La Justicia dominicana: pasado, presente y futuro (1)
15 de abril de 2015 - 12:10 am - 0 Comentarios
La nueva SCJ entendió la importancia de legitimar sus actuaciones y por eso se acercó a la sociedad civil y permitió su vigilancia y aceptaba sus críticas.
No cabe duda alguna que la justicia confronta en este momento una crisis de confianza que debe revertirse para evitar las consecuencias negativas que produce en términos de inseguridad jurídica, pero también deben identificarse las causas que han generado esta crisis para ayudar a corregirla y evitar repetirlas en el futuro.
En la época de Trujillo teníamos una justicia súper capacitada, cuya dependencia al dictador era innegable. Algunos dicen que cuando no se trataba de Trujillo y sus intereses, los jueces de entonces eran completamente independientes, pero esto es un eufemismo, pues los intereses del dictador lo abarcaban todo.
Llegó la época de Balaguer, que diseñó su Constitución y su estrategia política para mantenerse en el poder basado, entre otros aspectos, en la corrupción y el control del poder judicial. El Senado designaba a los jueces y Balaguer controlaba al Senado y por tanto a la mayoría de los jueces, asegurando impunidad a sus corruptos que fondeaban su partido y a los esbirros que eliminaban a sus opositores y críticos por razones políticas.
En 1978, ante su inevitable salida del Poder Ejecutivo, Balaguer orquestó el fraude que dio lugar al Fallo Histórico, por el cual, de una manera burda y absurda, obtuvo que la JCE le adjudicara los senadores que no había ganado electoralmente, pero que eran indispensables para tener la mayoría en el Senado y seguir controlando la justicia desde la oposición, y asegurarse que no habría sorpresas con el borrón y cuenta nueva que protegía a él y a los suyos.
La justicia dominicana era calificada en la época de Balaguer como la cenicienta entre los tres poderes del Estado, pues recibía apenas un 1% del presupuesto general de la Nación, y solo se le ejecutaba el 50% de lo asignado. Muchos jueces se corrompían porque habían ido al Poder Judicial a traficar sentencias, y otros lo hacían por necesidad. Siempre existió una minoría que mantuvo la dignidad en medio del fango en que trabajaban.
Poca gente recuerda esos tiempos de la justicia balaguerista, a la cual el propio Balaguer calificaba de mercado público para tratar de distanciarse de lo que era su obra. Muchos participaron de ese mercado, a veces bajo la excusa de que no había forma de competir si no era de esa manera, pero con ello solo contribuían a mantener el estado de corrupción en que operaba la justicia.
Como no se asignaban fondos suficientes al Poder Judicial, la justicia era en gran parte ineficiente, perjudicando a los sectores más vulnerables de la población, que no podían pagar buenos abogados. Parte de la responsabilidad también la tenían muchas universidades que graduaban abogados con una pobrísima formación, que luego eran jueces o abogados incapaces de colaborar en alcanzar una justicia que diera a cada quien lo que le corresponde de acuerdo con las leyes.
El sector empresarial también estaba siendo fuertemente afectado por el sistema de justicia corrupto que existía y se fue perdiendo la seguridad hasta en la propia corrupción, con casos de jueces que vendían las sentencias dos veces. El número de empresarios y sus abogados que abogaban por utilizar el músculo empresarial para mejorar el sistema de justicia comenzó a crecer y así se llegó un año a considerar el sistema de justicia como la prioridad número uno del sector empresarial, desplazando al sector eléctrico. Recuerdo como ahora el título de un seminario de esa época de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE): “La Justicia: Piedra Angular del Desarrollo Nacional”.
La creación de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) en el año 1990, de la mano de abogados empresariales y sus clientes, obedece a este interés del sector empresarial de incidir de alguna manera en el adecentamiento de la justicia.
