CIUDAD DE MÉXICO – Javier Duarte de Ochoa fue gobernador del estado de Veracruz en México por 2139 días. En su gobierno, según las auditorías federales y locales llevadas a cabo hasta este momento, se desviaron 73.000 millones de pesos provenientes de recursos públicos, unos 3800 millones de dólares. Esto quiere decir que en la administración de Duarte desaparecían, en promedio, 28 mil pesos de las arcas públicas por minuto (1495 dólares).
Este nivel de fraude es el más alto de la historia en México, como lo definieron en su momento las autoridades. Pero Javier Duarte –detenido en abril en Guatemala– no lo hizo solo.
Prueba de ello es la investigación publicada en el portal Animal Político hace un año en la que documentamos cómo diez funcionaros al frente de cuatro dependencias en Veracruz entregaron 650 millones de pesos a una red de 22 empresas de maletín. Ninguno de estos funcionaros está detenido y ahora seis son diputados federales con un fuero que impide que sean interrogados y procesados. Uno de ellos es Tarek Abdalá, a quien la Fiscalía de Veracruz identifica como presunto responsable de diversos fraudes que originaron un desvío de 23.000 millones de pesos.
Hace unos días los diputados del Partido de la Revolución Institucional (PRI), partido al que pertenece el presidente de México Enrique Peña Nieto y del cual fue expulsado Duarte en octubre, desecharon una petición oficial de la fiscalía para suspender el fuero que impide que Abdalá sea, por lo menos, interrogado.
Esta es solo una muestra de la impunidad solapada en el sexenio de Peña Nieto. Desde hace cinco años la Auditoría Superior de la Federación ha presentado denuncias formales por los desvíos en la administración de Duarte. Van más de 60 y ninguna ha sido resuelta. Ni uno de los funcionarios involucrados fue siquiera citado a declarar antes de que quedaran protegidos por su fuero.
Luego de la captura de Duarte me han preguntado si es un mensaje de que la corrupción se acabó. La respuesta es no. Nada va a cambiar si las redes siguen intactas. Si las denuncias, que llenan cajones en las procuradurías, no se atienden. Si los legisladores se encubren entre ellos. Si el poder se alterna entre partidos pero la impunidad prevalece. El PRI regresó tras doce años con otros rostros, pero la corrupción que llevó a su salida sigue ahí, como si fuera su emblema.
Las investigaciones de las denuncias de la Auditoría están a cargo de la Procuraduría General de la República, cuyo titular fue escogido por el Presidente. En 2014 se aprobó una reforma que debería dar autonomía a la Procuraduría, pero no se ha concretado porque el congreso nacional, donde el PRI y sus aliados son mayoría, no ha expedido la ley que la pondría en funcionamiento.
Sí, la captura de Javier Duarte es un paso, pero es solo el primero. Ante los tribunales deben presentarse los exfuncionarios y también los testaferros y cómplices que hicieron el gran robo posible.
Hoy estamos cortos. Existen 21 juicios abiertos pero solo contra los actores más débiles del sistema de corrupción: personas de bajos recursos que fueron engañados o que, a cambio de una promesa de apoyo, aceptaron firmar como socios de la red de empresas fantasma.
Cuando se pidió la orden de aprehensión contra Duarte en noviembre de 2016, también se concedió en contra de seis testaferros, abogados y contadores que colaboraron con el exgobernador para lavar recursos. De todos ellos solo uno ha sido detenido.
En el grupo se encuentra el empresario Moisés Mansur, que según la investigación oficial es el principal testaferro de Duarte. Adquirió a su nombre departamentos en Ciudad de México y un rancho de lujo en el Estado de México conocido como “Las Mesas”, entre otras propiedades. Mansur no ha sido capturado pero, según el gobernador actual de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se encuentra en Canadá. Oficialmente es un prófugo.
Otro involucrado es el abogado José Janeiro, mano derecha de Mansur y responsable de las operaciones financieras. También coordinó la adquisición de propiedades. La orden de captura en su contra se canceló temporalmente luego de que acordó colaborar con las autoridades.
Rafael Rosas Bocardo es otro testaferro involucrado en la red de lavado. A su nombre está una tercera parte del Rancho “Las Mesas”, cuya compra se hizo tras triangular casi 400 millones de pesos que se entregaron a empresas fantasmas. También está prófugo.
Tampoco han sido capturados Santa Bartolo Acuña y Miguel Velázquez Nieva. Según las investigaciones ambos ayudaron a Mansur y otro abogado de nombre Alfonso Ortega a pasar por terratenientes, requisito legal para adquirir terrenos ejidales que luego fueron sobrevendidos a una compañía fantasma denominada Consorcio Brades, propiedad del propio Mansur.
El único de los cómplices de Duarte detenido es Javier Nava, capturado por la Interpol en Barcelona, España. Es un contador que facilitó las operaciones fiscales que involucraron a empresas fachada.
Otro personaje clave es la esposa del propio Duarte, Karime Macías. Según declaraciones tanto de Ortega como de Janeiro, era quien ordenaba múltiples operaciones a través de las empresas falsas, por ejemplo la adquisición de cuatro departamentos en el complejo St. Regis en Nueva York.
Macías no está detenida ni existe una orden de aprehensión en su contra. Cuando Duarte fue capturado estaba con su esposa en Guatemala, a donde ingresaron ilegalmente, pero no fue deportada a México. En cambio se le permitió irse a Colombia junto con sus padres, también indagados por la PGR, y desde ahí volaron a Londres, donde hoy permanecen.
Cabe preguntarse ahora si la justicia los alcanzará o todo terminará con la detención de Duarte que, convenientemente, coincidió con el arranque del proceso electoral en el Estado de México, la entidad más poblada del país.
Hace unas semanas los medios difundieron una fotografía del día en que el presidente Peña Nieto asumió el cargo en 2012. Ahí aparece junto a 19 gobernadores del PRI, de los cuales 10 están hoy acusados y señalados de posibles hechos de corrupción. Solo tres están detenidos y ninguno ha sido sentenciado.
Entre esos gobernadores de la foto están los tres –incluido Javier Duarte– que Peña Nieto, siendo candidato a la presidencia, promocionó como la nueva generación del PRI. Hoy, esas figuras son el rostro de la corrupción misma.
Basta de promesas vacías.
Legisladores: aprueben la ley de la Fiscalía General y nombren a un fiscal autónomo que persiga a los corruptos (y dejen de encubrir con fuero a quien deba responder ante la justicia). Presidente: aproveche la oportunidad de terminar con la impunidad y vaya tras el resto de los responsables, los de la red de Duarte y los otros exgobernadores (incluidos los de su partido).
¿Y nosotros? No nos conformemos con una detención; exijamos que haya procesos y sentencias. Tampoco normalicemos la corrupción, denunciemos todo, incluida la mordida al policía que origina la descomposición. Ya tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción en el papel que busca prevenir y no solo castigar los daños; reclamemos ahora que funcione para que no sea tan fácil que los ladrones se lleven el dinero de todos.
Es eso o es seguir esperando al nuevo PRI y al próximo Javier Duarte.
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