La Informalidad institucional (1-2)
“No es la política la que provoca los conflictos malos o buenos, estimulantes o letales, los conflictos son síntomas que acompañan necesariamente la vida en sociedad… ! y que paradójicamente confirman lo desesperadamente sociales que somos!. Entonces la política (recuerda que se trata del conjunto de las razones para obedecer y para desobedecer) se ocupa de atajar ciertos conflictos, de canalizarlos y ritualizados, de impedir que crezcan hasta destruir como un cáncer el grupo social…”
(Fernando Savater: Política para Amador).
La informalidad institucional significa un peso gravitante en la Trasparencia y propicia la opacidad en el ejercicio de la gestión pública.
Polilat, una firma encuestadora con Sede en Argentina, realizó un informe sobre los alcances democráticos en la Región. República Dominicana se encuentra entre los tres países con más déficits democráticos, conjuntamente con Venezuela y Guatemala. Es ese déficit democrático que anula toda posibilidad de consecuencia de las acciones desviadas, de la judicialización de los casos de corrupción que suceden en la vida pública dominicana.
La Impunidad y la Inmunidad siguen prevaleciendo en el cuerpo social dominicano, sobre todo, cuando se trata de funcionarios de las más altas instancias del funcionariado o de aquellos que “gozan” de la generosidad supra institucional.
El Foro Económico Global en sus más reciente Informe de Competitividad nos situó en una escala promedio de 95/138 países. Sin embargo, cuando se ven los indicadores del Pilar Institucional obtuvimos 123/138, esto es, una desviación negativa de 28 puntos.
¿Qué abarca el Pilar Institucional?
1.- Confianza del público en los políticos (130/138);
2.- Favoritismo en las decisiones gubernamentales (128/138);
3.-Malgasto de los fondos públicos (111/138);
4.-Comportamiento ético de las firmas (130/138);
5.- Confianza en servicios policiales (133/138);
6.-Crimen organizado (111/138);
7.-Manipulación de fondos públicos (133/138);
8.-Independencia del Poder Judicial (127/138);
9.-Costo del negocio por el crimen y la violencia (122/138).
En ese mismo Informe del Foro Económico Global, nuestro país quedó en el octavo lugar en el mundo con relación a la corrupción y el quinto en la Región.
Esto significa que la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción desde el gobierno, ha sido una batalla que no se ha realizado con la suficiente voluntad política para cercenar esa hiedra de mil cabezas como es esa degradación, depravación.
En el Eje III del Programa de Gobierno 2016–2020 reza “Consolidación de una Institucionalidad Pública cada vez más eficiente, transparente y participativa”. Señala el referido Programa que “Vamos por más transparencia, eficacia e institucionalidad en la Administración Pública”.
El ejercicio de la mera retórica se sobredimensiona a la realidad que la sociedad dominicana vive en la actualidad. Veamos:
- En el mes de octubre del 2015 la Dirección de Compras y Contrataciones evaluó la ejecución y el campo de la licitación del Hospital Darío Contreras. La Resolución 91/15, emanada de la referida Dirección, establecía las anormalidades ocurridas allí, tanto en materia civil como penal. La Resolución fue enviada a la Procuraduría y al actual Director de la OISOE, arquitecto Francisco Pagán.
Participación Ciudadana ha enviado dos comunicaciones a la Procuraduría, para que nos indique que se está haciendo al respecto. La Procuradora Adjunta de la Procuraduría, Laura Guerrero Pelletier, Directora del PEPCA, señalaba que esperaría la auditoria de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas emitió su veredicto donde presenta las debilidades que encierra el Hospital Darío Contreras. Una licitación de RD$880 millones de pesos terminó en RD$1,7000 millones de pesos, esto es, 92% más; violando así la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones del Estado.
Lo del suicidio del arquitecto José Rodríguez García, quien decidió inmolarse frente a la terrible extorsión que sufría, no llega a juicio de fondo a pesar de que ya se cumplió más de un año de aquel fatídico acontecimiento que vino a visibilizar la mafia que se daba allí con los ingenieros constructores de obras sorteadas. Solo tres están encausados.
Las debilidades institucionales se ponen más en evidencia cuando recientemente, el Periódico Hoy del lunes 7 de noviembre reseñó: “814 obras, con un monto de RD$96,381,017 millones de pesos, evaluadas por la Cámara de Cuentas desde el 2010–2013, construidas por la OISOE. La mayoría acusaban serias distorsiones que conllevaban un ilícito penal”. Dice Loyda Peña, periodista que calza la noticia “La mayoría de las 814 obras contratadas por la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE) a nivel Nacional durante el periodo 2010-2013, y cuyo monto total asciende a $96,381,017, carece de estudios de impacto ambiental, pólizas de garantía de avance, aprobación de planos, de fiel cumplimiento de contrato; y de supervisión. Muchas tienen enmiendas que exceden el 25% del monto establecido”.
