Discurso del expresidente Hipólito Mejía dirigido a la nación
Expresidente Mejía dice se retiraría de la política si comprueban es corrupto
— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ex presidente Hipólito Mejía retó a cualquier persona que lo haya señalado como partícipe de corrupción, tanto a él como a cualquiera de los miembros de su familia, a presentar las pruebas y prometió que si se comprueba tal denuncia renuncia de la vida política y entrega su patrimonio familiar al Estado.
Negó rotundamente que con relación a la empresa Odebrecht haya tenido vinculación con ninguna actividad de corrupción o soborno, y dijo que en su gobierno únicamente se desarrolló un proyecto, la construcción de la presa de Pinalito, en Bonao, luego de varios estudios de factibilidad, y que la construcción del acueducto de la línea noroeste fue un proyecto que se concibió y negoció durante la primera administración de Leonel Fernández.
Mejía dijo apoyar las actividades de lucha contra la corrupción y la impunidad, y acusó al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de haber auspiciado la corrupción y la impunidad con los bienes públicos y favorecido a dirigentes de ese partido.
Lea a continuación el discurso de 18 minutos pronunciado la noche de este lunes por el ex presidente de la República:
HIPÓLITO MEJÍA
DISCURSO A LA NACIÓN
6 DE MARZO DE 2017
Pueblo
dominicano:
Me
dirijo al país para fijar, con responsabilidad y claridad meridiana, mi posición
sobre la impunidad y la corrupción en la República Dominicana, dos graves males
que han sido resaltados por el escándalo de ODEBRECHT.
En
el contexto de asombro e indignación social creado por este caso, se dice que
los Presidentes de la República, desde 1999 a la fecha, tienen responsabilidad
directa en la comisión de los hechos denunciados.
Con
ello se pretende dejar en la conciencia pública la idea de que, en nuestro
país, todos los gobernantes aprovechan su posición para beneficio propio.
Digo,
con firmeza, que en mi caso, eso no es verdad.
El
país está indignado, con justa razón, por los altos niveles de impunidad que
existen en la República Dominicana.
Yo
comparto esa indignación.
Estoy
profundamente convencido de que toda persona que ocupe o haya ocupado un cargo
público, especialmente la Presidencia de la República, está en la obligación de
rendir cuentas de sus actos.
Consecuentemente,
hoy hablaré sobre los dos proyectos en que participó la firma ODEBRECHT durante
mi mandato.
Tengola
convicción de que la corrupción y la impunidad son dos graves males sociales
que están estrechamente relacionados entre sí. No hay combate real y efectivo a
la corrupción sin tener un régimen de consecuencias que frene la impunidad.
En
primer lugar, la corrupción no sólo hace daño a las instituciones y a las
leyes, sino que también corrompe el alma de los pueblos.
En
segundo lugar, la corrupción corrompe y daña los sistemas políticos de nuestras
naciones.
¿Cuáles
son las consecuencias de la impunidad?
Tenemos
que convenir que la impunidad estimula la corrupción; distrae fondos públicos
que deberían ser invertidos en mejorar la calidad de vida de la gente;
distorsiona la competitividad de la economía; y, de manera particular,
contribuye a perpetuar la pobreza y la exclusión social.
Debemos
destacar que la corrupción y la impunidad son un pésimo ejemplo para las
generaciones jóvenes.
En
nuestro país, el maridaje de la corrupción y la impunidad es lo que explica que
nuestra nación ocupe el lugar número diez entre los países más corruptos del
mundo, y el lugar número ocho en América Latina, tal como reporta el Foro
Económico Mundial en su informe sobre competitividad y corrupción del año 2016.
En
el país hay un largo rosario de casos de corrupción que han sido soslayados
para proteger a funcionarios de los gobiernos del Partido de la Liberación
Dominicana que han cometido actos dolosos.
Lo
cierto, señoras y señores, es que bajo los gobiernos del PLD, una parte
importante del patrimonio público fue dilapidada en perjuicio del pueblo
dominicano. Esos actos de corrupción han sido cubiertos por un manto de
impunidad, mediante el control de la justicia, para asegurar el blindaje a los
funcionarios corruptos.
La
primera cuenta de este rosario de corrupción fue la Ley de Capitalización de la
Empresa Pública, promulgada durante el período de gobierno 1996-2000.