Se aprovechó la crisis política generada por el fraude electoral de 1994, y en el acuerdo político arribado, que implicaba modificar la Constitución para recortar el período presidencial objeto del fraude electoral, y se incluyeron temas básicos, como quitarle al Senado la facultad de designar a los jueces, y atribuirle la facultad de designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a un nuevo órgano llamado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), quedando entonces en la SCJ la facultad de designar a los demás jueces del país. También se incluyeron en la Constitución conceptos claves como la carrera judicial y su consecuencia, la inamovilidad de los jueces. Todas estas modificaciones tenían una finalidad principal: alcanzar la independencia del Poder Judicial de los partidos políticos.
En el año 1997 se estrenó el CNM, pero el país estaba más despierto y no lo dejó solo en el ejercicio de sus facultades de designar una nueva SCJ. De esa manera surge la Coalición por una Justicia Independiente, mezcla novedosa de diversos sectores empresariales, sociales, comunitarios, religiosos, cívicos y de otra naturaleza, para acompañar el proceso. Esta Coalición preparó un plan estratégico de incidencia en el proceso de selección de los jueces de la SCJ, contrató una publicitaria para tales fines, llamó a la ciudadanía a participar proponiendo y objetando candidatos(as), realizó programas de televisión para entrevistar a candidatos desde la perspectiva de la sociedad civil, entre muchas otras actividades.
En el 1997 se eligió una SCJ que pudo ser mucho mejor, pero que tenía el componente humano mínimo necesario para emprender una reforma del Poder Judicial, asumiendo el liderazgo de dicha reforma que hasta entonces era solo reclamada por la sociedad. La nueva SCJ entendió la importancia de legitimar sus actuaciones y por eso se acercó a la sociedad civil y permitió su vigilancia y aceptaba sus críticas.
Durante un buen tiempo, desde 1997 hasta el año 2007, la reforma judicial avanzó, el Poder Judicial mejoró, se evaluaron todos los jueces del país en procesos abiertos, se sustituyeron muchos jueces, se abrió la Escuela Nacional de la Judicatura para formar a los nuevos jueces que se seleccionaban previa evaluación, se atendió la educación continuada de los jueces existentes, se creó la Inspectoría del Poder Judicial para detectar la corrupción, se presionó para mejorar el presupuesto del Poder Judicial, lo que permitió mejores salarios y por lo tanto captar y mantener en el tren judicial gente con talento, pues no todo el mundo ejerce esa digna función por vocación, sin importar la remuneración, como un grupo de magistrados(as) que encabeza la magistrada Miriam Germán.
Como testigo que fui de todo este proceso debo ahora admitir que no me percaté a tiempo que todo el esfuerzo realizado por alcanzar una SCJ independiente estaba comprometido al haberse inoculado durante su composición el germen de su propia destrucción. En la flamante nueva SCJ designada en 1997 se colaron personas sin condiciones, por simple simpatías partidarias (una magistrado llegó a declarar su adhesión a su líder Balaguer, y luego al heredero de su líder, el presidente Fernández), y se cometieron abusos como aceptar el capricho de Balaguer de que Miriam Germán no fuera designada.
Ese germen inoculado en la SCJ se mantuvo tranquilo por un tiempo pero fue activado por el caso de la Sun Land Corporation, como veremos en la segunda parte de este artículo.
La Justicia dominicana: pasado, presente y futuro (2)
29 de abril de 2015 - 12:10 am - 2 Comentarios
La selección de los jueces de las Altas Cortes no fue otra cosa que una repartición entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, donde, claro está, Fernández se servía con la cuchara grande.
Parte 2
En el artículo anterior recorrimos la evolución de la justicia desde Trujillo hasta el primer gobierno de Leonel Fernández, y continuaremos ahora desde el gobierno de Hipólito Mejía, en un esfuerzo que permita entender, desde mi opinión, las causas que generan la crisis de confianza actual que padece el Poder Judicial y los remedios que deben ser aplicados de cara al futuro.