- Lo del ingeniero Alberto Holguín, Director del INAPA 2012-2015, Miembro del Comité Central del PLD, a quien se le acusa de asignarse obras por un monto de RD$1,000 millones de pesos y de violar el Decreto de emergencia en los lugares específicos de realización de las obras. El caso todavía no llega a juicio de fondo.
- El caso de Los Tucano es la muestra más vehemente de la ausencia de voluntad para impulsar las investigaciones y con ello, las sanciones correspondientes, relativo al soborno por U$3.5 millones de dólares. Lo que la sociedad dominicana sabe al respecto es producto de las investigaciones de los Estados Unidos y Brasil. Fruto de las mismas, en nuestro país solo han encausados a cuatro personas: El empresario Aquino Hernández y su hijo, el ExGeneral, Ministro de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio y el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez. Este último es el único que está preso.
El lunes 28 de noviembre en el Periódico Hoy, página 7–A, se reseña “MP habría propuesto acuerdo a Piccini Núñez por el caso de aviones Tucano”. La firma de la noticia de Loyda Peña dice: “Imputado habría condicionado el trato a una condena de 5 años. Se establece que Piccini había dicho «La PEPCA sabe dónde tiene que ir y la tecla que debe tocar; ellos le están imputando hechos solo a una parte de un gran escenario»”.
Si bien el caso Tucano fue en el 2008, la forma como el Ministerio Público se está manejando en la actualidad resalta la falta de compromiso contra la corrupción y por la transparencia para que vayan a la cárcel todos los involucrados. Cabe destacar, objetivamente, que hablamos del soborno sin caracterizar las sobrevaluaciones de los aviones que a todas luces nos indican los mismos. El estamento político no ha sido tocado por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Prevención de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Esto a pesar de que el Presidente en su discurso de toma de posesión del 16 de agosto había dicho “Hemos luchado por extender la transparencia y el imperio de la Ley en el conjunto de las instituciones públicas y conduciremos un fomento de la transparencia, la institucionalidad y la lucha contra la corrupción”. Se comprometió a “mejorar la eficiencia en el gasto público y a seguir garantizando la racionalidad”.
Lo de ODEBRECHT es el punto culminante del flagelo de la corrupción en República Dominicana. La misma empresa ha reconocido que ha sobornado a varios países. República Dominicana no ha sido la excepción. Al contrario, somos desde el punto de vista del tamaño de nuestro territorio y de la población, el más corrupto en la recepción de los sobornos: US$92 millones recibieron los funcionarios, partidos políticos e intermediarios de la mencionada empresa.
ODEBRECHT reconoció haber sobornado a doce países por US$788 millones de dólares. Si hacemos una media entre los doce países, esto sería US$65.6 millones por país; lo que significa que República Dominicana recibió 1.4 veces más de la media; pero, si sacamos a Brasil, que es donde se encuentra la empresa y recibió US$349 millones, nos quedaría US$439 millones que dividido en once países nos daría una media de US$39.9 millones. Resalta entonces, que República Dominicana con respecto al promedio obtuvo US$52 millones por encima del promedio, esto es, 2.3 veces más. Todo esto implica que somos los más corruptibles de los doce países que recibieron los sobornos.
Es la sociedad que tendrá que luchar por un país más decente donde la corrupción y la impunidad no se pavoneen en el escenario social como fuente de grandeza y de virtud. Es una afrenta, una vergüenza ser exhibidos en el mundo como un país caracterizado por la corrupción y el narcotráfico. Una nación que genera riquezas y sin embargo tiene una pobreza estructural muy significativa, y ello es posible por la mala distribución de la riqueza, por la ineficiencia de políticas públicas y por ese enorme cáncer de la corrupción que ahoga y profundiza la desigualdad social.
http://acento.com.do/2017/opinion/8419251-la-informalidad-institucional-1-2/
Cándido Mercedes / Deshojando paradigmas
Sociologo. Experto en Gerencia. Especialidad en Gestion del Talento Humano; Desarrollo Organizacional y Gerencia Social y Sociologia Organizacional. Consultor e Instructor Organizacional. Catedratico Universitario. Director Maestrias de Administracion y de Recursos Humanos, de La UCE.
