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AIEH) es verdaderamente inagotable. Desde hace décadas ha estado a la vanguardia en el debate sobre el desarrollo y las políticas públicas en la República Dominicana, y ha mostrado una impresionante capacidad para renovar sus liderazgos. Esa asociación ha sido, sin dudas, una voz de una estatura moral y una calidad intelectual inobjetables.
En esta ocasión, a pesar del desfavorable entorno político, Herrera se ha propuesto impulsar un debate abierto, serio y profundo sobre la reforma fiscal necesaria. Para ello, está organizando un conjunto de reuniones para discutir y convenir sobre propuestas que, en palabras de su actual presidente Antonio Taveras Guzmán, logren una fiscalidad que “apuntale el desarrollo productivo e integral del país y de la sociedad en su conjunto”.
En ese contexto y en apoyo a ese esfuerzo, la semana pasada el colega y amigo Henry Hebrard facilitó una provocadora sesión en la que presentó ideas clave que servirían de base y motivación de ese debate. Vale la pena ventilar y discutir esas ideas. El propósito de este artículo es ofrecer una síntesis comentada de ellas.
La presentación partió de plantear que el Pacto Fiscal debe necesariamente contribuir con dos objetivos simultáneos: subir el crecimiento medio de la economía para garantizar reducciones significativas en el desempleo, apoyando la producción y las exportaciones, y hacer que ese crecimiento logre derramar sus beneficios a una base mucho más amplia de la población. Recuerda que un crecimiento de 4% es apenas suficiente para evitar que el desempleo crezca.
Principios para un pacto fiscal
Al mismo tiempo plantea que una reforma integral debe estar basada en seis principios: suficiencia, equidad, eficiencia, estímulos a la producción y los empleos formales, la recaudación como objetivo principal de la imposición, y los gastos como instrumento fundamental para distribuir.
El principio de suficiencia apunta que cualquier pacto tiene que asegurar que el Estado tenga la capacidad de gastar más y mejor. Los problemas colectivos requieren soluciones colectivas, y esas soluciones cuestan. Por ello hay que garantizar una recaudación más elevada y un Estado más eficiente en resolver esos problemas colectivos. En otras palabras, achicar al Estado no es la vía. En todo caso agrandarlo en el sentido de hacerlo más capaz de cumplir su misión. De hecho, el sentido fundamental del fisco es precisamente ese y no otro, y lograrlo de una forma sostenible.
El principio de la equidad supone tres cosas. Primero, que en términos impositivos aporten más al fisco quienes más capacidad tengan. A eso se denomina equidad vertical, e implica que hay que hacer un esfuerzo por reforzar la capacidad recaudatoria de los impuestos directos, es decir, aquellos que gravan la renta y el patrimonio, los cuales suelen tener tasas progresivas en vez de uniformes.
Segundo, que se debe procurar que haya tratamientos poco diferenciados para actividades y productos de un mismo tipo (equidad horizontal). Esto implica, por ejemplo, rediseñar los incentivos fiscales, no sólo para alcanzar metas específicas deseables y medibles, sino también para igualar las condiciones entre empresas similares. También implica dar tratamientos menos desiguales a productos similares. Cita el caso de los combustibles, donde los diferenciales de impuestos son tan elevados (p.e. entre gasolina premium y gasoil regular) que las recaudaciones han declinado en 0.66% del PIB porque los demandantes optan por usar los que son menos gravados.
Tercero, que haya equidad generacional lo que significa que los recursos extraordinarios, como los derivados de la minería, sean invertidos en proyectos extraordinarios para beneficio de otras generaciones. Pero también debe implicar la cuestión de los incentivos y los gastos para reducir la contaminación y las actividades que dañen el medioambiente.
El principio de eficiencia se refiere a la del sistema tributario e implica aumentar la capacidad de recaudar. Esto pasa por reducir los costos de cumplimiento tributario de la micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) para ampliar la base de contribuyentes, en especial del ITBIS y del Impuesto sobre la Renta, y reducir la evasión y la elusión. Más allá de los montos a pagar, es ampliamente conocido lo difícil que resulta para las pequeñas empresas cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que las ahuyenta de la formalización. Urge encontrar vías innovadoras para facilitar el cumplimiento. Esto contribuiría notablemente a mejorar las recaudaciones en general e incluso ofrece espacio para reducir tasas impositivas. Por otra parte, es ampliamente aceptado que las tasas de incumplimiento tributario son enormes. En el caso del ITBIS, algunos la han estimado en más de 40%.
Huelga explicar el principio de estimular la producción y los empleos formales. Se propone que una vía prioritaria sea el estímulo de la formalización de las MiPyME, en un contexto donde los empleos precarios e informales explican más del 50% del empleo total.
