Opinión
Pacto eléctrico para principiantes
El sector eléctrico dominicano ha ido de fracaso en fracaso. La reforma iniciada a finales de los noventa reconocía la bancarrota de la forma en que funcionaba hasta ese momento. Ahora, el compromiso de alcanzar un pacto nacional sobre el sector eléctrico establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) es un reconocimiento del fracaso de ese proceso de reforma. La convocatoria a discutir y convenir en un pacto eléctrico es, por lo tanto, el tercer intento de lograr un sistema más eficiente y sostenible.
El sector acusa elevados costos de generación, muy altos precios de compra por parte de las empresas distribuidoras, muy elevados costos de distribución, altas pérdidas de energía por el mal estado de las redes, hurto generalizado de energía y, por lo menos hasta hace poco, muchos tramos tarifarios subsidiados, es decir, con precios efectivos por debajo del costo de entrega. Además, todavía hay unas pocas zonas del país que no tienen servicio, y en muchos barrios el estado de las redes es tan calamitoso que impide un servicio regular.
El resultado de esta combinación es conocido por todo el mundo: altos precios de consumo, interrupción del servicio (equivalente a cerca del 20% de la demanda total, con unas zonas mucho más racionadas que otras) por la incapacidad de las empresas distribuidoras de cobrar la energía que sirven, un servicio inseguro en muchas zonas, y un enorme déficit operativo de estas empresas que en años recientes ha sido cubierto con cerca de un 10% del presupuesto público a fin de evitar un colapso de la oferta.
De lo anterior se deriva que los actores que participan en el pacto deberían proponerse acciones concretas y medibles para en plazos razonables lograr los siguientes puntos. Primero, producir energía más barata y más limpia, aunque a veces, estos dos objetivos son difíciles de reconciliar. Diversificar la matriz energética también es un objetivo importante porque reduce los riesgos de shocks de precios.
Segundo, lograr precios más bajos de compra de energía por parte de las distribuidoras; esto depende de los costos de generación pero también de los términos de la contratación de energía. Eso requiere evitar que las empresas generadoras coludan para fijar precios, en caso de que lo hagan, y agenciar contratos razonables.
Tercero, reducir el costo de distribuir energía. Las empresas distribuidoras son muy ineficientes no sólo porque han tenido el subsidio asegurado sino también porque, como es conocido, tienen una nómina muy elevada. Se les acusa de seleccionar proveedores con criterios políticos y de tratos privilegiados a éstos, y a estos proveedores de participar en los esquemas de fraude a las distribuidoras. Transformar radicalmente el desempeño de esas empresas es una pieza crítica de la reforma del sector.
Cuarto, reducir drásticamente el fraude eléctrico. La impunidad con la que se comete el robo de energía en zonas con redes en relativamente buen estado por parte de clientes comerciales y residenciales, muchas veces no pobres y a través de sofisticados mecanismos, junto al precario estado de las redes en zonas marginadas que impide una adecuada gestión comercial, es la principal debilidad del sistema. Resolver este problema implica invertir montos significativos en las redes, y actuar decididamente contra el robo de energía.
Muy pocos han sido procesados por este delito, lo que resulta en un mensaje claro de que nada pasará aún si las empresas distribuidoras lo descubren, más allá de alguna penalidad monetaria.
Y quinto, aunque no es el principal problema, hacer que la tarifa eléctrica refleje los costos de producción y distribución. Eso es lo que se ha denominado “tarifa técnica”. Con los costos de generación reducidos por la caída en los precios de los combustibles, este es un excelente momento para hacerlo porque es probable que eso no implique aumentos significativos de precios. Distinto a la salud, la educación, la seguridad pública y la justicia, la electricidad no es un bien público sino uno privado. Hay que tratarlo como tal, para que el precio permita que el sistema sea viable. El subsidio a la tarifa o al consumo se justifica sólo para población muy pobre y en otros casos excepcionales.
Sin embargo, no debe quedar dudas de que el corazón del problema eléctrico está en la distribución y en el hecho de que no se cobra lo que se sirve. El costo para la sociedad es inmenso porque se quitan recursos para la inversión económica y social para tapar un “hoyo” improductivo.