La informalidad institucional 2/2
“En las implicaciones filosóficas de la literatura de Kundera, la historia aparece como una alternativa significativa y silenciosamente moral a la brutalidad de las geopolíticas y la fuerza exhibida por los poderosos. La memoria se convierte en una herramienta de los pequeños y los débiles, mientras que el olvido sirve a los intereses de los grandes y poderosos. De este modo, la memoria se manifiesta como una imaginación moral alternativa en oposición a la lógica del poder”
(Zygmunt Bauman: 1925-2017. La Ceguera Moral)
Lo de ODEBRECHT es sencillamente espeluznante, desgarrador a la luz de lo institucional y ético-moral. Siendo el país que más sobornos recibió, nos indica que el derrame de la putrefacción fue muy amplio. 92 millones de dólares, implicó a mucha gente y nos revela que más de dos Poderes del Estado giran en esa órbita de la degradación. ¡Estamos frente a un Pánico Moral!
No son 92 millones de dólares de sobornos solamente que tienen que resarcirnos. Hay que acotar la Ley 448-06 de Soborno que tipifica en su Artículo 3 que el sobornante y el sobornado tienen que pagar el duplo del equivalente de lo sobornado. Agreguemos los 163 millones de dólares que la referida empresa brasileña obtuvo de ganancia como resultado de las coimas. Total: 92+92+163=347 millones de dólares. Miremos que solo en 8 obras, de 17 construidas, encontramos que entre el monto inicial y el monto final había una diferencia de $634 millones de dólares. Si ODEBRECHT pagase todo el dinero de sobornos, de sobrevaloración, aun así, eso constituiría una parte. Lo más importante es lo institucional, es una nueva oleada ética de la clase política que atraviesa por la necesidad de que la impunidad no puede erigirse en norma social socavando el Estado de derecho.
El Estado dominicano consideramos ha llegado a su punto de inflexión en materia de corrupción e impunidad. Estamos viviendo a la luz de la sociedad política, un poder desinstitucionalizado, un caos institucional, una informalidad institucional que trastoca las reglas del juego de un Estado de Derecho. Esto hace que no podamos desmadejar donde está lo real y la ficción. El poder hegemónico del partido gobernante ha podido construir lo que Al Cagliari ha denominado la posverdad, que no es más que el fenómeno que se produce cuando “los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que los que apelan a la emoción y a las creencias personales”. De allí toda la publicidad subliminal y el poder que acusa el paradigma mediático como ideología y dominio de la persuasión. Ello lleva al partido dominante, con sus acciones y decisiones, a producir en la sociedad un tejido fragmentado en la desigualdad de oportunidades vitales.
Como dijo Jabez Curry, exsenador de Estados Unidos de América, “Un estado próspero se debe construir sobre los cimientos de su carácter moral, y este carácter es el elemento principal de su fuerza y la única garantía de su permanencia y prosperidad”. En la sociedad dominicana los actores políticos dibujan un escenario que no es al que aspira el conjunto del cuerpo social. Una clase política divorciada que ya no se constituyen en el puente intermediario entre el Estado y la sociedad civil. Muy por el contrario, ellos son en sí mismos los intermediarios del Estado; dado su naturaleza corporativa y de partido cartel.
El PLD es la única organización partidaria desde el 1844 que ha evolucionado de un partido de cuadro a un partido de masa, luego a un partido cacth all (partido atrápalo todo), escoba, a un partido cartel. Una mutación intensa y extensa en un pequeño periodo de siete años: 2000-2007. Esta metamorfosis ha generado un Partido-Estado sin límite, sin frontera que es lo que propicia más la corrupción y el desbordamiento de la impunidad. Ya no habrá ningún miembro de esa organización que diga “¿dónde está la corrupción?”.
La corrupción, a pesar de que es oculta, subterránea, el grado de putrefacción de muchos de los actores políticos, la ha podido visibilizar, ondear públicamente con el escándalo más emblemático, más internacional que ha propiciado ODEBRECTH a través de funcionarios que lejos de defender los intereses de un país pobre, lo que han hecho es aprovecharse de sus funciones públicas para servirse a sí mismos.
El Capital Institucional que constituye la Efectividad Gubernamental, la Capacidad Regulatoria del Estado, el Imperio de la Ley y la Corrupción, nunca en el tramo de la transición democrática 1978-2012 había acusado tanto deterioro, tanta involución, tanta inobservancia en sus ejecuciones. Traspasar los límites entre la superficie y la profundidad es la tarea de la sociedad civil, para constatar la coherencia del comportamiento entre lo que se dice y lo que se hace.
Buscar ese necesario equilibrio suministra la objetividad, la verdad de los elementos esenciales para hacer avanzar un Estado Social Democrático de Derecho, que se logra a través de la justicia social, la inclusión y la transparencia. El Gobierno ha desconocido sus propias leyes que propician la transparencia, tales como: la Declaración Patrimonial (311-14) que ha dado, después de 30 días que se requiere para su cumplimiento, 74 días más. La Ley 311 – 14, establece los mecanismos institucionales para su validación. Lidio Cadet, Miembro del Comité Político y Director General de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental dijo al respecto “El no declarar bienes se presta a corrupción. Espero que el 30 de noviembre, todos los compañeros hayan hecho sus declaraciones”.