Recuerdo
con nostalgia, como muchos de ustedes, las famosas tres “C”, es decir el
Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Corporación Dominicana de Electricidad
(CDE), y la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
Esas
tres instituciones generaban miles de empleos, aportaban bienes y
servicios a la economía y gran cantidad de divisas, contribuyendo así a la
distribución de la riqueza y a la dinamización del conjunto de la economía.
Los
gobiernos del PLD se encargaron de destruir esas importantes fuentes de
riqueza, destruyendo, en algunos casos, la única fuente de empleo, y sembrando
así pobreza y miseria en muchos lugares del país.
Eso
lo sienten en carne propia los pobladores de San Pedro de Macorís, San
Cristóbal, Monte Plata, San Luis, Guerra, Puerto Plata y Boca Chica, entre
otros.
En
cuanto a la antigua Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), su
privatización, en 1999, significó la pérdida de un importante patrimonio de la
nación, a cambio de casi nada.
Fruto
de esa privatización, se aumentaron significativamente los subsidios al sector
eléctrico, contrario a lo prometido por sus mentores de que los mismos serían
eliminados. En cambio, esos subsidios se incrementaron hasta alcanzar un
promedio superior a los 600 millones de dólares anuales.
En
lo que se refiere al Acuerdo de Madrid, firmado durante mi gestión, la realidad
es que este acuerdo permitió mitigar el impacto de los altos precios de los
combustibles en el costo de la energía servida, al convertir los contratos de
corto plazo en otros de mediano plazo.
Sobre
los Acuerdos de Compra de Energía, conocidos como PPA, quiero destacar que
durante nuestra gestión no se firmó ninguno. En cambio, se eliminaron 14
contratos por 810 megavatios, firmados por el gobierno anterior. Eso se tradujo
en un ahorro de 100 millones de dólares anuales.
Como
si lo anterior no fuese suficiente, el país ha visto la comisión de numerosos
actos de corrupción que no han sido sancionados por los tribunales competentes.
Veamos algunos de ellos:
La
Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, mejor conocida como
OISOE, es un emblema de las anomalías que ocurren en el sector público, ya que
allí, según se ha puesto en evidencia, se practica la extorsión, se sobrevalúan
las obras y se viola la Ley de Licitaciones, entre otras.
Otro
caso lo constituye la compra de varios aviones Súper Tucanos a la empresa
brasileña EMBRAER. Hasta hoy, persiste la creencia de que en esa operación hubo
sobrevaluaciones y se habrían pagado comisiones por tres millones y medio de
dólares.
En
este caso, habría que analizar si las irregularidades incluyen también la prima
de los seguros para esos aviones.
El
Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), es otra institución
donde han ocurrido anomalías. En esa institución, una sola compañía fue
beneficiada con nueve contratos, de los cuales ocho fueron suscritos en un solo
día.
Estos
casos de corrupción que acabamos de ver constituyen solo una muestra de lo que
ha ocurrido en los gobiernos del PLD sin que los mismos hayan recibido el
castigo que la Ley contempla.
Y
esa impunidad, señoras y señores, ha abierto una herida moral en nuestra
sociedad, que todavía no ha sido sanada.
Esa
es la verdadera herida social que genera pobreza, perpetúa la exclusión, y
debilita la cohesión social en nuestro país. Esa es la verdadera herida social
que no se cura con el clientelismo y la impunidad.
A
diferencia de la protección a la corrupción que han hecho otros presidentes, me
siento con la conciencia tranquila, y orgulloso de que en mi gobierno se
enfrentó con responsabilidad y apego a la Ley uno de los casos de corrupción
más graves de nuestra historia reciente.
Me
refiero al caso BANINTER y otras instituciones bancarias.
En
efecto, en el año 2003, cuando se reveló que en este banco se había violado la
Ley en perjuicio de miles de ahorrantes, tuve la determinación de enfrentar la
crisis que esto generó, y someter a la justicia a los responsables del fraude.
En
este caso, a todos los ahorrantes se les pagó su dinero sin macuteo ni
extorsión.
Para
evitar la repetición de un fraude con esas características y que las arcas
públicas tuvieran que cargar con las consecuencias, fue aprobado, por
iniciativa nuestra, un nuevo marco regulatorio que incluía, entre otras cosas,
transferir la responsabilidad civil a los accionistas de los bancos.
Actué
de esa manera, por mi convicción de que la lucha contra la corrupción exige de
un régimen de consecuencias, sin impunidad, y con un justo castigo de los
culpables.