En el año 2001 se reunió por segunda vez el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para llenar las vacantes de tres asientos en la SCJ. Era una excelente oportunidad para mejorar la experiencia del CNM de 1997 y seguir avanzando, pero lamentablemente el proceso fue un fracaso en lo institucional. Se realizó un simulacro de evaluación de los candidatos y se tomó una decisión, que ya se tenía de antemano: otorgarle a Balaguer un juez, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un juez y al PRD un juez y se dejó fuera del reparto al PLD. El presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa, quien en principio apoyó a la sociedad civil en su pretensión de que todas las vacantes fueren completadas con jueces de carrera, cedió ante la política partidista del reparto. Al margen de la calidad del trabajo realizado por los designados, este evento evidenció que los partidos estaban lejos de sacar sus manos de la justicia.
A pesar del percance del 2001, la nueva SCJ en sus primeros diez años logró una importante legitimación no solo en el país sino en el extranjero. El sistema de justicia se modernizó aun a pesar del precario presupuesto, la Escuela Nacional de la Judicatura mejoró la formación de los nuevos jueces, se mejoraron los salarios hasta donde se pudo. La justicia enfrentó el reto de juzgar a algunos de los empresarios más poderosos del país, culminando con sanciones en la mayoría de los casos, lo que pocos años atrás parecía imposible. Pero seguían sin ser tocados los funcionarios públicos corruptos.
Entonces, cual maldición, la política partidista entró por la puerta y tal como decía Washington, la justicia saltó por la ventana. La política partidista entró a la sala augusta de la SCJ, de la mano de Félix Bautista, en el año 2007, con el famoso caso del contrato del Estado dominicano con la Sun Land Corporation.
El caso Sun Land, defendido públicamente por Leonel Fernández, dividió a la SCJ no en dos sino en tres partes: una minoría de tres que entendía que el recurso de inconstitucionalidad contra el contrato era admisible y debían decidirse el fondo del mismo; un segundo grupo, que tenía mayoría y prevaleció, que entendió que debía ser declarado inadmisible por falta de calidad para actuar de los recurrentes (abandonado un precedente esa misma SCJ), y un tercer grupo que salvó su voto porque entendía que la causa de la inadmisibilidad era la falta de objeto pues el contrato ya había sido rescindido. En uno de los considerandos de la sentencia, uno o varios de los jueces quisieron salvar su vergüenza admitiendo que el contrato requería aprobación congresual, que no obtuvo, pero como este era el tema de fondo y no se decidió al respecto, esta mención no produjo efecto alguno.
La decisión del caso Sun Land sentenció a la propia SCJ, que a partir de ese momento comenzó un declive que se reconocía cuando se anunciaba la necesidad de lanzar una segunda ola de la reforma del Poder Judicial, que nunca llegó. Por el contrario, lo que se avecinaba era un tsunami con capacidad de arrasar con todo lo que se había logrado obtener en la primera ola.
Durante el 2009 el país se enfrascó en una reforma constitucional muy amplia, que discutió por buen tiempo si se creaba un Tribunal Constitucional (TC) o se atribuían sus funciones a una nueva sala de la SCJ. Fui de los que defendió que se creara una nueva sala en la SCJ para evitar debilitar al Poder Judicial. Si se creaba, como ocurrió, un TC extra poder, se le retiraba a la SCJ el enorme poder que implicaba tener la última palabra en la censura de los actos del Legislativo y del Ejecutivo contrarios a la Constitución, y por lo tanto se debilitaba al importante Poder Judicial en su relación con los demás poderes del Estado. La justicia quedaba en condiciones de retornar a su papel de cenicienta entre los poderes del Estado.
En la reforma constitucional aprobada en el 2010 se colocó una peligrosa disposición que facultaba al CNM a evaluar a los jueces de la SCJ cada siete años, con capacidad para destituirlos, por lo que la inamovilidad en sus funciones quedó amenazada por un órgano controlado por los partidos políticos. Hubiese sido suficiente mantener el juicio político ante el Senado al que pueden ser sometidos los jueces designados por el CNM a iniciativa de la Cámara de Diputados, pero la intención era que los jueces se sintieran convenientemente amenazados en busca de su sumisión.
