Dos relatos en disputa
Una de las reuniones de preparación de plan de acción hacia un nuevo orden democrático.
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La política es la constante batalla por el sentido. Es la constante pugna entre puntos de vistas. No es posible concebir la política si no es a través de la relación dialéctica de poder que se produce a lo interno de una sociedad. Quiere decir entonces, que la lucha política es la lucha por la hegemonía o dicho en términos concretos, es la lucha por la imposición de un proyecto de valores alternativos al que rige determinada comunidad política.
El principal pilar del PLD para su mantenimiento en el poder, ha sido la imposición de un relato único, que se resume en el discurso de que ellos encarnan el progreso y la estabilidad del país. Aquella frase de que el país se dividía entre peledeístas y corruptos, pasó a la de civilización o barbarie, representado esto último por cualquier intento de disidencia o reproche ciudadano que pretenda cuestionar el poder. Su principal pilar representa a su vez la incapacidad que ha tenido la oposición política de crear un nuevo relato, un proyecto de país verosímil hacia donde encaminar a la gente.
En ese esfuerzo, el PLD en una relación funcional y de subordinación con poderes fácticos, lograron por mucho tiempo apagar la llama de la esperanza ciudadana convenciendo de que otra opción no es posible, imponiendo así una cultura política en donde se acepte y respete la estabilidad de un orden institucional con la incapacidad de dar respuestas a las expresiones y demandas democráticas de la gente. Esta reiterada producción y reproducción del relato es lo que ha permitido la continuidad de la peor versión de lo mismo.
Con éxito para ellos, la democracia ha sido reducida al momento (matadero) electoral y el dialogo entre representantes y representados enterrado. Los espacios de participación democrática se redujeron o se cubrieron bajo una fachada que impide el involucramiento real y efectivo de la gente en la creación de las políticas públicas que materialicen sus derechos fundamentales. Todo esto se evidencia en nuestro sistema político a partir de la degradación del Estado de Derecho y la acentuación del autoritarismo, en tanto el PLD ha logrado un constante aumento del control de las instituciones llamadas a garantizar el equilibrio democrático y el bienestar de la ciudadanía.
Pero eso cambió. El 22 de enero irrumpió un nuevo relato. La ciudadanía imbuida en el sentimiento verde salió a recuperar el momento democrático, liberando la discusión del secuestro de las instituciones que han sido incapaces de satisfacer las necesidades de la gente. La indignación e insatisfacción aislada se convirtió en un sujeto político llamado Marcha Verde; en un interlocutor que a través de la consigna del fin de impunidad replanteaba los términos de la discusión política planteando un nuevo relato sobre la realidad. Se abría así la oportunidad para reconstruir lo político, para re-significarlo con vocación transformadora.
El sentimiento verde visibilizó el desencuentro entre dos visiones de la democracia: 1) Una democracia aparente, vertical, de fachada que es producida y reproducida a través del discurso oficial, del relato o discurso formal institucional; 2) una democracia material, concreta y pretendida, que emana de una incipiente participación ciudadana fruto de una suerte de rebelión con los términos del pacto social y político.
La primera visión de la democracia se atrinchera en un discurso cuyas capacidades de seducir son cada vez menos exitosas por no comprender en sí la realidad de la gente, por haberse erigido con oídos sordos a los reclamos de las mayorías. La segunda está representada en una impugnación explicita del sistema político en su conjunto; es decir, una suerte de desadhesión a lo institucional por la imposibilidad de sentirse representado. Esto desemboca en una crisis de credibilidad que erosiona sino el poder, por lo menos la gobernabilidad democrática. La gente se colocó frente al tablero político y se dio cuenta entonces que el pacto social y político no está vigente, pues sus representantes rompieron el acuerdo y los términos que se están materializando son otros, no los acordados. El hartazgo de la gente se organizó y se enfiló contra una forma de gestionar la democracia al verificar que sus proyectos particulares de vida tenían cada vez menos espacio de desarrollo en la sociedad.
Una de las facultades que les proporcionó al PLD el establecimiento de ese relato único fue la posibilidad de determinar y fijar las condiciones y reglas sobre las cuales quienes quieren desafiarlo deben hacerlo.
Desconfianza, falta de credibilidad en las instituciones e impugnación a las condiciones y reglas impuestas por el PLD para exigirles. El caso de ODEBRECHT demostró que la corrupción y la impunidad son características fundamentales del sistema político. Los sobornos entregados a funcionarios públicos de varias administraciones atravesaron la institucionalidad democrática y revelaron un secreto a voces para la ciudadanía: El Estado como botín, la mafia como esencia de la practica política.
