Nuestro país adolece de una política general de vivienda, así como de una institucionalidad que le dé soporte a esta importante herramienta de desarrollo, considerada de primer orden en la mayoría de los países.
Tradicionalmente los gobiernos han construido proyectos de viviendas a nivel nacional, sin que estos respondan a una política estructurada de viviendas. Muchos de los proyectos se han llevado a cabo sin una debida programación, realizado en terrenos ajenos, habiendo actuado el Estado, en algunos casos, como competidor desleal o como donante de recursos del Estado a familias necesitadas o no necesitadas, con costos elevados y otra serie de anomalías.
Por primera vez vemos un Gobierno haciendo pininos en lo que podría ser una política de vivienda bien estructurada, transparente y bajo esquemas de confianza financiera. Obviamente me refiero al uso intensivo del fideicomiso.
La vivienda de interés prioritario y la vivienda de interés social necesitan de incentivos del Estado para que los potenciales adquirientes puedan realizar sus sueños. Los tipos de subsidios son variados, pero lo que sí es una realidad es que existen en todos los países. Otros más desarrollistas incluyen subsidios para la clase media, lo que constituye casi un pecado proponerlo a nuestras autoridades.
ACOPROVI propuso a los diferentes sectores de la sociedad, incluidos sector patronal, laboral y gubernamental la creación de un Fondo Nacional de la Vivienda, vía un subsidio a la tasa de interés de los préstamos hipotecarios de las viviendas de bajo costo utilizando parte del dinero acumulado en los fondos de riesgos laborales, parte que no merma la vocación para lo que son aportados por los patronos.
Esta propuesta ha calado positivamente en los diferentes receptores y estamos a espera de su implementación, lógicamente debe ser impulsada por el Gobierno Nacional.
El Estado, a través de la Junta Monetaria ha creado un mecanismo parecido para fomentar la producción de viviendas de bajo costo, vía la liberación de DIEZ MIL MILLONES de pesos (RD$10,000 MM) del Encaje Legal depositado por las entidades de intermediación financiera. Vale decir que es un gran aporte a las clases más necesitadas y al fomento de la construcción de viviendas sociales , así como a la economía en general, a la vez que hace una realidad no solo tasas hipotecarias bajas, si no de largo plazo. Un verdadero hito en el sector habitacional de nuestro país.
Sin embargo, a pesar de las bondades de la medida descrita, es importante considerar que la propuesta de ACOPROVI del FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA con el uso de OCHO MIL MILLONES DE PESOS (RD$8,000MM) de los Fondos de Riesgos Laborales, así como la continuidad del aporte por parte de los patronos para este fin fomentaría la producción de mas viviendas que las que fomenta la liberación de encaje, según análisis comparativo que hacemos a continuación.
Como se puede observar hay una gran diferencia en la cantidad de viviendas a subsidiar con ambos esquemas. Mientras que con diez mil millones de pesos Dominicanos del encaje legal solo se pueden subsidiar entre nueve mil y diez mil viviendas (depende del precio), con ocho mil millones de los riesgos laborales se pueden subsidiar entre cincuenta mil y setenta mil viviendas. La razón es sencilla:
Mientras que con la liberación del encaje se fondea el monto total del préstamo de largo plazo con los recursos del subsidio de tasa solo se fondea el interés del préstamo y por un tiempo mas corto.
La realidad es que ambos esquemas de subsidios son complementarios y la suma de ambos son, además de una necesidad, una verdadera revolución a la economía Dominicana y un paso agigantado contra el déficit habitacional del país.
http://hoy.com.do/se-estan-dando-pasos-para-politica-de-vivienda-en-la-republica-dominicana/
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