Miserias de la impunidad
Antonio Almonte - 10 de enero de 2017
“Si la sociedad no se conmueve por hechos que propician el desorden público, porque se matizan o se niegan con el lenguaje, o se atemperan o se excluyen de la ley por la vía de la retórica, entonces poco podremos hacer en bien de la justicia” (Julio Scherer Ibarra, 2009).
En ese sentido, el hecho de que la marcha contra la impunidad prevista para el próximo 22 de enero sea convocada por personalidades y organizaciones independientes de la sociedad constituye un mensaje muy positivo.
La violación sistemática e impune de la ley, incluyendo el crimen de sangre y el robo a mansalva de los recursos públicos es una agresión a todo el cuerpo social, no solo a los intereses de los partidos políticos y sus dirigentes. La gente pobre, o políticamente “desconectada”, la sufre en piel viva cuando, por ejemplo, un juez vendido al dinero y al poder le niega justicia a un hijo u otro pariente cercano.
Por otro lado, el ímpetu actual de la corrupción en nuestro país ha generado un cierto tipo de impunidad cultural, practicada principalmente por algunos comunicadores e intelectuales que comentan y escriben sobre hechos palmarios de corrupción, privilegios irritantes, narcotráfico y violación de las leyes, y lo hacen de manera vaga, con embozado cinismo o simplemente negándole relevancia e interés noticioso. Se trata de una inducción sutil de la población a que se desinterese del tema o a que lo acepte la estafa o el desfalco como cosa inevitable o pecatta minuta que “todos hacen” y que, finalmente, no es culpa ni responsabilidad de nadie, ni siquiera de las autoridades.
La persecución y castigo del violador de la ley es parte esencial,- y una responsabilidad social-, del Estado de derecho. La violación de la ley implica la transgresión del orden y las garantías ciudadanas.
En su libro Lo justo, Paul Ricoeur lo escribe del modo siguiente:
“Respecto a este orden toda infracción es un atentado contra la ley, una perturbación del orden […] . En una y otra versión de la transgresión, el castigo tiene como primera función reparar un disturbio público, es decir, restablecer el orden”.
En la República Dominicana, tanto la impunidad legal como la cultural seguirán fortaleciéndose si no las enfrentamos de manera resuelta: ¡indignados!
Odebretch, los Tucanos, JCE, OISOE y la expansión del narcotráfico son puras miserias de la impunidad y la mediocridad político social impuestas por el “progreso” morado. Digamos ¡BASTA YA! el próximo 22 de enero.
http://acento.com.do/2017/opinion/8417598-miserias-la-impunidad/
Antonio Almonte
Detalles
Actual Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía del PRM. Graduado en física y en ingeniería nuclear (Madrid y Londres).
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