- “En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado”.
- “la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores”.
- “Solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente”.
Como una gran parte de la sociedad dominicana me siento indignado por la deteriorada situación del Sistema Judicial dominicano y la rampante impunidad que nos agobia. Pero en este momento de desasosiego colectivo, debemos recordar que los tribunales no son el lugar apropiado para promover los cambios que nuestro país necesita.
No es que piense que las decisiones de los jueces sean inocentes o políticamente neutras, por el contrario, las decisiones judiciales, además de técnicas, contienen un reducto político propio del marco institucional que las genera, matizado por la valoración subjetiva de la persona del juez. No obstante, por su naturaleza y propósito, las decisiones de los tribunales no tienen una vocación particularmente política y su impacto en la sociedad es bastante limitado. Solo dentro de un contexto general de cambio político general, pueden los tribunales contribuir a redefinir una sociedad, pero una vez que el proceso de cambio se completa, los tribunales regresaran a su función de preservar el orden establecido.
Es cierto que el correcto funcionamiento del sistema judicial es importante para la democracia, pero la política no se hace en el estrado. El país no va a cambiar, ni a mejorar porque los tribunales condenen a los funcionarios corruptos. Más bien sería lo inverso, solo cuando creemos una democracia funcional, incluyente y fuerte, contaremos con un sistema judicial capaz de aplicar la ley sin privilegios. Pero no es posible tener la democracia que merecemos si el PLD siga controlando el Estado, independientemente de cuál grupo del PLD esté gobernando.
Nos gobierna una mafia
No faltarán quienes digan que el gobierno ha hecho su trabajo al impulsar la acusación a través de la Procuraduría General dela República. La situación de deterioro institucional de nuestro país le da mucha oportunidad al actual gobierno para sacar ventaja. Por ejemplo, si Félix Bautista hubiese sido enviado a juicio, el gobierno se hubiera quedado con el “mérito” de haber enjuiciado al senador; no obstante, con el no ha lugar en favor de Bautista, el gobierno puede decir que ha hecho lo posible, y echarle toda la cuaba a Leonel y su grupo. “En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado”.
Pero lo cierto es que durante años el PLD actuó como una corporación para acumular el poder e influencia que hoy le permite al senador de San Juan quedar impune. Más aún, fue el PLD como colectivo el que impuso la cultura política que hoy impera en nuestro país y que el danilismo ha abrazado sin reservas, como lo demostró tanto en las elecciones del 2012 como en el último congreso del PLD (utilizando en ambas ocasiones los recursos del Estado para comprar votos).
Más aún, las prácticas por las cuales Félix Bautista estaba siendo enjuiciado no han cesado. Este gobierno continúa utilizando el reparto de obras públicas como forma de enriquecer a sus colaboradores y principales dirigentes. El PLD es una mafia, y a pesar de la lucha interna por el ejercicio del poder, tanto el danilismo como el leonelismo representan la misma forma de hacer política. Si para muestra basta un botón, a nosotros nos basta señalar cómo el danilismo promueve la reintroducción de la reelección como un tema que será decidido por el Comité Político del PLD, como si dicho comité es el órgano deliberante del Estado.
Mientras el equipo del presidente Medina sigue embobándonos con trucos de cámara, la situación de nuestro país sigue empeorando. Junto al 35% de pobre que Danilo mencionó en su discurso del 27 de febrero, nuestro país tiene un 20% de personas en situación vulnerable (que el propio gobierno no califica como clase media). Esta situación seguirá empeorando, y el gobierno se rehúsa a aumentar los salarios, o a presentar un paquete de inversión social que estimule el crecimiento incluyente de la economía y cree trabajos dignos.
Asimismo, la inseguridad ciudadana es rampante, y el gobierno en vez de combatirla, se suma a ella llenando las calles de policías y militares que son incapaces del trato cívico más básico. El plan de seguridad ciudadana del gobierno consiste en la violación sistemática de la vida, la integridad y la libertad de miles de dominicanos jóvenes de los sectores más pobres. Mucho se habla aquí de las violaciones de derechos humanos en otros países, pero vivimos con un gobierno asesino, cuya política de seguridad ciudadana consiste en matar, y a muy pocas personas parece importarle.
En vez de enfrentar las desigualdades sociales, el gobierno de Medina ha preferido continuar otorgando privilegios a una clase empresarial parasitaria y a la jerarquía de la iglesia Católica. El actual gobierno está más enfocado en promover su agenda reeleccionista y ha dejado de lado a las grandes mayorías de nuestro país y sus reclamos sectoriales. “la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores”.
“En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado”.En fin, los problemas de nuestro país van mucho más allá de la corrupción administrativa, y solo pueden ser enfrentados con un cambio de rumbo drástico, lo cual solo se logra desde el Estado. En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado.
“la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores”.
