Ninguna agenda política debe ser permitida en el sistema de justicia
Un Consejo del Poder Judicial controlado o influido por un partido o líder político no trabajará por el bienestar de los jueces serios de este país, que son mayoría, sino que operará en su perjuicio, pues las instrucciones a los jueces comenzarán a bajar, como ya se ha visto que ocurría
Si uno de los principales problemas del sistema de justicia es su falta de independencia frente a la política partidaria, sería un absurdo pretender sustituir jueces que responden a Leonel Fernández por jueces que respondan a Danilo Medina o a cualquier otro líder o partido político, o incluso a los llamados poderes fácticos.
Se ha estado comentando que el sector del presidente Danilo Medina ha estado alentando, o por lo menos se ha sentado en palco a observar la crisis en el sistema de justicia, para aprovecharla y hacer saltar de sus cargos a los jueces leonelistas, para entonces colocar a los danilistas. No tengo elementos para confirmar que esto sea cierto, pero de todas formas, y en forma preventiva, habría que señalar que sería un craso error que dejaría a la justicia en el mismo o en peor sendero que el que se encuentra recorriendo en estos momentos.
La política partidaria, o de sectores dentro de los partidos, así como cualquier tipo de influencia, provenga de donde provenga, sencillamente deben estar fuera del sistema de justicia, sin importar qué partido o líder político tenga el control, porque está claro que la política busca que la justicia consagre la impunidad y para ello debe corromper a los jueces, y esa corrupción originada para favorecer intereses políticos, luego pasa a favorecer al crimen organizado e incluso a sectores de poder que quieren ganar a cualquier precio aquellos casos en los que no tienen razón.
Con el Colegio de Abogados ha pasado lo mismo. Los partidos lo convirtieron en campo de batalla pretendiendo afiliar al Colegio a sus intereses, alejándolo del cumplimiento de sus objetivos institucionales. En la última elección, del pasado fin de semana, ganó el Dr. Miguel Surún, y todo hubiese estado muy bien, excepto porque éste representaba en dichas elecciones a un partido políticos, el PRM, como el actual presidente y aspirante a la reelección representaba a otro, el PLD.
Poco después de las elecciones del Colegio, se publicó en los medios una foto que ya es tradición: el candidato ganador sale corriendo a retratarse con el candidato o líder del partido que lo apoyó, levantando los brazos en señal de victoria, sin percatarse que realmente esa dependencia del Colegio de los partidos es una gran derrota para los abogados, pues el Colegio nunca alcanzará sus objetivos bajo el control de los partidos políticos, como se ha comprobado luego de tantos años de control partidario del Colegio, que solo ha traído descrédito a nuestra organización gremial.
El mismo método que utilizan los partidos en las campañas electorales nacionales, o en las campañas para las elecciones en los gremios, de utilizar el dinero para aplastar a sus opositores, se ha pretendido introducir en las elecciones de los miembros del Consejo del Poder Judicial. Esta era parte de la labor que desarrollaba el ex consejero Francisco Arias Valera, quien no podía reelegirse en su posición, pero trabajaba incansablemente para la elección de personas que respondieran a los intereses que representaba, incluyendo los personales.
Uno de los grandes retos del actual Consejo del Poder Judicial y de la propia Suprema Corte de Justicia, es tomar las medidas para evitar que las elecciones de los miembros del Consejo del Poder Judicial, sean secuestradas por intereses partidarios o ajenos a la justicia, pues entonces estamos definitivamente agravando la crisis existente.
Un Consejo del Poder Judicial controlado o influido por un partido o líder político no trabajará por el bienestar de los jueces serios de este país, que son mayoría, sino que operará en su perjuicio, pues las instrucciones a los jueces comenzarán a bajar, como ya se ha visto que ocurría, y aquellos que no cumplan serán sancionados sea con un traslado que le desfavorece o con la violación del escalafón de la carrera judicial, impidiendo los ascensos que corresponden.
Por eso la primera meta, si queremos recuperar el proceso de reforma judicial, es sacar la política partidaria de la justicia. Nada hacemos modificando leyes y Constitución y hasta mejorando el presupuesto de la justicia si dejamos que los políticos controlen el Consejo del Poder Judicial. La atención ciudadana debe ahora concentrarse en las elecciones de los miembros del Consejo del Poder Judicial que se celebrarán en marzo próximo.
http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8306690-ninguna-agenda-politica-debe-ser-permitida-en-el-sistema-de-justicia/
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