Esa falta de credibilidad en la instituciones se reflejó nítidamente en las demandas iniciales del movimiento verde, cuando reclamaba la conformación de una comisión de fiscales independientes y la asistencia técnica de una comisión de la ONU o la OEA que brindara ayuda en la compleja investigación de los graves hechos de corrupción evidenciados. ¿Cómo se robustecieron éstas demandas? Con la firma de más de 500 mil ciudadanos del histórico Libro Verde que recorrió el país buscando el apoyo de la ciudadanía en una petición dirigida al Presidente de la República. A partir de ahí las marchas cifraron sus esfuerzos en la necesidad de llevar hasta sus ultimas consecuencias esta investigación pero con autonomía de las autoridades actuales por sus implicaciones en los hechos investigados.
La indignación que antes se expresaba de forma dispersa y que buscaba respuesta, se articuló en torno a éstas demandas. Pero lo hizo de forma contra hegemónica, es decir un contra canto, un contra relato a las formas en que el PLD ha diseñado para desafiarle el poder. No lo hizo sobre la base de las términos que fija el actor hegemónico, sino sobre bases que garantizaran resultados reales en la prosecución de un caso que tocaba los cimientos del modelo de dominación del PLD.
El relato del PLD constituye el sentido común que da como válidas las causas reales de la insubordinación de la gente, pero que en tanto sentido común confunde al indignado en el proceso de construcción de su conciencia política, ya que de forma predeterminada está anulado para cuestionar o tan siquiera observar con mirada diferente el entorno que lo rodea. Sabe que algo anda mal y le impide superar sus condiciones materiales de existencia, pero no sabe porqué, pues el porqué está escondido en lo que él considera como sentido común y que se supone como incuestionable e invariable. Lo que provocó el sentimiento verde fue una evolución cualitativa en la conciencia de la gente, la cual al marchar comenzaba a cuestionar una practica política degenerada y convertida en sentido común. La gente le demostró al PLD que la sociedad envilecida y corrupta no era la expresión real de la sociedad dominicana.
Pero, ¿qué ocurrió con las demandas impulsadas por el Sentimiento Verde? Araron en el mar. No encontraron oídos en las instituciones dispuestas a escucharlas, no encontraron respuestas a sus exigencias. Pero, ¿por qué? porque esas demandas atentaban contra el relato del PLD que establecía que la corrupción era un problema aislado, no endémico y sistémico del actual orden político. La consecuencia inmediata fue aumentar la desconfianza de la gente, lo que sumado a múltiples elementos de hecho robusteció la idea de la grave implicación de la clase política, fundamentalmente del PLD, en este sistema de corrupción e impunidad estructural. Los esfuerzos institucionales del PLD se orientaron a preservar la estabilidad del sistema político, como una forma de proteger el relato que regía sin disputa ni percances el imaginario colectivo hasta la epifanía que provocó ODEBRECHT.
El sometimiento judicial de Danilo Medina
Las informaciones que fluyeron de Brasil, la canallada mediática que constituyó el proceso judicial impulsado y la estrategia fallida del poder de ignorar el reproche ciudadano como una forma de proteger nuevamente el relato de que nuestro país crece y se democratiza, llevaron a la gente a profundizar la discusión política. La falta de mecanismos institucionales y la cooptación de los que existen, fundados en hechos concretos, documentados y denunciados escalaron las demandas al exigir el sometimiento judicial del presidente de la República por formar parte de un esquema de triangulación que implicó pago de sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento ilegal de su campaña electoral. 
Pero, ¿qué de “subversivo” podía tener esta petición? En un régimen político como el nuestro en donde la clase representante impidió la incorporación de figuras como el referéndum revocatorio y no existen disposiciones claras y tramitables para el juicio político por aplicar aquella máxima de que “los presidentes no se tocan” constituye sin lugar a dudas un contra relato a una forma de ejercicio de poder omnímodo y no sujeto a la rendición de cuentas y al cumplimiento de consecuencias por el incumplimiento de las funciones puesta a su cargo.
Cuando el sentimiento verde se aunó en la demanda de someter al presidente lo hizo convencido de su implicación en los hechos denunciados y expresó a su vez que no está de acuerdo con que Danilo Medina siga cumpliendo las funciones de primer mandatario de la nación. Situaciones como estas demuestran que nuestro ordenamiento político tiene un gran vacío institucional al carecer de procedimientos para poner freno a los gobernantes en el intermedio de los periodos electorales provocando su renuncia o su destitución.
Gran parte de la ciudadanía está de acuerdo con someter al Presidente de la República. La madre de todas las marchas, celebrada el 16 de Julio lo demostró y las marchas consecuentes lo han robustecido. Sin embargo, la gente sabe que las instituciones no van a atender el reclamo que plantean por encontrarse secuestradas y al servicio de un relato que implica garantizar la impunidad como mecanismo de supervivencia del actual orden político.
El sentimiento verde ha fijado como objetivo principal el fin de la impunidad. Y el fin de la impunidad implica la construcción de un nuevo orden democrático, implica la construcción de un país que comienza por el desmonte del andamiaje de la impunidad. Ese nuevo orden democrático implica lograr una reforma estructural del Estado. Este nuevo relato pasa por una lucha política que implica una lucha por la hegemonía, una lucha por el sentido común.