Por último, hay que establecer metas concretas y verificables, y un sistema de consecuencias para quien no cumpla con su parte. Si no, todo se quedará en poesía.
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El sector acusa elevados costos de generación, muy altos precios de compra por parte de las empresas distribuidoras, muy elevados costos de distribución, altas pérdidas de energía por el mal estado de las redes, hurto generalizado de energía y, por lo menos hasta hace poco, muchos tramos tarifarios subsidiados, es decir, con precios efectivos por debajo del costo de entrega. Además, todavía hay unas pocas zonas del país que no tienen servicio, y en muchos barrios el estado de las redes es tan calamitoso que impide un servicio regular.
El resultado de esta combinación es conocido por todo el mundo: altos precios de consumo, interrupción del servicio (equivalente a cerca del 20% de la demanda total, con unas zonas mucho más racionadas que otras) por la incapacidad de las empresas distribuidoras de cobrar la energía que sirven, un servicio inseguro en muchas zonas, y un enorme déficit operativo de estas empresas que en años recientes ha sido cubierto con cerca de un 10% del presupuesto público a fin de evitar un colapso de la oferta.
De lo anterior se deriva que los actores que participan en el pacto deberían proponerse acciones concretas y medibles para en plazos razonables lograr los siguientes puntos. Primero, producir energía más barata y más limpia, aunque a veces, estos dos objetivos son difíciles de reconciliar. Diversificar la matriz energética también es un objetivo importante porque reduce los riesgos de shocks de precios.
Segundo, lograr precios más bajos de compra de energía por parte de las distribuidoras; esto depende de los costos de generación pero también de los términos de la contratación de energía. Eso requiere evitar que las empresas generadoras coludan para fijar precios, en caso de que lo hagan, y agenciar contratos razonables.
Tercero, reducir el costo de distribuir energía. Las empresas distribuidoras son muy ineficientes no sólo porque han tenido el subsidio asegurado sino también porque, como es conocido, tienen una nómina muy elevada. Se les acusa de seleccionar proveedores con criterios políticos y de tratos privilegiados a éstos, y a estos proveedores de participar en los esquemas de fraude a las distribuidoras. Transformar radicalmente el desempeño de esas empresas es una pieza crítica de la reforma del sector.
Cuarto, reducir drásticamente el fraude eléctrico. La impunidad con la que se comete el robo de energía en zonas con redes en relativamente buen estado por parte de clientes comerciales y residenciales, muchas veces no pobres y a través de sofisticados mecanismos, junto al precario estado de las redes en zonas marginadas que impide una adecuada gestión comercial, es la principal debilidad del sistema. Resolver este problema implica invertir montos significativos en las redes, y actuar decididamente contra el robo de energía.
Muy pocos han sido procesados por este delito, lo que resulta en un mensaje claro de que nada pasará aún si las empresas distribuidoras lo descubren, más allá de alguna penalidad monetaria.
Y quinto, aunque no es el principal problema, hacer que la tarifa eléctrica refleje los costos de producción y distribución. Eso es lo que se ha denominado “tarifa técnica”. Con los costos de generación reducidos por la caída en los precios de los combustibles, este es un excelente momento para hacerlo porque es probable que eso no implique aumentos significativos de precios. Distinto a la salud, la educación, la seguridad pública y la justicia, la electricidad no es un bien público sino uno privado. Hay que tratarlo como tal, para que el precio permita que el sistema sea viable. El subsidio a la tarifa o al consumo se justifica sólo para población muy pobre y en otros casos excepcionales.
Sin embargo, no debe quedar dudas de que el corazón del problema eléctrico está en la distribución y en el hecho de que no se cobra lo que se sirve. El costo para la sociedad es inmenso porque se quitan recursos para la inversión económica y social para tapar un “hoyo” improductivo.
Por último, hay que establecer metas concretas y verificables, y un sistema de consecuencias para quien no cumpla con su parte. Si no, todo se quedará en poesía.
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