Resumen Latinoamericano/ 30 de Agosto 2015 .-En México existen más de 20 mil personas desaparecidas, pero el Gobierno mexicano no da esperanza de encontrarlas, sólo da muestras de desidia y abandono, señaló Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU.“Lamentablemente la desidia y el abandono con el que las autoridades han tratado el tema de la desaparición forzada, incluso en casos como Ayotzinapa, no han logrado ser superadas, pero todos los casos son fundamentales, nosotros no hacemos distinción entre uno y otro”, concluyó.Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Foto: EFE
La ONU marcó en 2010 esta fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, para impulsar así mecanismos y legislaciones en cada Estado miembro para abatir el problema que, de forma enigmática, fue el mismo año cuando empezaron a multiplicarse los casos en México.
Sin embargo, fue hasta finales de 2014, cuando comenzó un movimiento nacional por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cuando se puso en evidencia el alto grado de impunidad que guardan al menos 20 mil casos documentados por la ONU en México.
Dulitzky reconoció el impulso que existe para la creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, pero sugiere que ésta podría ser viciada si no se toma en cuenta a los grupos de familiares de las víctimas.
“El marco legislativo es esencial pero no es suficiente si no hay una clara política pública de llevar a cabo de implementar la legislación por sí sola no va a ser suficiente y no va a traer respuesta a los miles de familiares que están todavía hoy buscando a sus seres queridos”, señaló.
“Las investigaciones tendrían que tener dos propósitos fundamentales: uno es la búsqueda de la persona desaparecida y otro, paralelo, es la investigación penal para que aquellos responsables de las desapariciones sean juzgados y sancionados”, aseveró.
“Lamentablemente, ni en uno ni en otro, ni en la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal hay resultados satisfactorios y creemos que ahí hay reformas estructurales que se deben de hacer”.
VERACRUZ, VERACRUZ., 10MAYO2015.- Madres de desaparecidos, acompañadas por familiares y activistas, marcharon por las principales calles de Veracruz para exigir la aparición de sus hijos e hijas quienes han sido víctimas de secuestro y/o desaparición forzada. Las protestas se extendieron en ciudades como Xalapa, Orizaba y la zona norte de la entidad.
FOTO: FÉLIX MÁRQUEZ /CUARTOSCURO.COM
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La ONU pide a México que ley de desaparición forzada atienda pedidos de familias. Foto: Cuartoscuro
LA AUTORIDAD AUSENTE
¿Qué le queda a los familiares que buscan solos?”, cuestiona Ariel Dulitzky al recordar las cifras de desapariciones forzadas que registra México, que al mismo tiempo exhiben al sistema político y judicial que se enmarca desde los años setenta.
Apenas en el 2001, cuando Vicente Fox Quesada era Presidente de la República, había un reconocimiento sobre aquella “Guerra Sucia”, cuando desaparecieron a estudiantes, maestros y guerrilleros por pugnas políticas y de protesta social.
Sin embargo, aún no se sabe nada de aquellos que desaparecieron y de los que se cuentan decenas de historias, como que fueron tirados al mar o cremados junto a sus pertenencias y otros más enterrados en fosas comunes sin un registro por parte de los militares.
Dulitzky planteó la necesidad de México para recuperar la credibilidad, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
“Nosotros creemos que las autoridades mexicanas tienen que seguir demostrando que verdaderamente están compenetradas con la dimensión del problema, y esto requiere muchísimas transformaciones estructurales que hasta la fecha no se han adoptado”, expresó.
En México se discute la creación de una Ley General sobre Desapariciones Forzadas, donde organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han sido claros en exigir la integración de los familiares de víctimas sobre el proceso legislativo.
Esa solicitud es respaldada por la ONU, pues son los mismos familiares quienes han exhibido a las autoridades, incluso a nivel internacional.
“Nosotros lo que señalamos es que cualquier ley que se adopte tendrá que ser el resultado de un amplio proceso participativo de discusión y análisis con las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con las organizaciones de familiares de personas desaparecidas”, señaló.
