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| Foto: Conmemoración del día del poder judicial 2018 |
Editorial
Otro poder judicial es posible
El 7 de enero se conmemoró el día del Poder Judicial. Esta fecha está consignada en el artículo 40 de la Ley 327 de 1998. Esta conmemoración debió ser una expresión de alegría y de felicidad para todos los dominicanos; inclusive debió ser una ocasión para la celebración colectiva, si contáramos con un Poder Judicial creíble y justo. Pero no fue así. El 7 de enero no alcanzó ninguna singularidad por el sujeto festejado; al contrario, la fecha que hemos señalado nos ha dejado incertidumbre y pesar. Es dolorosa para una sociedad la constatación de que uno de los Poderes del Estado más importantes se desmorona cada día que pasa; se vuelve cada vez más inconsistente, a pesar de los esfuerzos colosales que realiza una minoría de magistrados. Gracias a esta minoría que no participa del mercado judicial, que honra este Poder con un trabajo ético impecable, que piensa y actúa sin dejarse doblegar por la lógica partidaria, podemos decir todavía que otro poder judicial es posible.
Compartimos con nuestros lectores cuatro razones que nos hacen pensar que otro poder judicial es posible en el contexto actual de República Dominicana:
La primera razón radica en que la sociedad dominicana está tomando mayor conciencia de la urgencia que tenemos de un tejido social caracterizado por una democracia digna e incluyente. Diariamente constatamos indicadores de los pasos que grupos, instituciones y movimientos están dando para que avancemos hacia una democracia sostenible para todos. Una democracia real e inclusiva no es posible sin una justicia íntegra y justa. Por ello las denuncias y las acciones, individuales y colectivas, para que la justicia funcione como debe, cuando debe hacerlo y donde debe hacerlo van obteniendo un reconocimiento social más amplio. Este proceso es lento y difícil; pero tenemos la convicción de que es posible.
La segunda razón descansa en que dentro de los miembros del Poder Judicial hay magistrados que todavía no han vendido su pensamiento, no han hipotecado su libertad; y, sobre todo, tienen un conocimiento cabal de la sociedad dominicana y del ejercicio de la justicia. Este núcleo pequeño pero con valentía incrementada contribuye para que el Poder Judicial vaya adquiriendo otro talante. Tardaremos en ver esta obra acabada, pero se camina hacia la transformación de magistrados marionetas en magistrados con un ejercicio científico de su profesión y con un compromiso insobornable con la humanización de la justicia y de la sociedad a la que esta le sirve.
La tercera razón tiene su fundamento en que en el país existen instituciones de diversos campos del conocimiento comprometidas con una formación holística y transformadora de las personas; una formación que tiene como foco la constitución de sujetos. Formarlos en esta perspectiva los compromete activamente con el reconocimiento y el fortalecimiento de los derechos y de las responsabilidades de las personas y de la sociedad en general. Para que los sujetos formados en esta dirección fortalezcan su dimensión colectiva y abracen la causa del bien común, tienen que contar con una justicia transparente y ética. Estamos convencidos de que las personas que participan de esta formación pueden ser actores claves en los procesos de cambio de una justicia afectada por la corrupción y la impunidad, para avanzar hacia una justicia confiable y consistente.
La cuarta razón estriba en que en el mundo se producen cambios múltiples, con ritmos e intensidades diversas. Estos cambios, de un modo u otro, impactan el desarrollo de la República Dominicana. Quizás la resistencia a estos cambios es fuerte en el país, pero de alguna manera este impacto llegará a los Poderes del Estado Dominicano; y uno de los primeros en ser impactados será el Poder Judicial. Esto podría suceder así por la naturaleza misma de ese poder: está al servicio de las personas para garantizar el equilibrio social y la indagación de la verdad. Las personas, las instituciones y los movimientos no resisten más falta de claridad en el Poder Judicial. Claman por la superación de su actual vulnerabilidad; y esto los impele a trabajar arduamente y de forma coordinada para que el cambio en el Poder Judicial de República Dominicana sea concreto y sin demora. Esperamos que el 2018 sea un año en el que demos pasos efectivos para que otro Poder Judicial sea posible.
https://acento.com.do/2018/opinion/editorial/8525110-poder-judicial-posible/
Editorial
El balance del 2017: Pacto elétrico a medias y el pacto fiscal en el olvido (y XI)
4.4.- Pacto eléctrico a medias y el fiscal en el olvido
Con respecto a los pactos pendientes que están incluidos en la Ley No. 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, este año se logró un acuerdo para la culminación del Pacto Eléctrico. Sin embargo, a pesar de los tres años que tomaron las discusiones para el pacto, el documento final no contiene planteamientos profundos para cambiar la forma como hasta ahora han venido operando las empresas de distribución (las EDE). Sin cambios en ese segmento del sub-sector eléctrico que pierde el 33% de la energía distribuida, no es posible hablar de solución a un problema capital para los hogares y las empresas, así como para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El Pacto Fiscal siguió siendo evadido por el gobierno, acumulando cinco años de incumplimiento de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que lo dispone, incluyendo una Ley de Responsabilidad Fiscal, llamada a revertir la senda de insostenibilidad de las finanzas públicas. Con la promulgación de una legislación como el proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal que se encuentra en el Congreso Nacional desde el 2013 sería posible crear un Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal para, entre otros destinos, ser empleado en caso de desastres naturales como los que impactaron al territorio dominicano en más de una ocasión durante este año. Estos fenómenos afectaron sensiblemente a viviendas, y a la infraestructura productiva y vial, entre otros efectos negativos sobre el stock de activos de los hogares, los emprendedores y el Estado dominicano.
