Por Fausto Herrera Catalino
7 de febrero de 2017. SANTO DOMINGO
La macroestafa descubierta de las operaciones de sobornos a cambio de contratos por 788 millones de dólares, confesada a la justicia brasileña y norteamericana, por los ejecutivos de la constructora Odebrecht, desató la ira ciudadana en 11 países latinoamericanos y Angola, en África.
La República Dominicana aparece registrada con el tercer mayor soborno por 92 millones de dólares. La atención ciudadana tiene su mira puesta en la sobrevaluación de las obras. Según el ingeniero Antonio Almonte, en el caso de Punta Catalina, la sobrevaluación del contrato supera los 600 millones de dólares.
Las repercusiones internacionales del caso obligaron al ministerio público dominicano emprender una fase de entrevistas e interrogatorios a un influyente lobista, el representante de la indicada empresa junto a su abogado y seleccionados funcionarios de los últimos cuatro mandatos presidenciales, que tuvieron a la cabeza del Congreso Nacional e instituciones que aprobaron y firmaron contratos con Odebrecht del 2001 al 2015.
La trama para el encubrimiento de los acusados, todavía sin identificar, único país; tiene características política, jurídica, financiera, social y ética, como el estribillo “caiga quién caiga”, según repite en cada presentación el Procurador General. ¡Qué sarcástico!
El referido, al declarar concluida una primera etapa, anunció que llegó a un “acuerdo confidencial”, un insólito trato privado a un asunto del máximo interés público, por virtud del cual Odebrecht devolvió en el acto 30 millones de dólares y en los próximos ocho años abonará hasta el completivo del duplo sobornado, o sea, 184 de millones de dólares a la República Dominicana.
Son inaceptables las intenciones divulgadas por los juristas contratados por el gobierno que elogian el trato en términos grandilocuente. En igual sentido, los voceros y comunicadores oficialistas.
En cambio, la población vestida de color verde esperanza se manifestó con indignación el 22 de enero último, observa con aturdimiento y resistencia ciudadana un nuevo engaño para justificar la gran estafa al país por la complicidad instituida desde el control de los poderes públicos.
La maniatada justicia dominicana, será otra vez utilizada para “legalizar” un aberrante acuerdo cuyo anuncio colmó de vergüenza la dignidad nacional. Será la culminación de la más humillante traición al país del Partido de la Liberación Dominicana y quien lo acompañe en esa maligna transacción en violación de las leyes nacionales y la Constitución vigente.
La lucha del pueblo en calles y espacios públicos exige una comisión de fiscales independientes, demanda civil y penal a la Odebrecht y pago del duplo completo.
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