La alimentación escolar es un derecho
El MINERD debería referirse a este programa como parte de los requerimientos para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación preuniversitaria, no como de ayuda a familias pobres.
En el Art. 177 de la Ley de Educación 66’97 “Se crea el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil como un organismo descentralizado, adscrito a la Secretaría de Estado de Educación y Cultura” -ahora Ministerio de Educación (MINERD)-. “Este organismo tendrá por finalidad promover la participación de los estudiantes en las diversas actividades…, tales como: transporte, nutrición escolar y servicios de salud, apoyo estudiantil en materiales y útiles escolares…”.
En el Art. 178 “Se crea el desayuno escolar como institución que asegura el suministro regular, eficiente y gratuito del desayuno escolar a todos los niños y niñas del sistema educativo que así lo necesiten”. Y el Art. 179 establece “El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil tendrá fondos propio provenientes del Estado, a través de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura…”. Y la Constitución de la República en su Art. 63, numeral 3, expresa: “El Estado garantizará la educación pública gratuita y la declara obligatoria en el nivel inicial, básico y medio…”.
En consecuencia, para que los niños, adolescentes y jóvenes tengan acceso al derecho de la educación con probabilidad de éxito, también deben tener acceso a otros derechos como la alimentación, la salud, la protección, entre otros.
Una correcta alimentación constituye un elemento fundamental para el buen desarrollo psicomotor y somático de los escolares. ¿De qué valdría tener aulas repletas de estudiantes desnutridos, debido a una condición socioeconómica que ellos no determinaron?
La alimentación es fundamental para el crecimiento y el desarrollo físico, psicológico y emocional de niños y niñas, y un medio de prevención de enfermedades. Investigaciones recientes en EUA dan cuenta de que la pobreza daña el cerebro y la falta de alimentos en los niños se relaciona con su rendimiento académico.
Para los entendidos, la pobreza es, sobre todo, un indicador de incapacidad social. Evidencia que una sociedad –la dominicana es una de ellas- no ha logrado generar las respuestas apropiadas para satisfacer sus demandas básicas y que no ha podido articular un sistema educativo para formar las competencias humanas y sociales que sean las bases de los procesos de inclusión social. ¿Será que ha faltado y falta liderazgo educativo en el país?
Se sabe que el crecimiento económico no soluciona el problema de la pobreza; se requiere una educación de calidad, pues ella representa la clave para resolverla de manera exitosa, condición que todavía debe enfrentar la RD. Estimaciones indican que un individuo reduce en un seis por ciento la probabilidad de ser pobre por cada año de educación. Por eso, la educación es considerada como la inversión social con las más altas tasas de retorno, tanto para la sociedad como para los individuos, aspectos corroborados por la historia del desarrollo de las naciones: unas, de éxito y crecimiento, que han realizado apropiadas inversiones en el largo plazo en la educación, y otras, de atraso y bajo crecimiento económico, que han tenido un bajo y discontinuo nivel de inversión en la educación.
Durante el pasado proceso electoral, el hoy presidente Danilo Medina prometió, no sólo que asignaría el 4% del PIB a la educación preuniversitaria, como establece la Ley 66’97, sino que se construirían unas 28,000 aulas para que al terminar el período gubernamental en el año 2016, la mayoría de los estudiantes del sector público asistiera a escuelas con jornada de 8 horas diaria de docencia.
A medida que pasa el tiempo el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil demanda mayor cantidad de recursos financieros, porque además del desayuno escolar de las escuelas con jornada simple se adicionan las prometidas de jornada extendida. Como en estas últimas se sirven alimentos que cubren casi la ingesta diaria de los estudiantes, el MINERD, al parecer, le atribuye finalidades que sobrepasan los objetivos del PAE y la extensión del horario escolar: mejorar la calidad de la educación.
Esto se colige del discurso pronunciado en una inauguración de escuelas, que reportó la prensa: “El titular de Educación, Carlos Amarante Baret, proclamó que la jornada de Tanda Extendida es un acto de justicia del presidente Medina, porque acude en auxilio de miles de hogares pobres”.
Esta visión del titular de la cartera es desafortunada, porque el PAE no tiene esos propósitos y presentarlo como un programa de beneficencia es preocupante. Es un Programa de Alimentación Escolar no de caridad gubernamental, además, la alimentación escolar es un derecho.
El MINERD debería referirse a este programa como parte de los requerimientos para lograr el mejoramiento de la calidad de la educación preuniversitaria, no como de ayuda a familias pobres. http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8272003-la-alimentacion-escolar-es-un-derecho/
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