4.5.- La informalidad laboral en 58.9 por ciento
Hace tiempo que se expresan preocupaciones por el alto nivel de informalidad con que opera la economía dominicana, que este año registra un aceleramiento. De acuerdo a cifras oficiales, durante 2017 la informalidad laboral –una aproximación útil al nivel total de informalidad de la economía– llegó a situarse en 58.9%. Dicha realidad indica que casi seis de cada diez dominicanos se encuentran ocupando empleos informales, un factor que, junto a los bajos ingresos generados por la poca competitividad de la economía, obstaculiza la movilidad socioeconómica de la ciudadanía, a la vez que dificulta la posibilidad de los trabajadores poder cotizar a la seguridad social para un retiro digno al final de sus vidas productivas.
El Balance del 2017: Impunidad judicial hacia fuera y hacia dentro (IX)
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| Foto: Awilda Reyes Beltré, la jueza procesada por corrupción |
Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. La impunidad fue un signo distintivo, pero lo fue hacia los juzgados por actos de corrupción dentro y fuera del sistema de justicia:
3.2.- Tampoco se sanciona dentro de la justicia
La situación del Poder Judicial es tan precaria como la del Ministerio Público. Los emblemáticos casos de la ex magistrada Awilda Reyes Beltré, y el ex miembro del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, se encuentran en la fase de audiencia preliminar sin por lo visto exista la voluntad de llevarlos hasta las últimas consecuencias.
En el Poder Judicial ocurre lo mismo que pasa en el Poder Ejecutivo cuando tienen que enfrentar los casos de corrupción. Les basta destituirlos, sin que haya sanción penal contra los responsables. Así fueron destituidos en juicios disciplinarios Awilda Reyes Beltré, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, María Elena Quevedo Rosario, Altagracia Esther Mejía Roca, Margarita Cristo y José Antonio Cepeda.
Cuando ocupó por última vez la Procuraduría General de la República, Francisco Domínguez Brito denunció la existencia de una estructura a lo interno del Poder Judicial, que se dedicaba a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado, principalmente en las áreas de narcotráfico, lavado de activos y corrupción.
Finalizando el 2017 el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Mariano Germán Mejía, declaró que “ese caso pasó a la historia”, que como él no es historiador, no se acuerda y que no se vinculó a aquella denuncia que hizo Domínguez Brito. El autor de esas declaraciones ostenta la posición de presidente del Consejo del Poder Judicial, y por lo tanto esa denuncia, por referirse a jueces, era tanto de su competencia como la de la Procuraduría General de la República.
La justicia siguió siendo considerada como la cenicienta entre las funciones del Estado, recibiendo este 2017, y asignado para el 2018, un presupuesto que en palabras de Mariano Germán “no da ni para el arroz y las habichuelas”. La situación de deterioro de plantas físicas, mobiliario y equipos en el Poder Judicial, y que afecta por igual al Ministerio Público, es sencillamente vergonzosa. Algunos tribunales funcionan en condiciones que lesionan la dignidad de jueces, empleados y usuarios del sistema de justicia. Lo mismo ocurre con el sistema penitenciario.
Para el 2018 la situación empeorará pues el presupuesto asignado al Poder Judicial por primera vez en muchos años ha bajado del 1% del Presupuesto General de la Nación. Parecería que hemos retornado al sistema de Joaquín Balaguer, de hacer más dependiente al Poder Judicial estrangulándolo financieramente.
3.3.- Dos casos de corrupción municipal sancionados
Aunque sea a nivel municipal, debemos considerar positivo que este año se hayan pronunciado dos sentencias condenatorias de sonados casos de corrupción en el nivel municipal, los referentes a los exalcaldes de San Cristóbal y San Francisco de Macorís, Raúl Mondesí y Félix Rodríguez Grullón y tres de sus funcionarios municipales. Como los casos están sujetos a apelación, todavía no es tiempo de cantar victoria, pero sí de reconocerlos como pasos adelante en la batalla contra la impunidad. .
El exbeisbolista Mondesí fue condenado en septiembre a 8 años de prisión y al pago de una multa por 60 millones de pesos por haber malversado unos 300 millones de pesos de las arcas municipales de San Cristóbal. Bienvenido Araújo y Antonio de Jesús Ferreria, quienes fueran secretario general y tesorero del mismo ayuntamiento, también fueron condenados a 6 y 7 años de prisión y al pago de 20 millones de pesos cada uno, por un tribunal colegiado.
Ya en diciembre, un tribunal colegiado de la provincia Santo Domingo condenó a Félix Rodríguez a 5 años de prisión y una multa de 5 millones de pesos, también por malversación de fondos municipales por unos 400 millones de pesos. Su encargado de nómina Jerson Neris Lizardo, recibió mayor condena, a 8 años de cárcel y multa de 10 millones de pesos.
La cultura de la corrupción también se manifestó en el ámbito internacional ya que ex diplomático dominicano Francis Lorenzo fue involucrado en una red de sobornos en la contratación de un centro de conferencias de la Organización de las Naciones Unidas en Macao, China, cuando estaba acreditado por la República Dominicana ante el organismo mundial, y aceptó los cargos.
https://acento.com.do/2018/opinion/editorial/8518421-balance-del-2017-participacion-ciudadana-ix/
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