¿Pactar qué o para qué? / Millizen Uribe

Millizen Uribe

Por MILLIZEN URIBE
muribe44[@]gmail.com 
09 junio, 2015 2:00 am

No todo lo legal es legítimo. Así lo han establecido teóricos como John Locke, Norberto Bobbio, Antonio Negri y Giovanni Sartori.

Ambos términos se refieren al poder, pero, siguiendo el razonamiento de Bobbio, la legitimidad hace referencia a la titularidad y responde a la perspectiva de quien ejerce el poder, y la legalidad al ejercicio del poder mismo, tomando en cuenta al ciudadano.

El poder para ser justo debe ser legítimo y legal. De ahí, que en tiempos donde la democracia representativa es cada vez más cuestionada, los gobernantes que tengan real y profunda vocación han de perseguir no sólo la legalidad de sus actos, sino también la legitimidad. Los pactos políticos son perfectamente válidos y legales. Históricamente se han hecho tanto a nivel internacional como nacional.

Famosos son los Pactos de la Moncloa, acuerdos firmados en España, en 1977, tras la caída de la dictadura franquista, para transitar hacia la democracia.

Estos pactos contaron con la participación de los partidos políticos con representación parlamentaria, asociaciones empresariales y sindicatos.

En República Dominicana la historia también reporta varios pactos. Sin embargo, la mayoría no obedecen a causas mayores como la restauración de la democracia o la adopción de políticas económicas diferentes.

Por el contrario, son de grupitos y sin participación de diversos sectores sociales, políticos y económicos. Además, su fin es la llegada, instauración y mantenimiento del poder.

Recientemente, históricas fuerzas partidarias del país han anunciado la firma de pactos. ¿Resisten estos un examen de legitimidad y justeza?

Sus apologistas podrán decir que en el marco de un sistema democrático representativo cuentan con el poder delegado por el pueblo. Empero tomando en cuenta las distorsiones, inequidades y fraudes que se imponen en la búsqueda de las candidaturas, en la campaña política y en las elecciones, que incluye la compra del voto y por ende de la voluntad popular, se podría cuestionar que tan legal y legítima es esa representación.

Lo mismo sucede con el fin. La delegación del poder que hace el pueblo y los militantes de los partidos es para la defensa de sus intereses, pero estos últimos pactos no han sido refrendados por la voluntad popular ni partidaria, por lo que se limitan a intereses de cúpulas.

Nueva vez urge trascender el pragmatismo político y la búsqueda del poder por el poder. Así, serán bienvenidos los pactos que no sólo sean mecanismos de manejo del Gobierno y que no vean el Estado como un pastel o piñata a repartir.

Además, que busquen resolver los problemas estructurales del país. Comida barata, producción agropecuaria, seguridad ciudadana, educación y salud de calidad, transporte organizado. ¿Cuándo pactaremos por esto?

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