La reforma constitucional del 2010 preparó el terreno para el control de lo que entonces comenzó a denominarse Altas Cortes, es decir la SCJ, el TC y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Así en las disposiciones transitorias de la Constitución reformada, proclamada en enero de 2010, se encomendaba al CNM realizar una evaluación de desempeño (sin tener que esperar 7 años) de los jueces de la SCJ y determinar de sus resultados si permanecían o eran sustituidos.
Leonel Fernández aprovechó de inmediato esta disposición y en el 2011 convocó al CNM, que inicio un proceso para evaluar candidatos al TC, al TSE, y para llenar probables posiciones en la SCJ producto de la evaluación de sus jueces que haría este órgano.
La selección de los jueces de las Altas Cortes no fue otra cosa que una repartición entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, donde, claro está, Fernández se servía con la cuchara grande. Se le permitió a Vargas solo una pequeña cuota en cada corte.
Todo el mundo sabe que así fue que se eligieron los jueces de las Altas Cortes, al margen de sus credenciales individuales, y lo que se esperaba y se espera de ellos es que en el ejercicio de sus funciones sean agradecidos con aquellos que los designaron.
El problema radica en que no se pudo engañar a la ciudadanía, que al margen de las entrevistas televisadas de cada uno de los candidatos, supo que lo que primó no fue la capacidad y trayectoria sino las posibilidades de sumisión en el futuro. No todos fueron seleccionados de esta manera, pues inteligentemente se escogieron personas que todo el mundo aprobaría, con capacidad e integridad sobradas, pero con la finalidad de legitimar la escogencia de otros más vulnerables.
Para muestra un botón. Leonel Fernández aprovechó el momento para separar de la SCJ a los tres jueces que votaron en contra de su posición en el caso Sun Land. Nunca se supo las razones que justificaban que en una evaluación de desempeño se destituyera, por ejemplo, a Julio Anibal Suárez, una autoridad en materia laboral, tal vez el más laborioso juez de la SCJ y reconocido por su integridad.
La Justicia dominicana: pasado, presente y futuro (3 de 3)
6 de mayo de 2015 - 12:09 am - 1 Comentario
En este momento la justicia se acerca a la situación de descrédito que tenía antes de la reforma constitucional de 1994.
Leonel Fernández suele ser un artesano de la política, una persona que trabaja con sumo cuidado los detalles de sus estrategias, y así lo hizo con la justicia dominicana, para lo cual logró que se aprobaran disposiciones claves en la nueva Constitución, llegó a un acuerdo de reparto con el presidente del principal partido de la oposición, Miguel Vargas Maldonado, y a finales del 2011, a través de un Consejo Nacional de la Magistratura bajo su control, designó a los jueces de las Altas Cortes con la finalidad de asegurar que la justicia no sería un obstáculo en sus planes políticos.
Miguel Vargas no solo fue capaz de firmar aquel pacto de las corbatas azules sin buscar acuerdos dentro de su propio partido, sino que además acordó con Fernández, también sin consentimiento de los órganos de su partido, recibir una pequeña cuota de jueces en las Altas Cortes apenas seis meses antes de las elecciones en que su partido disputaba el poder al partido de Fernández.
El acuerdo le resultó bien a Vargas, pues comenzó rápidamente a ver sus frutos cuando luego de las elecciones se disputaba el control del PRD y el Tribunal Superior Electoral (TSE) fallaba a su favor una y otra vez todos los casos que le llegaban. No solo el miembro que tenía Vargas dentro de ese tribunal votaba a su favor, sino además la mayoría controlada por Fernández.
La forma en que se condujo el TSE en la crisis divisionista del PRD desacreditó no solo a este tribunal sino a las Altas Cortes en sentido general, pues evidenciaba el control ejercido por Leonel Fernández, y se percibía que ese mismo control existía en la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y en el Tribunal Constitucional (TC).