“Sumamente importante es que junto a la ley en sí, que es de las más altas esferas del poder político, haya una clara decisión política de atacar el fenómeno de la desaparición forzada, creemos y tiene que tener todos los elementos que hacen a lo que tengan que ver con el derecho a la verdad, con el derecho a la justicia, con el derecho a la reparación, con el derecho a la memoria, con las garantías de prevención y todos elementos tendrían que estar reflejados en la Ley”, comentó.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en México se tienen registrados más de 20 mil casos desde los años setenta, pero hasta la fecha no hay resultados positivos en gran escala.
El diagnóstico de la ONU sobre México es poco halagador: considera que existe un abandono de las víctimas y una desidia para atender cada uno de los expedientes, con razonamientos que violan los derechos humanos.
“En primer lugar hay un altísimo grado de desconfianza de las víctimas hacia las autoridades, habría que reconstruir estos lazos para recuperar esta confianza. Se requiere actualmente una actitud de tratar con dignidad a las víctimas y a los familiares”, detalló Dulitzky.
“En segundo lugar, nosotros creemos que debe haber aun mayor transparencia, acceso a la información que no está. En tercer lugar, es necesario un cambio de cultura en la forma en que se realizan las investigaciones”, expresó.
Estas investigaciones, continuó Dulitzky, tendrían que tener dos propósitos fundamentales: la búsqueda de la persona desaparecida y otro, paralelo, la investigación penal para que aquellos responsables de las desapariciones sean juzgados y sancionados, sin embargo, hay graves omisiones.
“Lamentablemente, ni en uno ni en otro, ni en la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación penal hay resultados satisfactorios y creemos que ahí hay reformas estructurales que se deben de hacer”, dijo.
CASO AYOTZINAPA
Ariel Dulitzky ve una censura del Estado Mexicano que hoy está siendo cuestionado por expertos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los 43 estudiantes que desaparecieron en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre.
“Esto para nosotros es un ejemplo de algunos de los obstáculos que se enfrentan, imagínese, si este es un caso que ha llamado la atención de la comunidad internacional que ha trascendido las fronteras de México, que ha logrado que una comisión de expertos de la Comisión Interamericana que esté en México mirando cómo se hacen las investigaciones y que ni siquiera así se ha logrado entrevistar directamente a los militares por parte de los miembros de la comisión de expertos de la Comisión Interamericana, ¿qué le queda a los ciudadanos que están buscando por sí solos a un ser querido?”, cuestionó.
A casi un año de la desaparición de los estudiantes sólo hay una versión que se le llamó por Jesús Murillo Karam, ex Procurador General de la República, la “verdad histórica” y decenas de dudas por los familiares y demás estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, compañeros de los 43.
Esa verdad histórica bien podría tomarse como el razonamiento de los más de 20 mil casos, aseguró Dulitzky, pues aunque este caso significa un escándalo internacional, no es el único en el que se hace notar la ausencia de la autoridad.
“Aun así, si tú te fijas en el caso más paradigmático que hoy tiene México que es el caso de Ayotzinapa, 43 estudiantes desaparecidos, no hay una sola persona que esté siendo buscada y juzgada por el crimen de desaparición forzada. No hay una sola”, manifestó.
“Todas las personas acusadas, detenidas, aprehendidas en este caso son por otros delitos, esto nos demuestra que es insuficiente el marco legislativo que existe en México, si tú te fijas la Procuraduría General de la República creó una Unidad Especializada de Búsqueda de personas desaparecidas”, expresó.
“Esta Unidad de Búsqueda de Personas desaparecidas no intervino en el caso de los 43 estudiantes, esto nos demuestra que hay un problema ahí, si hay o no capacidad de la unidad o quién debería hacer las investigaciones”, señaló.
“Si tú te fijas, el caso de Ayotzinapa permitió que se exhumaran cuerpos de otras fosas clandestinas, hoy muchos de estos cuerpos que fueron exhumados, esos restos humanos que fueron exhumados todavía siguen sin identificación, ¿por qué?, porque no hay una base centralizada con muestras de todos los familiares que están buscando a sus seres queridos”, manifestó.
