7 de enero de 2015
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-En el día del Poder Judicial, Participación Ciudadana reclamó una justicia independiente que sea capaz de castigar la corrupción administrativa.
La entidad valoró como negativa la labor de la justicia dominicana cuanto al cumplimiento de su misión.
“El tecnicismo procesal y los reenvíos, marcaron el desarrollo de los procesos judiciales, aumentando la mora judicial, el alto costo de la justicia, el aumento del número de presos preventivos y la impunidad”, indicó.
Señaló que algunos casos estuvieron impregnados de una alta influencia política en el quehacer del sistema de justicia.
“En el campo de la corrupción administrativa, el sistema judicial dominicano dio muestras de parcialidad e indiferencia, provocando un descontento social en una sociedad que demanda el fin de la corrupción por las vías legales”, precisó.
Participación Ciudadana señaló que casos en proceso, como son el de Aduanas (Santiago, del 2010) o del INDHRI (del 2011) o de los ayuntamientos en diferentes municipios, han estado marcados por la lentitud y la justicia tardía.
Consideró que muchos de estos casos están inmersos en eternos aplazamientos, como una muestra de la ineficiencia de la justicia, particularmente frente a las acusaciones de desvío de recursos públicos.
“Se pudo comprobar que sólo un caso del 2006 por fraude a las pensiones en el Ministerio de Hacienda fue condenado en el año 2014”, recordó.
Indicó que otros casos, como el sometimiento al Secretario de Finanzas del PLD y pasado Ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; o el sometimiento del Secretario de Organización del PLD y actual senador, Félix Bautista, han estremecido a la justicia dominicana, que no ha superado la prueba de la independencia funcional y la imparcialidad.
“A diferencias de los casos de corrupción administrativa, que se pierden en el entramado judicial y quedan impunes, ocurrieron casos como los de Hato Mayor y Santiago, donde los jueces dispusieron que un pobre hombre y que una madre adolescente, cumplieran tres meses de medida de coerción; uno por robar ocho chinolas; otra por la publicación de fotos desacertadas en las redes sociales.
“A pesar de que se entendía que el proceso de reforma y modernización de la justicia había llegado a un punto en el que fuese imposible su retroceso, el mantenimiento de las viejas prácticas antidemocráticas y la ausencia de una política judicial de cambio, posicionan al sistema en un callejón sin salida, cooptado como está por los intereses políticos partidarios y sin que exista una separación de poderes que fortalezca la democracia dominicana”, dijo.
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