Los tribunales judiciales se sumaron a este proceso de descrédito y lo curioso fue que el mismo no comenzó con los jueces sino con los fiscales. Antes de abandonar el poder el 16 de agosto de 2012, la mano derecho (¿será la izquierda?) de Fernández, el senador Félix Bautista, quería enterrar bien profundo todos sus “muertos” (es decir, sus expedientes de corrupción, existentes y futuros), y obtuvo que el fiscal Director de la entonces DPCA, Hotoniel Bonilla, dictara autos de archivo definitivo y provisional contra varias acusaciones en su contra, tratando de abarcar hasta aquellos aspectos no contenidos en las acusaciones, para evitar que pudieran surgir en el futuro. Se procuraba una vacuna de inmunidad total. Estas decisiones de Bonilla indignaron a mucha gente, sobre todo al producirse tres días antes del cambio de gobierno.
La realidad es que la crisis de confianza en la justicia se expresa por todos lados, y pretender desconocerla no es la estrategia correcta para enfrentarla.
Como si se tratara de un país libre de corrupción, la justicia comenzó a favorecer a los ex funcionarios acusados de corrupción, desde el Secretario de Finanzas del PLD y hombre de confianza de Fernández, Víctor Día Rúa, hasta el Secretario de Organización del PLD, Félix Bautista. Ya previamente, no de manos de jueces sino de fiscales, se habían archivado, sin investigación, querellas contra Fernández y su fundación, así como ha quedado engavetada en la Procuraduría General de la República una denuncia presentada por Participación Ciudadana sobre las violaciones cometidas en la generación del déficit fiscal del 2012.
Quedó claramente comprobada la incapacidad existente, de fiscales y jueces, de sancionar la corrupción administrativa, y por el contrario, comenzó a consolidarse una jurisprudencia que interpreta la norma a favor de la corrupción y no en su contra, ignorando por completo el claro mandato del artículo 146 constitucional de proscribir la corrupción. Nunca como hasta ahora existió un trabajo tan metódico al respecto.
Desde que tengo memoria ha existido en materia de corrupción la impunidad como la regla y la sanción como la excepción. Todos los presidentes que hemos tenido han seguido el librito de Balaguer de alcanzar gobernabilidad dejando que aquél robe por allí y éste robe por aquí, pero además designando a algunos de éstos como las alcancías de sus proyectos políticos, por lo que era necesario que todo este entramado corrupto contara con la debida protección de fiscales y jueces. Así recordaran frases como aquella de que a un ex presidente no se le persigue, o no tiremos piedras para atrás. En fin, siempre ha imperado la política del borrón y cuenta nueva y los mecanismos para asegurar su aplicación a través de jueces y fiscales.
Pero como con todo fenómeno social, siempre llega un momento de quiebre que da lugar a la indignación y que coloca a las autoridades en la obligación de tomar algunas medidas para calmar los ánimos, aunque sea solo para engañar a la población, como ocurrió en 1994 y en esos momentos se pueden alcanzar algunos avances.
En este momento la justicia se acerca a la situación de descrédito que tenía antes de la reforma constitucional de 1994. En aquella ocasión las iglesias y los empresarios denunciaron el estado de corrupción que arropaba la justicia, y el sector diplomático informaba al mundo que en nuestro país no existía seguridad jurídica para la inversión extranjera, pero también que la justicia estaba fuera del alcance de los pobres y la clase media.
Ahora, de nuevo, empresarios, iglesias y diplomáticos, además de organizaciones de sociedad civil y ciudadanos y ciudadanas, denuncian el mal momento que vive la justicia. El factor más importante en esta ocasión es la corrupción administrativa y la impunidad que encuentra en los tribunales, sin importar que la culpa la tengan jueces o fiscales.
No cabe duda de que lo que ha gatillado el clamor general ha sido el caso de Félix Bautista, no porque sea el único corrupto, o porque sea el “corrupto favorito”, sino porque él se ha encargado de darle a su caso el perfil que tiene, gracias a los montos involucrados, que son increíbles; al protagonismo que ha exhibido, prometiendo lo que no le conviene y que por lo tanto ha incumplido (mostrar todas su pruebas en audiencia o despojarse de la inmunidad parlamentaria); sus palabras irreverentes e insultantes contra el Procurador General de la República, en pleno juicio, televisado a todo el país, sin que el juez a cargo ejerciera la policía de la audiencia, o su mano levantada con el signo de la “L” de Leonel, que muchos han interpretado como una forma de demostrar por qué es inmune en los tribunales. No cabe duda, Félix Bautista le ha restregado su impunidad en la cara a la sociedad.