De
igual manera procedí en otros casos de corrupción que involucraron a
funcionarios de mi gobierno.
Ahora
quiero referirme de manera particular a los dos proyectos en que estuvo involucrada
la compañía ODEBRECHT durante mi mandato.
El
primer proyecto que involucró a la ODEBRECHT, en mi gobierno, fue el
Acueducto de la Línea Noroeste.
En
efecto, al asumir la Presidencia encontré un contrato de préstamo por un monto
de 129 millones de dólares, que había sido aprobado el 7 de octubre del 1999,
por el gobierno presidido por el doctor Leonel Fernández, para este importante
proyecto.
Decidí
darle continuidad a ese proyecto porque conozco, desde hace mucho tiempo, la
relevancia del agua potable para mejorar la calidad de vida de los residentes
de la Línea Noroeste. De manera muy personal, me sentí en el deber, como
presidente, de hacer realidad el sueño de Antonio Guzmán y José Francisco Peña
Gómez de dotar agua a esa región.
El
proyecto original fue reformulado para conseguir dos objetivos:
Primero,
llevar agua potable a comunidades no incluidas en el diseño original, tales
como Navarrete, en la provincia de Santiago; Manzanillo, en la provincia de
Montecristi; y Carbonera, en la provincia de Dajabón; y la Loma del Flaco, en
la provincia de Valverde, entre otras.
En
segundo lugar, se buscaba que el acueducto funcionara por gravedad, en lugar de
usar bombas de impulsión. Al distribuir el agua por gravedad, los costos de
operación del acueducto se reducirían considerablemente durante su vida útil.
El
contrato de ejecución de esta obra fue adjudicado a un consorcio integrado por
las empresas brasileñas Andrade Gutierres y ODEBRECHT.
Los
cambios introducidos al diseño de esta obra, para alcanzar los objetivos antes
mencionados, resultaron en una modificación del presupuesto original de 129 a
141 millones de dólares, solo para el Acueducto de la Línea Noroeste.
Al
término del gobierno que presidí, el Acueducto de la Línea Noroeste no estaba
concluido. Correspondió al nuevo gobierno continuar esa obra.
El
otro proyecto contratado con la empresa brasileña, durante mi presidencia, fue
el de la Presa de Pinalito.
Este
proyecto consistía en la construcción de una central hidroeléctrica en la
provincia Monseñor Nouel, aguas arriba de la presa de Río Blanco.
¿Por
qué este proyecto era necesario?
La
importancia de esta obra se resumía en dos objetivos principales.
El
primero era la generación hidráulica de 50 megavatios de energía eléctrica. Y,
el segundo, la protección de la cuenca hidrográfica de la presa de Río Blanco.
Aunque
ese proyecto no se ejecutó durante mi presidencia, considero imperativo
explicar los pasos dados por mi gobierno para su formulación y búsqueda de
financiamiento.
La
viabilidad de esta obra había sido determinada en 1984, es decir 16 años antes
del gobierno que presidí, por un estudio de pre factibilidad realizado por la
Agencia Internacional de Cooperación Económica (JICA), mediante una donación
del gobierno de Japón.
Posteriormente,
en julio de 2002, se contrató el estudio de factibilidad y diseño definitivo de
esa obra. Ese estudio fue hecho por la empresa M.W. Energy, y el mismo fue
pagado con una donación de 400 mil dólares, aportada por el gobierno de los
Estados Unidos de América, a través de la Agencia de Comercio y Desarrollo
(TDA).
Basado
en los términos técnicos y financieros de ambos estudios, se hizo una
invitación a un conjunto de empresas especializadas en este tipo de obras, a
fin de que presentaran sus propuestas.
Este
proyecto involucró la obtención de dos préstamos:
El
primer préstamo se hizo con el Banco Nacional de Desarrollo y Social de Brasil,
por el monto de 101 millones 460 mil dólares.
El
segundo préstamo se hizo con el ABN AMRO Bank, de Holanda, por un monto de 30
millones 260 mil dólares. Es decir, que el monto aprobado para dicho proyecto
fue de 131 millones 720 mil dólares.
Desde
octubre de 2002 hasta agosto de 2004 se realizaron tres adenda a este proyecto.
Eso resultó en la prórroga del plazo para la propuesta de financiamiento y para
incluir, sin alterar el presupuesto, un estudio de impacto ambiental y la
supervisión de la obra, entre otras cosas.
