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Una mujer muestra una foto con varias personas que han muerto en protestas antigubernamentales, el miércoles en Caracas. ARIANA CUBILLOS AP
MADRID
Manifestantes muertos por disparos de policías o grupos progubernamentales, torturas y vejaciones sexuales, detenciones arbitrarias, represalias por denunciar abusos: la ONG Amnistía Internacional denuncia “impunidad” en Venezuela un año después de las protestas en que murieron 43 personas.
“La inmensa mayoría de las violaciones de derechos humanos en Venezuela no son investigadas y sancionadas”, asegura la ONG en un informe presentado este martes en Madrid: “Venezuela, los rostros de la impunidad”.
“Lejos de mandar una señal clara de condena (…) las autoridades continúan justificando la actuación indebida de las fuerzas de seguridad en nombre del orden y la seguridad pública; y de la estabilidad política”, subraya.
A lo largo de sus 47 páginas, el informe, encabezado por la lista de muertos en las protestas entre febrero y julio de 2014, recoge testimonios sobrecogedores.
“Nos pusieron en posición fetal, arrodillados y nos golpearon, nos golpearon, nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos iba a salvar, que ese era nuestro último día. A mí me bajaron los boxers y me metieron algo por atrás”, relata Juan Manuel Carrasco, de 21 años, detenido el 13 de febrero en Valencia, en el norte.
Daniel Quintero, también de 21 años, sufrió un trato similar el 21 de febrero en Maracaibo: “Un funcionario (…) se me colocó encima a hacer movimientos sexuales obscenos, me rozaban las piernas con los rifles, así como tocándome, me dijeron ‘ay, se afeita las piernas, te van a violar en el Marite, y si te violan te van a matar también'”.
En algunos casos, “las fuerzas de seguridad torturaron a los detenidos con roce de corriente eléctrica en el cuerpo, asfixia con bolsa plástica en la cabeza y quemaduras con objetos punzantes”, asegura el informe, realizado tras meses de entrevistas con más de 100 víctimas, abogados, defensores de los derechos humanos y testigos.
Las protestas habían estallado el 4 de febrero de 2014 en San Cristóbal, en el oeste de Venezuela, por falta de seguridad entre estudiantes universitarios. Después derivaron en masivas movilizaciones callejeras en todo el país contra la situación económica y la escasez, a las que se opusieron contramanifestaciones a favor del gobierno de Nicolás Maduro.
Los enfrentamientos y la represión se saldaron con 43 muertos y 878 heridos, según cifras oficiales.
“Éste que está aquí sale a marchar mañana sin miedo”, había escrito Bassil Alejandro Dacosta Frías, un carpintero de 23 años, el 11 de febrero. Un día después moría de un tiro en la cabeza, disparado al término de una manifestación en Caracas por agentes de la inteligencia nacional, según un testigo.
Otros, como Guillermo Sánchez, un albañil de 42 años, lo hicieron a manos de civiles progubernamentales: “Después le montaron en una moto y se lo tiraron a los policías del estado que estaban destacados cerca de las protestas, diciendo: ‘ahí les traemos otro y esperen más'”, relata su esposa Ghina Rodríguez.
Amnistía Internacional afirma haber recibido también “evidencias de material antidisturbios presuntamente alterado insertando cartuchos con municiones como bolas de vidrio conocidas como metras, clavos, velas o vidrios rotos con el objetivo aparente de causar el mayor daño posible”.
El informe denuncia asimismo detenciones arbitrarias. Como la de Marvinia Jiménez, arrestada y apaleada el 24 de febrero de 2014 cuando “estaba tomando fotos con su celular a vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana mientras estaban disolviendo una manifestación cerca de su casa”.
O Marcelo Crovato, colaborador de la organización Foro Penal Venezolano, detenido el 22 de abril, “cuando acudió a prestar sus servicios como abogado a la residencia de unos clientes” en Caracas.
Y líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma “en circunstancias que sugieren que su detención está políticamente motivada”.
La ONG denuncia asismismo la reciente decisión del gobierno de Maduro de permitir la participación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas “facultándolas además para el uso de armas de fuego”.
“Las autoridades continúan intentando acallar las voces críticas”, concluye.
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