Es posible derrotar a la mafia
En la medida en la que el PLD ha cerrado los espacios de deliberación ha ampliado los sectores de desafectados en nuestra sociedad, lo cual se ha convertido en un hervidero de movimientos sociales y políticos que potencialmente pueden desplazar al partido morado. Es cierto que estos movimientos están dispersos, lo cual les imposibilita enfrentar al PLD; pero si el compromiso existe para crear la democracia que merecemos, estas organizaciones deberán encontrar una plataforma para la cooperación. Al fin y al cabo, si la oposición no puede encontrar una forma de colaborar democráticamente, ahora como oposición, tampoco lo hará en el gobierno.
Dentro de las organizaciones nuevas y emergentes, Alianza País se ha colocado como la más grande, sin embargo, solo una lectura ingenua de las encuestas conduciría a pensar que dicho partido tiene alguna oportunidad de ganar las elecciones en el 2016. Es indiscutible, que la agrupación de la oposición más grande es el PRM. Este partido que viene embarrado de muchas de las prácticas antidemocráticas y corruptas incurridas por el perredeísmo en los últimos 30 años (en especial durante el gobierno de Hipólito Mejía) es un actor esencial para la construcción de la democracia en nuestro país, porque aglutina (y lo seguirá haciendo por algún tiempo) importantes segmentos de la población dominicana vinculados a la lucha antibalaguerista y herederos del movimiento social de los ’60 y ’70.
La renuencia de muchas agrupaciones minoritarias de la oposición a cooperar con el PRM es entendible, puesto que éste partido no ha dado indicios de que está dispuesto a transformarse para superar las limitantes de su pasado reciente. Sin embargo, esto no es razón para postergar la colaboración en la oposición hasta un momento en el que la dilución del perredeísmo abra espacios para que un nuevo partido ocupe el lugar del PRM en la oposición. Quizás haya dentro de la oposición quienes puedan darse el lujo de esperar diez o quince años para esperar a ver si les llega el turno, pero jugar de esa manera con el sufrimiento de la sociedad dominicana es cruel. “Solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente”.
Si el problema de la oposición es que desconfía de la vocación democrática del PRM, la solución es desplegar una política que obligue ese partido a asumir compromisos concretos con la democracia. En otras palabras, la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores. Una plataforma de acción en la oposición no tiene que ser una estructura orgánica (como lo es por ejemplo, La Convergencia), sino que debe ser un programa de acción que pueda ser seguido por cada organización a su propio ritmo.
“Solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente”.
En particular, si se plantea y negocia un programa político para la construcción de la democracia, las bases de la cooperación quedarán claras y cada actor podrá sentirse seguro de que dirige su accionar a la promoción de un proyecto social, sin importar quienes más apoyan ese proyecto. De igual modo, una plataforma de este tipo provee un marco de responsabilidad clara para juzgar el desempeño de cada actor.
Movilización ciudadana y proyecto electoral
Una de las principales razones por las que derrotar al PLD requiere de la unidad de la oposición es porque no estamos en un contexto en el que la competencia electoral será igualitaria. Mientras el PLD se encuentre inmerso en su lucha interna, la oposición no sentirá el poder de la maquinaria estatal, pero desde que se defina la candidatura de ese partido, el escenario político será otro.
Más aún, con el control que tiene el PLD del Estado, ¿qué nos hace pensar que entregarán el Estado? Algunas personas siguen soñando que en un mundo globalizado los organismos internacionales obligan a los países a mantener un marco institucional transparente. Pero en Latinoamérica ya estamos muy viejos para esas sandeces. Si el PLD se quiere quedar con el Estado, no habrá un Chapuilín que nos ayude. Solo una movilización ciudadana vigorosa, que cuente con el apoyo de toda la oposición, puede obligar al PLD a respetar un marco institucional justo y transparente.
Ya vimos cuál es la ley de partidos que el gobierno pretende aprobar, y no importa cuantas declaraciones hagan individualmente los líderes de la oposición, solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente.
No hay razón para obedecer a un gobierno ilegítimo, corrupto y autoritario, todo lo contrario, la desobediencia a un gobierno así es un deber cívico y se desprende tanto de la necesidad como del compromiso con la democracia que merecemos y queremos. Mientras los organismos del Estado como el Congreso y el Sistema Judicial se encuentren paralizados y secuestrados, el único mecanismo de control contra el poder del ese gobierno es la movilización ciudadana tendente a crear un estado de ingobernabilidad. Esta misma movilización constituirá la base de la participación electoral de la oposición. Si la oposición no puede movilizar a la ciudadanía para obligar al PLD a aprobar una ley de partidos apropiada, y a modificar la composición de la JCE y el Tribunal Electoral, tampoco podrá hacerle frente en las urnas.
http://nuestrotiempo.com.do/2015/03/28/la-politica-no-se-hace-en-los-tribunales/
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Abogado, con máster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Manchester , Reino Unido. Ha realizado investigaciones sobre teoría social. Activista social involucrado en la lucha por los derechos humanos en la República Dominicana.
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