El discurso político es construcción y no expresión -“lo que se dice produce sentido”-, y la tarea debe ser la de establecer:
1) un cuestionamiento constante a los términos de la disputa, lo cual se logra a través de la incorporación de un lenguaje, de símbolos, de hitos, mitos proscritos por el PLD y que se encuentra excluido del lenguaje políticamente correcto. Entre ellos está plantear desde la ciudadanía que la construcción de un nuevo orden democrático se logra desatando la discusión sobre el poder constituyente en tanto la capacidad de la gente de crear una Constitución que permita establecer mecanismos de control real de los gobernantes, como lo es la figura del referéndum revocatorio.
Implica además la creación de un régimen electoral transparente y democrático que impida por ejemplo lo que pasó con la campaña electoral del presidente la cual recibió financiamiento ilegal fruto de sobornos y sobrevaluaciones; igualmente de una Ley de Partidos Políticos que garantice la participación equitativa de los actores políticos.
Implica también la re-composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo representantes de la sociedad civil y de las universidades y estableciendo una representación más equitativa entre mayoría y minoría congresuales para evitar el secuestro de la justicia y que se siga poniendo al servicio de la impunidad.
Asimismo, garantizar la autonomía del Ministerio Público otorgándole independencia administrativa y financiera del Poder Ejecutivo, un mandato explícito de poner fin a la impunidad y recuperar el dinero defraudado a la sociedad dominicana.
Rueda de prensa Manifiesto III.
Todas estas demandas constituyen parte de la zapata que permitirá la construcción de una institucional que materialice el fin de la impunidad y la creación de ese nuevo orden democrático. Todas estas demandas constituyen a su vez parte de los términos proscritos por el PLD discursiva o materialmente en el marco del relato único que han impuesto a parte de la sociedad dominicana.
2) la construcción de un nuevo campo político, es decir el espacio donde se cumplen las acciones, se recrea la discusión, se construyen las agendas nacionales, el cual durante los últimos 8 meses se ha comenzado a escenificar en las calles, donde la gente se ha volcado con demandas y exigencias que desbordan los límites impuestos por el relato del PLD.
3) la capacidad de re-significar y re-definir elementos que forman parte del debate y dar un sentido distinto, de transformación, de cuestionamiento político (de la relación) y coherente con el nuevo relato que irrumpe. La recuperación del momento democrático, que implica ver la democracia más allá de las elecciones sino en las acciones cotidianas de los representantes frente a sus representados, ha implicado un proceso importante de re-significación de conceptos tales como la democracia, participación, transparencia, en fin de una serie de conceptos que habían sido secuestrados por el PLD y que poseían un significado contrario a lo que la gente ha comenzado a reclamar en las calles.
Existe la voluntad ciudadana de ser consecuentes con el sometimiento del presidente de la República, habidas cuentas de que las instituciones puestas al servicio de la impunidad no actuarán, sin embargo, cada acción se abona a un proceso de robustecimiento de que este sistema político tiene una relación funcional con la corrupción.
El sometimiento del Presidente, que es un reclamo que nace explícitamente del seno del sentimiento verde, implica su destitución y separación del cargo. Implica enfrentarse a una situación de ilegitimidad que solo se resuelve con más y mejor democracia, con reformas y con la expresión libérrima de la gente reflejando nuevamente su voluntad de elegir autoridades que no estén afectado por el lastre de la ilegalidad e ilegitimidad.
Que las alarmas de régimen del lodazal que garantiza impunidad se activen frente al surgimiento de una manifiesto ciudadano que a su juicio llama al “caos y al desorden” es señal de que el relato del PLD dejó de jugar solo. En una sociedad política como la nuestra esto se explica principalmente en el hecho de haber “optado” por un sistema político-institucional fundado exclusivamente en el modelo de democracia representativa. Y es así, pues el sistema político dominicano de hoy surge del germen del autoritarismo y es por ello que la adopción de un sistema eminentemente representativo se hizo con la intención deliberada de entrampar la democracia, de dejarla a la exclusiva voluntad de los representantes condicionando la soberanía popular solamente a través de elecciones. El problema que significa no haber tenido la oportunidad de habernos dotado una forma más directa de democracia, hace esencial que los representantes se encuentren permanentemente al tanto de las necesidades y urgencias que afectan a la población.
Hay que re-abrir las puertas del sistema democrático y llenarlo de las expresiones, de las demandas, de los anhelos de tanta gente que se ha quedado fuera. Se trata de construir esperanza y materializarla. Se trata de que en este desencuentro entre dos relatos, entre dos visiones de la democracia, termine primando el de la construcción de un nuevo orden democrático. La crisis y el desorden institucional tienen más de 50 años campeando por sus fueros, el nuevo relato implica la salida de esa crisis de la democracia. Podemos hacerlos y lo estamos haciendo.
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