22 de julio de 2015 - 12:02 am - La contratación de lobbistas internacionales para defender a la República Dominicana
Se entiende que la próxima asamblea general de la OEA será en la República Dominicana. ¿Haremos esa reunión con las descalificaciones que hemos lanzado sobre el secretario general de la OEA?
El sector privado y el gobierno se han puesto de acuerdo para promover la marca país de la República Dominicana, y de paso defender las políticas públicas sobre temas migratorios, en lo que hemos perdido mucho espacio y credibilidad en el ámbito internacional.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) fue quien hizo el anuncio y menciono las compañías que han sido contratadas.
Saludamos la decisión de unir voluntades y de demostrar a la comunidad internacional que gobierno y sector privado andan en las mismas en cuanto al tema crucial: Defenderse de las acusaciones de apatridia de la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos, los medios de comunicación y la comunidad académica en muchos países, que no sale del asombro por la decisión contenida en la sentencia 168-13, que ha sido el más penoso y patético caso de abuso de derechos humanos en que hemos incurrido en mucho tiempo.
Llamamos la atención sobre dos cuestiones que nos parecen determinantes: La regularización es un asunto en que nadie tiene que inmiscuirse y hasta donde se tiene entendido es un tema superado y aceptado por quienes lanzaron críticas sobre el gobierno dominicano. Tenemos derecho determinar nuevas políticas migratorias como lo hacen los demás países del mundo. Incluso hay países que tienen políticas migratorias más estrictas y más duras que la República Dominicana.
El problema no está en la regularización sino en la Ley de Naturalización 169-14 y en las decisiones que ha debido tomar el gobierno con el llamado grupo B, que incluye especialmente a los dominicanos de ascendencia haitiana que no tenían documentos de reconocimiento por el gobierno dominicano, porque se les impedía la entrega de actas de nacimiento, y que quedaron atrapados porque tampoco eran ciudadanos haitianos. Ese es el grupo crítico y en lo que el gobierno debe concentrarse en ofrecer explicaciones convincentes.
Esa no es una responsabilidad del sector privado, aunque entre los grupos privados haya empresarios que contrataran mano de obra haitiana durante muchos años. Esa es una responsabilidad del gobierno, porque los políticas públicas al respecto corresponden al gobierno y no a nadie más. En este tema es que debe concentrarse en gobierno, y en particular los miembros del cuerpo diplomático dominicano. Cualquiera pudiera pensar que la contratación de empresas de cabildeos y relaciones públicas para este asunto es un reconocimiento del fracaso del gobierno en ofrecer oficialmente explicaciones, a través de sus canales oficiales, en todos los lugares donde ha habido críticas. Es así y no lo es.
Los miembros del gobierno han debido ser diligentes y oportunos y no lo han sido. Aquí en República Dominicana es insólito, pero cierto, que un ministro como el de Turismo, o el de Salud, o el de Medio Ambiente, se niegan a recibir a los embajadores de los países importantes en materia turística, de salubridad o medioambiental con la República Dominicana. Francia, Estados Unidos, Canadá o México pudieran ser claves en nuestras relaciones con el mundo.
Pero no hay criterios, lamentablemente. Pelearse con la Organización de Estados Americanos (OEA), en este momento, por una declaración manipulada al secretario general, Luis Almagro, es un error. Se entiende que la próxima asamblea general de la OEA será en la República Dominicana. ¿Haremos esa reunión con las descalificaciones que hemos lanzado sobre el secretario general de la OEA?
Pero bien, las empresas contratadas tienen por delante una gran labor para beneficio de la República Dominicana. Deben defender al sector privado y al gobierno. ¿Y si hay contradicciones entre estos dos actores, o hay que defender los intereses del sector privado frente a los del gobierno, a favor de quién se irán los lobbistas? A favor del que pague.
Las empresas contratadas son Squire Patton Boggs, de ‘lobby’; la MWW PR, Harbour Group International y Cambre Associates, en Relaciones Públicas. Las dos primeras tienen sede en Washington y la tercera en Bruselas, Bélgica.
Una cosa más. Defender la política migratoria actual, sobre la ley de naturalización, será forzoso y complicado. Tal vez si el gobierno se anima y flexibiliza un poco los esquemas establecidos, facilitaría la defensa. Otro dato: El gobierno ha pensado en estos temas sin dejar de poner atención a la cuestión electoral del 2016. Eso no es lo que atienden las firmas contratadas. Se trata de trabajar en el exterior, frente a actores críticos y determinantes. Ojalá que puedan distinguir una cosa de la otra, y que puedan ser eficientes. Eso le deseamos. http://acento.com.do/2015/opinion/editorial/8268780-la-contratacion-de-lobbistas-internacionales-para-defender-a-la-republica-dominicana/
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