susipola@gmail.com e-mail: redaccion[@]elnacional.com.do Publicado el: 12 septiembre, 2017
La indolencia del Estado
Somos un país en el que la indefensión aprendida es el sentimiento mayor, sobre todo, después de un mes de agosto tan revelador de la peligrosidad en que vivimos, por la falta de consecuencias a tantos crímenes contra las mujeres y las niñas, a cuyo reclamo no se une el Estado nacional.
A finales de los años noventa, decía el sacerdote jesuita colombiano Javier Giraldo Moreno S.J., que sentía que se estaba produciendo un movimiento progresivo de desjuridización de los derechos humanos, y que en esas circunstancias, “los Estados muestran, una tendencia a irresponsabilizarse; a liberarse de una o de otra manera de la fuerza vinculante que tienen para ellos los “derechos humanos”[…] A veces asumen características de “víctimas” de las violaciones a los derechos humanos; a veces simulan el papel de “árbitros de buena voluntad” entre los ciudadanos, etc. En esta tendencia a la irresponsabilidad hay que encontrar una de las raíces más profundas de la impunidad”.
A finales de los años noventa, decía el sacerdote jesuita colombiano Javier Giraldo Moreno S.J., que sentía que se estaba produciendo un movimiento progresivo de desjuridización de los derechos humanos, y que en esas circunstancias, “los Estados muestran, una tendencia a irresponsabilizarse; a liberarse de una o de otra manera de la fuerza vinculante que tienen para ellos los “derechos humanos”[…] A veces asumen características de “víctimas” de las violaciones a los derechos humanos; a veces simulan el papel de “árbitros de buena voluntad” entre los ciudadanos, etc. En esta tendencia a la irresponsabilidad hay que encontrar una de las raíces más profundas de la impunidad”.
Este discurso del padre Giraldo, entonces, es de plena vigencia en nuestro país, donde, como él decía, “la imagen es la de un Estado que “no es ya el garante”, y, por lo tanto, el violador potencial, en estricto sentido, de los derechos humanos, se apoya la tendencia consecuente de restarle importancia, de relegar a bajo rango la función de investigar, enjuiciar y sancionar a los agentes del Estado comprometidos en violaciones graves a los derechos humanos”.
Para las mujeres, las instituciones formales del Estado dominicano, no son garante de nuestros derechos y en cualquier etapa de nuestra vida estamos por “nuestra cuenta”, lo que no es nada fácil en una sociedad machista y con niveles peligrosos de misoginia. Los crímenes contra dominicanas jóvenes y los escenarios pletóricos de saña, indican que los niveles de machismo son dañinos y muy peligrosos.
Las cosas así, la semana pasada, el cambio de medidas de coerción a los dos tristemente únicos políticos presos por corrupción, en medio del gran desasosiego producido en la ciudadanía por los macabros sucesos de agosto, no hace más que reafirmar la impotente desesperanza de este pueblo.
Y ahí la vigencia de lo dicho a finales de los noventa por el jesuita colombiano: “hay que decir que la impunidad no ha transitado impunemente por nuestros caminos. Ha dejado huellas profundas.
Ha erosionado instituciones y estructuras; ha afectado profundamente el mundo de las relaciones sociales y políticas; ha rediseñado el Estado; ha resquebrajado peligrosamente el pedestal del Derecho y la Justicia pulverizando una de las columnas más fundamentales de su base: la de su operatividad”.
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