Por último, plantea otros dos principios importantes: los impuestos son primordialmente para recaudar, mientras los gastos son primordialmente para distribuir. Esto implica que aunque los impuestos, en particular los indirectos, pueden procurar ser equitativos, buscando cargar menos a los que menos pueden, su objetivo fundamental es recaudar. Al mismo tiempo, que el objetivo de la equidad debe ser primordialmente alcanzado por la vía del gasto, en especial ofreciendo servicios sociales universales de calidad. En otras palabras, hay que recaudar, incluso a veces a costa de los pobres, para ofrecer servicios para los pobres.
Algunas ideas para la reforma fiscal
En el ánimo de plantear la urgencia de enfrentar la situación, la AIEH recuerda algunos preocupantes números fiscales: un déficit que no baja, y que en promedio ha sido de cerca de 3% del PIB a lo largo de los últimos nueve años, casi 27 mil millones de dólares de deuda pública (sin contar la del Banco Central), y un servicio de la deuda que ya alcanza el 38% de los ingresos corrientes. Pero no se queda allí sino que ofrece algunas propuestas para discutir. En el caso del impuesto sobre la renta de personas físicas, considerando que cerca del 85% de los asalariados no tributan porque el límite exento es muy alto y porque los salarios son bajos, propone considerar que se reduzca la exención contributiva hasta el costo de la canasta básica del quintil más pobre de la población o del segundo quintil más pobre, y reducir la de tributación para ese tramo hasta 5%. Eso expandiría la base de contribuyentes y las recaudaciones, impactando poco en los ingresos de los nuevos contribuyentes. Sin embargo, reconoce que el arma fundamental para recaudar más es elevar los salarios.
Para el impuesto sobre la renta sobre empresas, sugiere introducir una tasa temporal más baja que la prevaleciente para microempresas, por ejemplo, 10%. De hecho, hay que pensar en un régimen tributario especial, y quizás de la seguridad social que sea complementado con subsidios públicos, para ese tipo de negocios, y para empresas pequeñas que inician.
Con respecto a las exenciones, en el caso del ITBIS, sugiere considerar reducir las exenciones hasta un número mínimo de bienes y servicios de carácter básico, y en el caso de las que benefician actividades productivas, proponer una revisión exhaustiva que deriven en correcciones.
Por último, respecto a los gastos públicos, incluyendo los de inversión, plantea escenarios de racionalización y reducción, eliminando redundancias institucionales y gastos superfluos y centralizando compras para reducir precios. Además, recuerda el serio problema que significa la recapitalización del Banco Central, la cual es fiscalmente insostenible como está planteada en la ley, situación que a la vez condena a que la deuda de esa institución siga creciendo.
En este proceso que promueve, Herrera nos deja servida la mesa con provocadoras ideas y propuestas. La valentía con la que impulsa la discusión, una que parece pocos quieren tener, y la franqueza de sus planteamientos, merecen el reconocimiento y el estímulo de todas y de todos.
En esta ocasión, a pesar del desfavorable entorno político, Herrera se ha propuesto impulsar un debate abierto, serio y profundo sobre la reforma fiscal necesaria. Para ello, está organizando un conjunto de reuniones para discutir y convenir sobre propuestas que, en palabras de su actual presidente Antonio Taveras Guzmán, logren una fiscalidad que “apuntale el desarrollo productivo e integral del país y de la sociedad en su conjunto”.
En ese contexto y en apoyo a ese esfuerzo, la semana pasada el colega y amigo Henry Hebrard facilitó una provocadora sesión en la que presentó ideas clave que servirían de base y motivación de ese debate. Vale la pena ventilar y discutir esas ideas. El propósito de este artículo es ofrecer una síntesis comentada de ellas.
La presentación partió de plantear que el Pacto Fiscal debe necesariamente contribuir con dos objetivos simultáneos: subir el crecimiento medio de la economía para garantizar reducciones significativas en el desempleo, apoyando la producción y las exportaciones, y hacer que ese crecimiento logre derramar sus beneficios a una base mucho más amplia de la población. Recuerda que un crecimiento de 4% es apenas suficiente para evitar que el desempleo crezca.
Principios para un pacto fiscal
Al mismo tiempo plantea que una reforma integral debe estar basada en seis principios: suficiencia, equidad, eficiencia, estímulos a la producción y los empleos formales, la recaudación como objetivo principal de la imposición, y los gastos como instrumento fundamental para distribuir.
El principio de suficiencia apunta que cualquier pacto tiene que asegurar que el Estado tenga la capacidad de gastar más y mejor. Los problemas colectivos requieren soluciones colectivas, y esas soluciones cuestan. Por ello hay que garantizar una recaudación más elevada y un Estado más eficiente en resolver esos problemas colectivos. En otras palabras, achicar al Estado no es la vía. En todo caso agrandarlo en el sentido de hacerlo más capaz de cumplir su misión. De hecho, el sentido fundamental del fisco es precisamente ese y no otro, y lograrlo de una forma sostenible.
El principio de la equidad supone tres cosas. Primero, que en términos impositivos aporten más al fisco quienes más capacidad tengan. A eso se denomina equidad vertical, e implica que hay que hacer un esfuerzo por reforzar la capacidad recaudatoria de los impuestos directos, es decir, aquellos que gravan la renta y el patrimonio, los cuales suelen tener tasas progresivas en vez de uniformes.