Esos
cambios representaron un ahorro para el país de seis millones y medio de
dólares.
Aunque
para el 2004 ya se habían terminado todos los estudios y disponíamos de los
recursos para iniciar la ejecución de la obra, la prudencia me aconsejó, que en
medio de una campaña electoral, era inoportuno iniciar una obra que trascendía
el término de mi gobierno.
Eso
significa que durante mi gobierno no se desembolsaron fondos para la Central
Hidroeléctrica de Pinalito.
Señoras
y señores:
A
casi dos meses de que se revelaran al país los hechos que involucran a la
ODEBRECHT, la ciudadanía no ha recibido de las autoridades una explicación
convincente de los resultados de sus investigaciones sobre el mismo.
Esa
falta de información ha creado una duda sobre si los responsables de dichos actos
recibirán las sanciones correspondientes.
La
decisión tomada por el juez apoderado de la validación del acuerdo del Estado
Dominicano y la ODEBRECHT, de declarar inadmisible dicho acuerdo, añade
un nuevo elemento de incertidumbre sobre este caso.
Pueblo
dominicano:
Estoy
convencido de que, con el caso de ODEBRECHT, la justicia tiene una gran
oportunidad de poner freno a la impunidad.
Para
luchar de verdad contra la impunidad, además de las acciones del sistema
judicial, es imperativa la movilización de las ciudadanas y ciudadanos.
Quiero
decir, con claridad, que doy todo mi apoyo a la movilización constante y
pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país.
Es
así como construiremos una mejor República Dominicana.
Dominicanas
y dominicanos:
Quiero,
para finalizar, decir con toda la firmeza que el caso demanda, que no tengo
nada que ocultar sobre mi conducta como figura pública.
No
es la primera vez que, de manera irresponsable, se ha insinuado que he estado
involucrado en actos de corrupción. Se me atribuyó la propiedad de la Finca
Aguayo; del Proyecto de Mango de Fundación, en Baní; y de la Finca Ganadera de
YSURA, en Azua, entre otras. En todos esos casos, el tiempo demostró que tales
aseveraciones eran infundadas.
Hoy,
también de manera irresponsable, se dice que, en el caso de ODEBRECHT, podría
haber actuado al margen de la ley, lo cual también es incierto.
La
lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de mis posiciones
políticas. Para muchos, la causa por la que no pude alcanzar la victoria en las
elecciones del 2012 fue mi posición intransigente ante ese flagelo y mi actitud
de no hacer concesiones a quienes perseguían un pacto de impunidad.
Reto
a cualquier persona que, si puede demostrar de manera cierta y veraz, que en el
ejercicio de mis funciones públicas o en mis actividades privadas, tanto mi
esposa, mi hermana y mis hijos, como yo, cometimos algún acto de corrupción,
estaría en disposición de retirarme de la vida política y entregar mi
patrimonio al Estado.
Que
Dios nos bendiga a todas y a todos.
Muchas
gracias.
La lucha contra la corrupción siempre ha sido parte fundamental de mis posiciones políticas.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
Quiero, para finalizar, decir con toda la firmeza que el caso demanda, que no tengo nada que ocultar sobre mi conducta como figura pública.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
Quiero decir, con claridad, que doy todo mi apoyo a la movilización constante y pacífica de la ciudadanía, como ocurre en todo el país.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
Para luchar de verdad contra la impunidad, además de las acciones del sistema judicial, es imperativa la movilización de los ciudadanos.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
Esa falta de información ha creado una duda sobre si los responsables de dichos actos recibirán las sanciones correspondientes.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
La lucha contra la corrupción exige de un régimen de consecuencias, sin impunidad, y con un justo castigo de los culpables.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
Mi gobierno se enfrentó con responsabilidad y apego a la Ley uno de los casos de corrupción más graves de nuestra historia reciente.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
Esa es la verdadera herida social que no se cura con el clientelismo y la impunidad.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
El país ha visto la comisión de numerosos actos de corrupción que no han sido sancionados por los tribunales competentes.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
La conciencia pública la idea de que, en nuestro país, todos los gobernantes aprovechan su posición para beneficio propio.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
No hay combate real y efectivo a la corrupción sin tener un régimen de consecuencias que frene la impunidad.— Hipólito Mejía (@llegopapa) 6 de marzo de 2017
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