29 de marzo de 2015
Análisis de Juan Bolívar Díaz: La política lo arropa todo, con alto costo económico
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-A casi 14 meses de las elecciones generales, la política domina el debate nacional y se manifiesta en propaganda masiva en medios de comunicación y vías públicas, relegando los graves problemas de la sociedad dominicana, sin la menor regulación y sin siquiera adaptar el régimen electoral a la Constitución promulgada hace cinco años.
Es imposible calcular el costo económico de la endeble democracia nacional, que este año implica 4 mil 506 millones de pesos del presupuesto nacional, más 1,370 millones de subsidio a los legisladores, para totalizar 5 mil 876 millones de pesos, superior al de 4 ministerios, sin cuantificar nominillas, clientelismo, uso de recursos públicos y corrupción.
Se desborda la política
Cuando la Constitución del 2010 unificó las elecciones presidenciales con las congresuales y municipales en el mismo año, se justificó el regreso al sistema de arrastre con el argumento de que se reduciría el tiempo y costo de las campañas electorales, pero antes que el actual gobierno cumpliera su primer año comenzó la promoción de precandidaturas para todos los niveles electivos. Lo más inconcebible es que los primeros en salir a la palestra electoral fueron del partido que concentra todos los poderes del Estado que desde hace meses pintan de morado las vías públicas y los medios de comunicación.
Palacio Nacional, con activismo por la reelección
En ciudades como Santiago se cuentan por centenares las vallas propagandísticas de todos los tamaños de por lo menos seis que compiten por la candidatura a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana, resaltando el dominio de los directores de Comedores Económicos y del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas, Monchy Rodríguez y Fernando Rosa, con gasto millonario mensual, aunque ninguno de los dos pasaba de clase media cuando llegaron al gobierno.
Hasta para las candidaturas a regidores y vocales municipales, que pasarán de 4 mil en todo el país, ya hay promoción, pero resaltan los precandidatos presidenciales peledeístas Leonel Fernández, Reinaldo Pared y Francisco Javier, y en menor medida Temístocles Montás y Radhamés Segura, dos de ellos ministros, mientras un tercero, el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, se promociona para senador por Barahona. Ya hay candidatos presidenciales formalizados por diversos partidos, como Miguel Vargas, Federico Antún, Fidel Santana y Luis Abinader, los dos primeros encabezan los partidos que, junto al PLD, reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, 18 millones de pesos mensuales cada uno, y ya gastan en publicidad.
Saturan los medios masivos
El destacado sociólogo Cándido Mercedes se quejó recientemente de que la política lo ha sobredimensionado todo:. “Es como si la sociedad toda estuviera subordinada a la política, cuando la política es una parte de la vida social y tiene como epicentro dirigir el Estado, que es la sociedad políticamente organizada”.
Personas que visitan el país por primera vez y desde que salen del aeropuerto ven tanta propaganda electoral, y que el debate en los medios de comunicación gira sobre encuestas y perspectivas electorales, quedan asombrados cuando se enteran que falta más de un año para las próximas elecciones. Y es que tales niveles de saturación política ya no se dan en la democracia, pues las normativas limitan la propaganda en tiempo y volumen para reducir la irrupción del dinero mal habido, sea extraído del Estado, de actividades ilegales como el narcotráfico, o de los rentistas de la política.
Steven Griner y César Arias en un estudio sobre Medios de Comunicación y Partidos Políticos en América Latina, incluido en un informe de la Fundación Ebert del 2007, sostuvieron que la República Dominicana y Honduras eran los países de la región con menores regulaciones de las campañas electorales. Desde entonces aquí no se ha avanzado absolutamente y la mejor muestra es el proyecto de ley de partidos sobre el cual se han establecido numerosos consensos y compromisos pluripartidistas y con la sociedad civil desde 1999, sin que haya podido ser aprobado, pese a haber sido presentado al Congreso una decena de veces.
La renuencia a legislar para normar la actividad política se expresa también en que ni siquiera está en discusión un proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral introducido al Congreso por la Junta Central Electoral en el 2011 y que, al igual que el de Ley de Partidos, fue fruto de una asesoría de técnicos de la OEA para conciliar el sistema con el nuevo marco de la Constitución proclamada en el 2010. Todo parece indicar que pasará una segunda elección general sin que se haga el ajuste.