“De modo que tenemos restos humanos de decenas de personas que fueron desenterradas en Guerrero y tenemos decenas de familiares que están buscando a sus seres queridos, si tuviésemos una base datos genéticos todos esos datos estarían resueltos, todos esos casos que fueron exhumados”, explicó.
El Gobierno de México y los gobiernos locales tienen una obligación: dar la respuesta a más de 20 mil casos de desaparición, hacer una reparación integral, crear una memoria y garantizar que no volverá a suceder ninguna desaparición, delito que la ONU condena como de lesa humanidad.
“Lamentablemente la desidia y el abandono con el que las autoridades han tratado el tema de la desaparición forzada, incluso en casos como Ayotzinapa, no han logrado ser superadas, pero todos los casos son fundamentales, nosotros no hacemos distinción entre uno y otro”, dice Dulitzky.
“Nosotros creemos que las autoridades mexicanas tienen que seguir demostrando que verdaderamente están compenetradas con la dimensión del problema, y esto requiere muchísimas transformaciones estructurales que hasta la fecha no se han adoptado”.
LEY DEBE CONSIDERAR A FAMILIARES DE VÍCTIMAS
La ONU hizo hoy un llamado para alentar al Estado Mexicano a que la nueva Ley General de Desapariciones Forzadas tome en consideración las opiniones y vivencias los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales.
“Que la futura ley general sea el resultado de un proceso de inclusión, participación y consulta con las víctimas, sus familiares y las organizaciones de la sociedad civil que les acompañan”, dijo la Oficina de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos en México con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
El organismo internacional destacó que las vivencias de los familiares, “cargadas de sufrimiento pero también de sabiduría”, se tornan en “importantes lecciones” que han de ser retomadas en la futura legislación.
“Su participación activa es indispensable para dotar a la ley de legitimidad y potenciar la generación de un contexto de exigencia ante los retos que implicará su implementación”, detalló el boletín.
En abril, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma a la Constitución para facultar al Congreso a expedir leyes generales sobre desaparición forzada y tortura.
Con ello, el Congreso deberá expedir la Ley General de Desapariciones Forzadas en un periodo máximo de 18 meses tras su promulgación.
En este sentido, la ONU reconoció el esfuerzo de autoridades y organizaciones para legislar en esta materia y reiteró su “plena disposición” en brindar asistencia técnica para materializar la ley.
“La futura ley general debería adoptar un enfoque integral que reconozca y contemple las múltiples dimensiones de la tragedia que enfrentan las personas desaparecidas y sus familias de conformidad con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano”, agregó la ONU.
El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha sido objeto de fuertes críticas en los reportes de los relatores de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas y tortura.
La imagen del país se vio especialmente afectada tras la desaparición en septiembre de 2014 de 43 estudiantes de una escuela rural para maestros en el sureño estado de Guerrero a manos de policías, autoridades corruptas y el crimen organizado.
Este domingo, entidades civiles y familiares de víctimas de desapariciones forzadas pidieron hoy poder contribuir en la legislación relacionada con la Ley General de Desapariciones Forzadas para que esta sea inclusiva y contemple varios tipos de delito.
“Proponemos tipificar dos delitos, la desaparición forzada, como tal, llevada a cabo por autoridades de manera directa o indirecta; y la desaparición forzada a manos de particulares y sin contubernio del Estado”, dijo a Efe el coordinador del área de acompañamiento de la organización de derechos humanos Comité Cerezo, Héctor Cerezo.
Junto a ello, pedirán que la ley contemple la reparación integral del daño y el aseguramiento de prestaciones para los familiares, apuntó desde el Parque Alameda de la Ciudad de México, donde junto con otras asociaciones se celebró hoy un acto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Por su parte, el representante del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, Pascual de Jesús, dijo temer que la nueva ley no “llene las expectativas de los familiares” de los desaparecidos e instó a que esta se “construya” con su colaboración y la de organizaciones civiles.
En el evento se expusieron fotos y carteles de casos de desaparición forzada de distintos estados como Chiapas, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.
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