Viola la referida Ley, la no declaración a tiempo y al mismo tiempo, la propia Constitución en su Artículo 146, numeral 3 que dice “Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente”. A 70 días después que se debió cumplir con dicho mandato, la Cámara de Cuentas dijo que 4,724 funcionarios no habían realizado su Declaración. Esa ausencia, es el marco normativo más fehaciente de la opacidad.
Debajo de todo discurso existe un subsuelo que es pertinente, insoslayable descubrir, sobre todo, por la ausencia de la acción y el abismo entre el decir y el hacer. Es lo que ocurre con la aplicación de la Ley de Salarios 105–13, solo ha encontrado respuestas positivas para los puestos más altos del Estado. Ello implica que la desigualdad salarial se ha incrementado después de su promulgación, al tiempo que las distorsiones se acumulan. El Reglamento, que debió aprobarse a más tardar 6 meses, lleva 2 años en el despacho del Presidente según el propio Ministro de Administración Pública.
Es la dinámica de ausencia de transparencia lo que resalta con todo lo referido al Pacto Eléctrico que debió producirse según la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (1–12) en el año 2013. Primero, cuando los actores involucrados en la Industria Eléctrica pidieron al gobierno los Estados Financieros de las EDES, después de un tiempo, descubren que el Poder Ejecutivo había dado un poder al Vicepresidente de la CDEEE para la construcción de dos plantas paralelas a las de Catalina. Totalmente clandestino Luego, nos encontramos que el Poder Ejecutivo, vía la CDEEE, no quiere mostrar todo lo relativo a la Tarifa Técnica.
El propio Presidente en su discurso de toma de posesión el 16 de agosto, esbozó que emitiría un Decreto puente en las próximas semanas en materia energética, encaminado a la transformación y modernización del sector. Revisaría las tarifas técnicas y el desmonte gradual del subsidio cruzado.
La Administración Pública con respecto a la entrada a la Carrera, ha quedado congelada al 2012, que eran 60,000. La vocación a la Carrera Administrativa son 160,000 empleados. Lo mismo ocurre con las Carreras Especiales: la Diplomática y Consular, la del Sector Salud, la de Educación, la del Ministerio Público y la Carrera Municipal. Estamos en esta materia como si el tiempo no transcurriera.
En el periodo electoral, para las Elecciones del 2016, se verificó como el Presupuesto Nacional quedó subordinado a la REELECION. Es así que el Ministerio de Educación aumentó su nómina en un 211%; La OISOE en 677%; Obras Públicas en un 67% y este Ministerio, en el tiempo de enero–mayo, habría gastado más que todo el año 2015 y había agotado cuasi el presupuesto para todo el año del 2016.
Un verdadero abuso de poder institucional, donde el Presidente utilizaba la figura Presidencial para hacer campaña. El caso del Metro es el más diabólico endriago, pues la obra, ahora en diciembre, todavía no ha sido terminada. Sin embargo, el Presidente se montó y permitió que un vagón del metro fuera utilizado durante varias semanas por usuarios, gratis, en el proceso electoral.
La Veeduría, algo sumamente importante como mecanismo de control social, desde la sociedad, no ha jugado su papel como baluarte de transparencia formal y se ha visto más como un instrumento de publicidad que de verdaderas realizaciones. El Estado dominicano es un deudor pícaro. Paga sus deudas, en promedio, cada 6 meses, lo cual da pie a la extorsión, al cohecho, a la prevaricación.
La materia pendiente de la transparencia del Estado dominicano no es producto de la carencia y falencia de instrumentos legales, de normas jurídicas que amparen el ejercicio del control de los fondos públicos. Expresión de presión de organismos internacionales, se han realizado en los últimos 20 años las más fecundas creaciones normativas en materia de control, fiscalización de los fondos públicos.
Es la cultura, es la visualización del Estado que los actores políticos tienen con respecto al mismo y la concepción actual de que un político es un “ser distinto a los demás y que debe vivir mejor que los demás”. Por ello, la política es el vehículo de mayor movilidad social ascendente en nuestro país.
Solo con el empuje de la sociedad, impulsando un Estado más transparente, más inclusivo y con mayor vigor de justicia social, donde las fuerzas sociales se comprometan con un ejercicio público más decente, tendremos una mejor sociedad que deje atrás esta enorme asimetría y produzca mayor Capital Institucional y más cohesión social.
Como diría Martín Luther King “No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos”. http://acento.com.do/2017/opinion/8421623-la-informalidad-institucional-22/
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