Senadora por Dajabón, Sonia Mateo
El costo de la política
Hace años que se sostiene que la política es una de las principales industrias nacionales, de la que viven decenas de miles de personas, de forma permanente o como activistas temporales, pero cada año parece que se eleva su costo de producción, hasta el punto que se invierten decenas de millones de pesos para alcanzar una de las 190 curules de la Cámara de Diputados.
Con cargo directo al Presupuesto Nacional en el 2015 se erogarán 4 mil 506 millones de pesos para sostener la democracia, de los cuales 3 mil 151 corresponden a la Junta Central Electoral, 550 millones para el Tribunal Superior Electoral y 805 millones de subsidio a los partidos políticos.
El gasto ascenderá a 5 mil 876 millones sumándoles lo que sale del presupuesto del Congreso Nacional para financiar fondos de asistencia social de los legisladores, que no es otra cosa que su promoción personal. El subsidio de 50 mil pesos mensuales a cada uno de los 190 diputados, conocido como cofrecito, consumirá 1,140 millones de pesos, y el barrilito de los senadores, 230 millones de pesos. El costo presupuestario de la democracia supera en 1,085 millones las asignaciones de este año para los ministerios de Trabajo, Cultura, de la Mujer y de la Juventud, que totalizan 4 mil 791 millones de pesos.
Con esos subsidios los actuales legisladores llevan una ventaja considerable sobre cualquier ciudadano que el año próximo compita con ellos por sus curules después de 6 años recibiendo subsidio para “asistencia social”. El promedio mensual de los senadores es de 598 mil pesos, que por 72 implica 43.1 millones de pesos. Los que más reciben, 900 mil mensuales. habrán dispuesto de 64.8 millones. Cada diputado, con 600 mil pesos mensuales, habrá gastado de ese fondo 43.2 millones de pesos.
Sin embargo, el costo cuantificable es una ínfima parte de lo que cuestan a los contribuyentes decenas de miles de cargos cada vez mejor remunerados en las instituciones del Estado, las nominillas que hay en ministerios, instituciones autónomas, ayuntamientos y hasta distritos munjicipales. Tampoco se puede cuantificar los pagados con los dos millones de tarjetas de los programas sociales ni el monto de los abusos de los recursos públicos (vehículos, combustible,teléfonos, materiales gastable, dietas), y mucho menos la extracción por vía de la corrupción.
Relegados los problemas
La extensa campaña electoral ya envuelve al gobierno, como casi siempre, agravada por los esfuerzos para prolongarse en el poder vía reelección, aunque está prohibido por la Constitución, y relega el enfrentamiento de graves problemas nacionales. Pocos creen que puedan lograrse en el actual período los pactos fiscal y eléctrico que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo mandaba para comienzo de este año.
En campaña electoral adelantada, ya nadie espera que se aplique la ley de salarios públicos aprobada hace dos años y medio, ni que vayan a despedir cientos de botellas diplomáticas y consulares, ni a eliminar organismos inoperantes ni a fusionar las duplicidades. Mucho menos que pongan en retiro los generales que dispuso la ley, ni que reformen la Policía Nacional como se anunció en el discurso inaugural, ni que se enfrente el caos de la circulación vial, el deterioro de la seguridad social o la inseguridad ciudadana.
La atención a los problemas principales es casi nula.
El inmenso costo de la política sustrae recursos que amortiguarían deficiencias estructurales como el que la mitad de los hogares carecen de suministro interno de agua, que apenas el 5 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina tienen alcantarillado sanitario y contaminan los ríos, el mar y el subsuelo de donde muchos se nutren para un precario servicio de agua, o permitirían reparar la mitad de los 36 sistemas de tratamiento de agua del gran Santo Domingo, ahora mismo fuera de servicio.
Con parte del costo de la política se afrontarían las plagas que afectan la producción de vegetales, frutas, café, banano y coco, se comprarían los contadores de electricidad y de agua que faltan para reducir las pérdidas y se incentivaría la producción de energía hídrica, eólica y solar para paliar los apagones, y se mejoraría los míseros salarios de policías, militares, enfermeras y otros servidores públicos.
Nada de eso está en el debate público, ni siquiera el aumento salarial que se discute hace seis meses, ni mucho menos los atrasos que nos dejan en los últimos lugares en todas las evaluaciones regionales e internacionales, incluyendo ese 41 por ciento de pobreza, la mitad en estado de indigencia, que diagnosticó en enero la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.-
http://acento.com.do/2015/politica/8235284-analisis-de-juan-bolivar-diaz-la-politica-lo-arropa-todo-con-alto-costo-economico/
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