Además de este factor, la justicia dominicana ha venido perdiendo eficacia, lo que se nota en la mora judicial, que sigue creciendo. Esta situación que siempre ha afectado a la gente pobre y de clase media, ha alcanzado también a los que pueden pagar buenos abogados. Aquí la culpa no es tanto de los jueces, que no son suficientes en número para asegurar una decisión a tiempo de los casos, sino que la justicia ya no es más una prioridad y su presupuesto anual así lo demuestra. El Congreso crea tribunales pero no aprueba recursos para designar a sus miembros.
Otros factores han incidido en menor grado en la crisis actual, como los traslados de jueces sencillamente porque son independientes y no siguen instrucciones superiores, o la reacción del Presidente de la SCJ ante la crisis, primero desconociendo la realidad de su existencia y luego sumándose a Félix Bautista en la descalificación del Procurador General de la República.
La realidad es que la crisis de confianza en la justicia se expresa por todos lados, y pretender desconocerla no es la estrategia correcta para enfrentarla. La justicia, al igual que cualquiera de los otros poderes del Estado, debe legitimarse a través de sus actuaciones. Y esto no implica dictar sentencias “populares”, sino evitar decisiones complacientes con aquellos que tienen la facultad de designar a los jueces, de trasladarlos, de cancelarlos.
Un juez no se debe a la opinión pública, pero está ahí no solo para proteger los derechos individuales sino también los colectivos. No es posible que los jueces posean un mandato constitucional de proscribir la corrupción, y casi siempre interpreten la norma a favor del corrupto. No es posible que por disposición constitucional se haya invertido la carga de la prueba del patrimonio de los funcionarios o ex funcionarios públicos, y la misma sencillamente no se aplique y se deje que ciertos personajes exhiban sus fortunas mal habidas con completo desparpajo.
En España, México, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, y en muchos otros países los casos de corrupción no solo se están investigando sino que están llegando a los tribunales y encontrando sanción. Es hora de ocurra lo mismo en la República Dominicana.
Para que eso ocurra debemos primero lograr que los partidos políticos saquen sus manos de la justicia. Habrá en el futuro que volver a revisar la norma para introducir nuevos elementos que alejen la influencia política partidaria de las salas de audiencia.
Por ejemplo, en la Constitución de 2010 se introdujo el elemento de que una cuarta parte de los jueces de la SCJ debían ser extraños a la carrera judicial. Puede alegarse que se trataba de incorporar académicos, abogados en ejercicio, fiscales, pero la realidad es que se trataba de asegurar un espacio sobre todo a aquellos que llegarían de la mano de los partidos políticos, algunos de ellos con una misión muy específica. Esta puerta debe ser cerrada. Los jueces de la SCJ deben ser todos de carrera.
Por igual, debe eliminarse la facultad del CNM de evaluar a los jueces de la SCJ. La “evaluación” que se le hizo a Julio Anibal Suárez demuestra para qué se introdujo esta disposición. No es que los jueces de la SCJ no puedan ser tocados, pero bastaría dejar el juicio político al que pueden ser sometidos ante el Senado, previa acusación de los diputados. En estos momentos esa posibilidad de ser “evaluados” cada siete años, la próxima vez a partir de diciembre de 2018, es una amenaza que se cierne sobre la independencia de los jueces de la SCJ, pues quien controle al CNM en ese momento querrá colocar a sus propios jueces.
La justicia necesita levantar los niveles de credibilidad que posee en estos momentos para lo cual necesita alejar las influencias partidarias de sus jueces, pero además requiere de un aumento importante en su presupuesto para emprender mejoras en sus recursos humanos y tecnológicos que la hagan más eficiente. Lo que está claro es que no puede seguir como va. http://acento.com.do/2015/opinion/8246198-la-justicia-dominicana-pasado-presente-y-futuro-3-de-3/
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