UE Y DEMOCRACIA:“Hay que abrir las instituciones de la Unión al debate público”
29 julio 2015
VoxEurop
Libération
29 julio 2015
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Libération
Para el sociólogo Antoine Vauchez, la crisis griega ha puesto en evidencia el papel de la Comisión, del Banco Central Europeo y del Tribunal de Justicia Europeo, en la aplicación estricta de reglas económicas que gobiernan la Unión y que se imponen a ciudadanos, representantes políticos y naciones sin la posibilidad de que sean discutidas.
En una entrevista publicada en Libération y realizada por Philippe Douroux, el autor de Démocratiser l'Europe(Ed. du Seuil, 2014, no disponible en castellano) denuncia la imposibilidad de tener un debate democrático sobre la política económica en la Unión.
Sin embargo, señala, "el proyecto europeo inicial, el proyecto de Roma en 1957, fue también un proyecto político y no sólo un conjunto de normas comunes para una zona económica y monetaria unificada".
Hoy, sin embargo, el único gobierno europeo real es el del mercado único y la zona euro, que se rige por las tres instituciones llamadas "independientes", el Tribunal de Justicia (TJCE), la Comisión y el Banco Central (BCE) europeo. Los tres están compuestos por funcionarios no electos-- incluso aunque los comisarios sean aprobados por el Parlamento – y, paradójicamente, han "construido la capacidad política de Europa, pero siempre reivindicando mantenerse a distancia de ideologías partidistas y de diplomacias consideradas como celosas de los "egoísmos nacionales". Y he ahí, denuncia Antoine Vauchez,
Un sesgo fundamental de la Unión: cada vez que se busca un interés general europeo, se acude a una institución independiente, lejos del campo de la política. Y la crisis del euro sólo ha profundizado el surco. En esta econo-política de Europa, los miembros de los parlamentos, europeos o nacionales, tienen una segunda función: no tener la iniciativa de las leyes europeas, viéndose obligados a asumir el papel de acompañantes, sin jugar un papel de equilibrio en la unión cada vez más estrecha de las economías.
Y aun cuando, como en la recientecrisis de la deuda griega, los ministros de Finanzas y jefes de Estado y de Gobierno de la zona del euro están involucrados, "incluso la estructura del juego de estas negociaciones entre Estados apoya la posición de aquellos que, como el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, defienden el fortalecimiento de las normas de la presente constitución económica supranacional que han construido los 'independiente' a lo largo de los últimos años ", afirma Vauchez.
En cuanto al Parlamento Europeo, tenía, después de las elecciones europeas de 2014, que haber asumido su papel en el debate democrático europeo. Sin embargo Vauchez cree que " ha perdido mucho durante la crisis", porque "no tiene ningún representante en la troika [BCE, FMI y la Comisión Europea] y, aún hoy, ningún parlamentario está asociado con la redacción de los planes de austeridad, en particular los de Grecia".
El uso por parte del primer ministro griego Alexis Tsipras del referéndum sobre el plan de ayuda propuesto por el Eurogrupo es "una forma de respuesta a la imposibilidad de la aparición de un sesgo político transnacional en torno a las políticas de la Unión. Por lo tanto, dice el investigador francés, "nos situamos en un derecho económico de alguna manera brutal, una pura relación entre acreedores y deudores, entre los países del Norte y del Sur". El hecho de que algunos hayan acusado a la consulta popular de ser una "negación de la democracia" muestra cómo el voto no es una parte de los modos de desarrollo de los compromisos políticos en Bruselas".
Y si ningún político europeo se las arregla para salir de este bloqueo, es porque "las normas establecidas por la Comisión o el BCE paralizan la voluntad política. [...] Cuando entran en la escena europea, los actores políticos son como absorbidos por esta tendencia de caída fuerte del proyecto europeo, lo que les lleva a deshacerse de sus prerrogativas en beneficios de instituciones externas al ámbito político". Existen formas de resistencia a esta tendencia, continua Vauchez, como el Tribunal Constitucional en Karlsruhe (Alemania), Podemos en España o Syriza en Grecia. Pero el problema, subraya, "es que estas expresiones políticas son acusadas como una forma de ilegitimidad porque no son "europeas", como si las legitimidades democráticas nacionales se anularan a nivel europeo".
Para corregir esta situación, Vauchez propone que el BCE y la Comisión hagan públicos los debates en los que intervienen, organizando lo que él llama "la expresión pública de los desacuerdos y discusiones que se entrecruzan". La intervención de actores externos, como los partidos, representantes de la sociedad civil y sindicatos, respecto a los miembros de la junta directiva del BCE proporcionaría el necesario vínculo con la sociedad.
Las herramientas para asegurar el imperio de la política sobre la economía todavía existen, asegura Vauchez, que recuerda que "el Tratado de Lisboa establece que los parlamentos europeos pueden unirse para oponerse a una iniciativa de la Comisión", una iniciativa que
Se utilizó en 2012 contra el proyecto Monti-2 sobre la limitación del derecho de huelga. Un frente común de los parlamentos nacionales ayudó a frenarlo, lo que demostró que podían hacer valer su peso frente a la Comisión. También es necesario que los partidos nacionales reconozcan esta responsabilidad europea que ahora es su responsabilidad para que pueda existir esta política transnacional.
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