Basilea III y las asociaciones público-privadas: El efecto mariposa
“El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán en otra parte del mundo.” Esta simple frase, que introduce el concepto de la teoría del caos, puede también resumir el posible impacto que las reglas de capital bajo Basilea III tendrán sobre la oferta de financiamiento para las asociaciones público privadas.
Las nuevas reglas de capital que se están implementando bajo Basilea III, van en la línea de fortalecer los requerimientos y la definición de lo que constituye el capital, así como los ratios de cobertura y liquidez que la banca comercial debe mantener. Estos cambios van a tener un impacto sobre los incentivos de la banca comercial a prestar en proyectos de inversión de largo plazo en su modalidad de “project finance”, justo en el momento en que la brecha de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe (LAC) se está expandiendo (ver Gráfica 1) y las opciones para hacerse de recursos de capital para proyectos de infraestructura son limitadas (ver Gráfica 2).
Fuente: Leon, C. and Reyes-Tagle, G. “Investment needs and the infrastructure gap in LAC.” BID 2017.
Fuente: Serebrisky, T. et.al. “Financiamiento de la infraestructura en América Latina y el Caribe: ¿Cómo, Cuánto y Quién?, BID, 2015 [1].
Reglas más estrictas para los bancos
Las nuevas regulaciones bajo Basilea III son más estrictas en las reservas y ratios que los bancos deben mantener y los niveles de liquidez que se deben preservar con el objeto de evitar, mitigar o hacerle frente a una posible crisis bancaria. Por ejemplo, con las nuevas regulaciones:
- las tasas de cobertura de liquidez (TCL) para los bancos serán mayores y más estrictas, buscando que los bancos tengan más capital y que el cliente ponga más recursos propios y menos deuda;
- se establece un ratio de financiamiento estable neto (RFEN) que limita el fondeo de proyectos de mediano y largo plazo;
- se crean nuevos límites a exposiciones de mayor tamaño (LEMT) y criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición, lo que podría limitar la participación de bancos relativamente pequeños (o banca local) en grandes proyectos de infraestructura y;
- se introduce la posible eliminación de los modelos basados en riesgo interno (RI) para el financiamiento del proyecto. Si no se puede contar con calificaciones independientes, se podría exigir un aprovisionamiento de capital más conservador.
Bajo los lineamientos de Basilea III, la banca comercial que lleve a cabo préstamos a las Entidades de Propósito Especial (SPVs, por sus siglas en inglés), piezas clave en la estructuración de las APPs, deberán mantener en reserva líquida el 100% del equivalente al préstamo otorgado a la SPV. Es decir, por cada dólar prestado a estas entidades, el banco debe tener en reserva otro dólar, haciendo menos atractivo prestarles recursos ya que el costo de oportunidad de hacerlo se incrementa. Así mismo, la regulación exige a los bancos tener una proporción mayor en los denominados Fondos Estables de Reserva, que por definición tienen alta liquidez, que iría en detrimento del portafolio de inversión de largo plazo ya que son menos líquidos.
Menor oferta de financiamiento de largo plazo y préstamos más caros
Debido a las nuevas restricciones al capital bajo Basilea III, se espera un alza en los costos que la banca comercial va a incurrir y que por tanto se verá reflejado en un aumento en el costo del financiamiento. Algunas estimaciones apuntan a alzas en los costos de financiamiento de entre 60 y 110 puntos base. Así mismo, la brecha en la oferta de recursos para préstamos de largo plazo se está reduciendo. Hoy en día se estima que se ha redireccionado alrededor de US$1 trillón de dólares [2] de la oferta de la cartera de “project finance” a instrumentos y portafolios de corto y mediano plazo.
Si por un lado la oferta de financiamiento de largo plazo por parte de los bancos será menor, por otro, las oportunidades para los inversionistas institucionales (fondo de pensiones, banca multilateral, etc.) en el financiamiento de proyectos de infraestructura, serán mayores. Aun con esto, son tan grandes las necesidades de inversión que probablemente los recursos provenientes de inversionistas institucionales no sean suficientes. Esto aumentará la presión a los gobiernos por otorgar mayores apoyos gubernamentales (garantías, subsidios, etc.) con la finalidad de atender dichas necesidades, en especial a través de proyectos de APPs.
Para América Latina y el Caribe, una de las regiones donde mayor apoyo gubernamental reciben los proyectos APP (ver Tabla 2), eso significa que los gobiernos tendrán que aumentar aún más su apoyo a estos proyectos.
Tabla 2. Apoyo gubernamental a proyectos APPs
Fuente: Reyes-Tagle G. y Leon, C. “Government support in PPPs”, IDB, 2017
Sin el adecuado análisis, monitoreo y evaluación de los riesgos asociados a dichos proyectos, los gobiernos pueden estar asumiendo responsabilidades de las cuáles no tienen la capacidad de manejar. En este escenario, los gobiernos se ven en una situación de estrés al tener que pagar por los riesgos materializados relacionados a estos tipos de proyectos, mismos que pueden tener serios impactos macroeconómicos y fiscales
Por ello es fundamental que los proyectos de APP cumplan con todos los procesos y procedimientos instituidos en los marcos legales y regulatorios [3] que garanticen que dichos proyectos son prioritarios y tienen valor agregado por encima de otras formas de financiar las inversiones en infraestructura.
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Notas de pie:
1 Enlace a la publicación.
2. Fuente: Basel III and the Future of Project Finance Funding, Tianze Ma, University of Michigan Law School (2016).
3.Tals como Valor Por Dinero, comparador público privado, análisis de riesgos, etc.
2. Fuente: Basel III and the Future of Project Finance Funding, Tianze Ma, University of Michigan Law School (2016).
3.Tals como Valor Por Dinero, comparador público privado, análisis de riesgos, etc.
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