Javier Duarte, el político más odiado de México: callado, procesado y hundido
Crónica de 12 horas de audiencia en la cárcel del norte de la Ciudad de México. El juez acepta las pruebas de la fiscalía. El exgobernador de Veracruz irá a juicio por delincuencia organizada y lavado de dinero
México
Pasar desapercibido, fundirse con el revoltijo jurídico de los abogados, convertirse en un argumento legal, sentarse, mirar a los lados, doblar papeles como quien firma decretos. Javier Duarte vivió ayer el principio del fin. Su fin. El juez aceptó finalmente las pruebas de la fiscalía mexicana y decidió procesarlo por dos delitos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. O, dicho de otra forma, por robar. Por robar, hacer robar y tratar de disimular.
Los investigadores acusan al exgobernador de Veracruz de sacar 80 millones de dólares de las arcas del estado. De crear una red de testaferros, compinches y empresas falsas. De usarla para que el robo pareciera legal. De ser el líder, el capo. Según explicó ayer el Ministerio Público, Duarte dedicó todo su mandato a saquear las cuentas del estado. Su estado. La región que gobernó de 2011 a 2016.
Duarte se ha convertido en el gran villano de México. Alzado en su día como uno de los estandartes del nuevo PRI, el mandatario era pura derrota este sábado. El silencio. En 12 horas de audiencia, apenas abrió la boca tres veces, las tres para decir que estaba de acuerdo con los alegatos de su abogado. "Me adhiero a lo expresado por mi representante", contestaba al juez.
Hace apenas cinco años, Duarte era ejemplo de la nueva generación de un partido que había gobernado el país sin interrupción durante 71 años. El propio presidente, Enrique Peña Nieto, lo nombró en más de una ocasión, queriendo así romper con el pasado, elevando las bondades del PRI a las virtudes de una nueva camada de gobernadores y diputados. Resulta curioso que ahora, cinco años después, Duarte simboliza de nuevo al PRI, otra vez arrugado. A ese PRI del mismo Peña Nieto, desplomado en los índices de popularidad, denostado por amplios sectores del país. Criticado por plegarse ante Donald Trump, por la inflación, por el aumento de la inseguridad y la violencia. Al PRI del exgobernador Roberto Borge, preso en Panamá, acusado en México de lavar dinero. Al PRI del exgobernador César Duarte, prófugo de la justicia, también por robar.
Más que un juicio contra Duarte, parece un juicio contra el nuevo PRI.
82 pruebas
Los fiscales de la Procuraduría General de la República, PGR, aparecieron en la sala de audiencias como trenes de mercancía. Dolidos en su orgullo, explicaron al detalle los motivos por los que acusaban a Duarte. La prensa mexicana había criticado con dureza su actuación del lunes. Parecía, leían las columnas de opinión, que la fiscalía no tenía ningún interés en procesar al exgobernador.
A falta de seis meses para que concluya su investigación, el Ministerio Público presentó 82 pruebas contra Duarte. Las hay de todo tipo, pero las más importantes son los testimonios de tres de sus antiguos colaboradores. Se trata de Alfonso Ortega, abogado y uno de los arquitectos de la trama de empresas falsas; de Arturo Bermúdez, antiguo jefe de la policía de Veracruz, actualmente en prisión y de Juan José Janeiro, abogado señalado como otro de los arquitectos de la trama.
Apoyándose en un powerpoint de 24 diapositivas, la PGR explicó cómo la red delictiva de Duarte habría sacado dinero de las arcas del estado y lo habría inyectado al sistema financiero, comprando y vendiendo propiedades, aparentando así su legalidad. Uno de los fiscales explicó por ejemplo cómo diferentes dependencias del Gobierno licitaron contratos con empresas fantasma. Cómo los contratos eran en realidad una farsa. Cómo el dinero iba a parar a otras empresas y finalmente a manos de sus testaferros. Cómo esos testaferros, haciéndose pasar por campesinos, compraron miles de metros cuadrados de terreno en la costa de Campeche, en el Golfo de México, a menos de un peso -centavos de dólar- el metro cuadrado. Cómo empresas de la trama adquirieron más tarde esos terrenos, a más de 250 pesos el metro cuadrado, tratando de limpiar el rastro del robo inicial.
Es uno de los ejemplos. Los fiscales explicaron también que el dinero robado sirvió para comprar un yate de 800.000 dólares, joyas por valor de 225.000 dólares, departamentos en la costa del Atlántico, tiempos compartidos en un hotel de lujo en Nueva York, en la Ciudad de México... A ratos parecía el juicio en sí y no una audiencia preliminar, un trámite. El juez sólo tenía que decidir si abría proceso, es decir, si estimaba que la contundencia de las pruebas eran suficiente como para mandar a Duarte a juicio.
Durante la semana, la presión había sido muy alta. La defensa de Duarte había vendido la sensación de que el caso de la PGR era muy débil. El historial de la propia institución hacía el resto. No hubiera sido la primera vez que un tribunal desechaba uno de sus casos estrella. En octubre de 2015, el juez liberó a un grupo de militares acusados de asesinar a ocho personas, después de un enfrentamiento en un pueblo del Estado de México. Consideraba que las pruebas que había aportado la PGR no eran suficientes. El caso Tlatlaya había sido un escándalo en México y pese a ello, moría a orillas del juzgado.
Con Duarte, los fiscales pelearon como si les fuera la vida. No importó la elegancia de los alegatos de la defensa, que argumentó que, en realidad, las pruebas de la PGR no probaban los hechos; que no detallaban quienes, cómo y cuándo se habían robado los 80 millones de dólares. El juez decidió que eso quedaba para el juicio. De momento, dijo, los indicios eran más que suficientes para mandar a Duarte al banquillo.
La audiencia concluyó y Duarte salió del juzgado rodeado de policías encapuchados, armados, el frío cayendo del Cerro del Chuquihuite, el límite de la ciudad con el Estado de México. La sala de audiencias funciona junto al reclusorio y el viaje fue corto. El exgobernador no dijo ni trató de declarar nada.
Parece muy lejano el día en que recitó un poema al salir de una audiencia en Guatemala, donde le habían capturado meses antes. Y sin embargo sólo han transcurrido dos semanas. Duarte declamó entonces: "Paciencia, prudencia, verbal contingencia, presencia o ausencia según conveniencia".
La prensa descubrió poco después que el exgobernador recordaba así a su esposa, Karime Macías. Dos años antes, Macías había escrito casi lo mismo en una columna. Su "receta milagrosa" para vivir en virtud.
Los medios se tomaron a guasa a Duarte. El exmandatario se había equivocado. Dijo contingencia en vez de continencia. Ese mismo día se supo que Macías había iniciado los trámites de divorcio.
El exgobernador espera ahora en el reclusorio norte de la Ciudad de México. El juez ha decidido que allí está bien y se ha negado a trasladarlo. La PGR cuenta con seis meses para concluir su investigación. Si los abogados de Duarte no recurren la decisión, el tiempo corre. La justicia mexicana tiene un año para dictar sentencia. https://internacional.elpais.com/internacional/2017/07/23/mexico/1500836932_434351.html
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