Segundo, que se debe procurar que haya tratamientos poco diferenciados para actividades y productos de un mismo tipo (equidad horizontal). Esto implica, por ejemplo, rediseñar los incentivos fiscales, no sólo para alcanzar metas específicas deseables y medibles, sino también para igualar las condiciones entre empresas similares. También implica dar tratamientos menos desiguales a productos similares. Cita el caso de los combustibles, donde los diferenciales de impuestos son tan elevados (p.e. entre gasolina premium y gasoil regular) que las recaudaciones han declinado en 0.66% del PIB porque los demandantes optan por usar los que son menos gravados.
Tercero, que haya equidad generacional lo que significa que los recursos extraordinarios, como los derivados de la minería, sean invertidos en proyectos extraordinarios para beneficio de otras generaciones. Pero también debe implicar la cuestión de los incentivos y los gastos para reducir la contaminación y las actividades que dañen el medioambiente.
El principio de eficiencia se refiere a la del sistema tributario e implica aumentar la capacidad de recaudar. Esto pasa por reducir los costos de cumplimiento tributario de la micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) para ampliar la base de contribuyentes, en especial del ITBIS y del Impuesto sobre la Renta, y reducir la evasión y la elusión. Más allá de los montos a pagar, es ampliamente conocido lo difícil que resulta para las pequeñas empresas cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que las ahuyenta de la formalización. Urge encontrar vías innovadoras para facilitar el cumplimiento. Esto contribuiría notablemente a mejorar las recaudaciones en general e incluso ofrece espacio para reducir tasas impositivas. Por otra parte, es ampliamente aceptado que las tasas de incumplimiento tributario son enormes. En el caso del ITBIS, algunos la han estimado en más de 40%.
Huelga explicar el principio de estimular la producción y los empleos formales. Se propone que una vía prioritaria sea el estímulo de la formalización de las MiPyME, en un contexto donde los empleos precarios e informales explican más del 50% del empleo total.
Por último, plantea otros dos principios importantes: los impuestos son primordialmente para recaudar, mientras los gastos son primordialmente para distribuir. Esto implica que aunque los impuestos, en particular los indirectos, pueden procurar ser equitativos, buscando cargar menos a los que menos pueden, su objetivo fundamental es recaudar. Al mismo tiempo, que el objetivo de la equidad debe ser primordialmente alcanzado por la vía del gasto, en especial ofreciendo servicios sociales universales de calidad. En otras palabras, hay que recaudar, incluso a veces a costa de los pobres, para ofrecer servicios para los pobres.
Algunas ideas para la reforma fiscal
En el ánimo de plantear la urgencia de enfrentar la situación, la AIEH recuerda algunos preocupantes números fiscales: un déficit que no baja, y que en promedio ha sido de cerca de 3% del PIB a lo largo de los últimos nueve años, casi 27 mil millones de dólares de deuda pública (sin contar la del Banco Central), y un servicio de la deuda que ya alcanza el 38% de los ingresos corrientes. Pero no se queda allí sino que ofrece algunas propuestas para discutir. En el caso del impuesto sobre la renta de personas físicas, considerando que cerca del 85% de los asalariados no tributan porque el límite exento es muy alto y porque los salarios son bajos, propone considerar que se reduzca la exención contributiva hasta el costo de la canasta básica del quintil más pobre de la población o del segundo quintil más pobre, y reducir la de tributación para ese tramo hasta 5%. Eso expandiría la base de contribuyentes y las recaudaciones, impactando poco en los ingresos de los nuevos contribuyentes. Sin embargo, reconoce que el arma fundamental para recaudar más es elevar los salarios.
Para el impuesto sobre la renta sobre empresas, sugiere introducir una tasa temporal más baja que la prevaleciente para microempresas, por ejemplo, 10%. De hecho, hay que pensar en un régimen tributario especial, y quizás de la seguridad social que sea complementado con subsidios públicos, para ese tipo de negocios, y para empresas pequeñas que inician.
Con respecto a las exenciones, en el caso del ITBIS, sugiere considerar reducir las exenciones hasta un número mínimo de bienes y servicios de carácter básico, y en el caso de las que benefician actividades productivas, proponer una revisión exhaustiva que deriven en correcciones.
Por último, respecto a los gastos públicos, incluyendo los de inversión, plantea escenarios de racionalización y reducción, eliminando redundancias institucionales y gastos superfluos y centralizando compras para reducir precios. Además, recuerda el serio problema que significa la recapitalización del Banco Central, la cual es fiscalmente insostenible como está planteada en la ley, situación que a la vez condena a que la deuda de esa institución siga creciendo.
En este proceso que promueve, Herrera nos deja servida la mesa con provocadoras ideas y propuestas. La valentía con la que impulsa la discusión, una que parece pocos quieren tener, y la franqueza de sus planteamientos, merecen el reconocimiento y el estímulo de todas y de todos.
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