Un senador está siendo juzgado por fraude, lavado de activos, abuso de poder, y lo que ha presentado el Ministerio Público es un cuadro dantesco de robo abusivo al Estado, con impunidad y abuso de poder, pero ese senador tiene el apoyo de casi todo el Senado de la República, que ha ido a acompañarle cuando se inició el proceso judicial.
De los tres grandes pactos contemplados en la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el gobierno del presidente Danilo Medina asumió su cumplimiento en el período de 4 años para el que fue electo, y temprano se firmó el Pacto por la Educación, que ha rendido frutos políticos de tangibles resultados para el presidente y su equipo, que tienen altas valoraciones en la opinión pública, hasta el punto de que una parte de la sociedad entiende que el presidente merece otro período de gobierno, no obstante la prohibición de la Constitución de la República.
El capítulo X de la Ley 1-12 designa al Consejo Económico y Social como la entidad responsable de la coordinación de los pactos Educativo, Eléctrico y Fiscal. En el caso del Pacto por la Educación hay que considerarlo como una realidad, y parcialmente un éxito. En el caso del Pacto Eléctrico, se han iniciado las discusiones muy tardìamente, pero a todas luces parece que los intereses en juego tienen mucho más peso que el interés nacional por resolver definitivamente un problema esencial para el desarrollo nacional…Y los debates continúan, dos años después, pese a que la ley otorgaba un año para que el mismo se iniciara.
Para el Pacto Fiscal, la ley es muy clara al decir que al tercer año de aprobada se habrá iniciado un proceso de desmonte fiscal, racionalización, reducción de la evasión, entre otros elementos, pero ya funcionarios del gobierno han dicho que ese objetivo no se completará en esta administración, sino en la siguiente. Esa sola aclaración es una violación flagrante de la ley.
Observe usted lo que dice la ley 1-12 en el único párrafo que tiene el capítulo X:
El pacto fiscal implicará que en un plazo no mayor de 3 (tres) años, se habrá iniciado un proceso orientado a: i) reducir la evasión fiscal, ii) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público, iii) elevar la eficiencia, transparencia y equidad de la estructura tributaria, iv) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos, v) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos, vi) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en esta Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, vii) cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales, y viii) elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
El gobierno se ha acostumbrado, como en las anteriores administraciones, a violar la ley sin tener absolutamente ninguna consecuencia. Con toda la razón el gobierno se siente en el derecho de violar la ley, porque aunque existen otros poderes del Estado, que debían jugar un rol de equilibrio con el Poder Ejecutivo, todo el mundo viola las leyes que le regulan, y nadie asume responsabilidad. En ese sentido, no nos encontramos ante un país con un Estado de Derecho, con un orden social de consecuencias para los violadores de las leyes, sino ante una realidad que todo el mundo conoce, y que nadie enfrenta: Todos violamos las leyes, y no existen mecanismos o no funcionan, para que los violadores paguen con sanciones, pasen vergüenza o no pueda nunca optar para una posición pública.
Una jueza puso en libertad recientemente a una persona acusada de vender millones de pesos al Ministerio de Salud, entregando medicamentos vencidos a los que les cambiaban las etiquetas. Un crimen de lesa patria, horrible y vergonzoso. Ese vender, que es político, saldrá en libertad y probablemente seguirá en sus negocios.
Un senador está siendo juzgado por fraude, lavado de activos, abuso de poder, y lo que ha presentado el Ministerio Público es un cuadro dantesco de robo abusivo al Estado, con impunidad y abuso de poder, pero ese senador tiene el apoyo de casi todo el Senado de la República, que ha ido a acompañarle cuando se inició el proceso judicial. Recordemos que los congresistas forman parte, tienen 4 miembros, del Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y de las Altas Cortes.
Por tanto, no hay consecuencias para nadie. Los sicarios actúan desde las cárceles, y no pasa nada, oficiales de la Policía Nacional son narcotraficantes y venden droga, incautan y luego venden droga, y todo discurre con mucha discreción hasta que a alguien no le dan lo suyo.
La idea es que en este país, en materia de cumplimiento de las leyes haya un poquito más de respeto. Solo eso.
http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8219347-un-poquito-mas-de-respeto-con-las-leyes-por-favor/
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