Víctor Zabala, gobernador Casa y Museo de Duarte; Jacinto Pichardo, vice del Instituto; , Wilson Gómez, presidente; Eduardo Gautreau de Wind, vocal y Junior Torres, miembro.
Instituto Duartiano: Peligros de otorgar nacionalidad automática a haitianos
Por Pilar Moreno marzo 18, 2026 09:26 | Actualizado en marzo 18, 2026 11:41
El Instituto Duartiano insistió hoy en que existe desde el Gobierno dominicano una trama contra los intereses del país, la cual consiste en producir cambios en la Constitución de la República para establecer el jus soli absoluto y otorgar la nacionalidad automática a los haitianos nacidos en el territorio dominicano.
Dijo que autoridades dominicanas mantienen “activos contactos” con la Corte Interamericana de Derechos Humanos para colocar al país bajo su “peligrosa competencia” para impulsar esos cambios constitucionales.
Las opiniones de los duartianos contradicen las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien ha negado reiteradamente que esa dependencia del Estado trate de revertir las sentencias del Tribunal Constitucional que excluyen del jus soli a los hijos de inmigrantes indocumentados.
Corte Interamericana
Wilson Gómez Ramírez, presidente de esa entidad, advirtió que “se pretende habilitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para también tratar de impedir que las autoridades dominicanas ejerzan su derecho de controlar la migración mediante la repatriación a su territorio de los indocumentados e ilegales”.
Durante una rueda de prensa, dijo que las autoridades gubernamentales pretenden alcanzar la “toma de decisiones judiciales que declararían tales medidas ilegales y violatorias de los derechos humanos”.
Gómez Ramírez insistió en que establecer el jus soli absoluto “atacaría severamente nuestra integridad nacional”. Precisó que esa decisión “implicaría que todo hijo de extranjero nacido en nuestro territorio será considerado dominicano, sin importar que sus padres se encuentren en condición de ilegalidad”.
Aconseja prudencia
Gómez Ramírez pidió al Gobierno “mantener la precaución y la prudencia que el país ha observado con respecto a la situación de crisis de la vecina nación y la procura de solución o mitigación de la misma”.
Dijo que el despliegue de una nueva Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití tiene que ser tratado fuera del espacio geográfico de la República Dominicana, porque corresponde a la comunidad internacional, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a las grandes naciones “empoderarse de la grave crisis de la vecina nación”.
Rechaza a Álvarez
Consideró que el canciller Roberto Álvarez no es la persona indicada para ser vocero del Gobierno y del país “en un asunto tan delicado”, que está reservado a los embajadores de los Estados Unidos acreditados en Haití y la República Dominicana.
“A nuestro país, si bien le ha correspondido reclamar sistemáticamente que la comunidad internacional vaya en auxilio de Haití, posición que hemos considerado correcta, esto no quiere decir que las autoridades de República Dominicana asuman un rol protagónico, participando de manera directa y dejando de lado su tradicional prudencia”, dijo.
Ministro Álvarez
Las opiniones de los duartianos contradicen las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, quien ha negado reiteradamente que esa dependencia del Estado trate de revertir las sentencias del Tribunal Constitucional que excluyen del jus soli a los hijos de inmigrantes indocumentados.
ELNACIONAL.COM.DO
Nacionalidad, Constitución y prudencia estratégica
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
El reciente pronunciamiento del Instituto Duartiano vuelve a colocar en el centro del debate nacional uno de los temas más sensibles para el Estado dominicano: la definición constitucional de la nacionalidad y su vínculo directo con la soberanía, el control migratorio y la estabilidad institucional.
Según la entidad, existiría una estrategia orientada a promover cambios constitucionales que introduzcan el jus soli absoluto, lo que implicaría el otorgamiento automático de la nacionalidad a toda persona nacida en territorio dominicano, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Para el Instituto, este escenario no puede analizarse como un simple ajuste normativo, sino como una transformación estructural con profundas consecuencias jurídicas, demográficas y geopolíticas.
Uno de los elementos más delicados señalados es la supuesta intención de habilitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un ámbito que el ordenamiento constitucional dominicano ha definido con claridad a través de decisiones del Tribunal Constitucional. Desde esta perspectiva, la preocupación no se limita al contenido de una eventual reforma, sino al precedente institucional que supondría trasladar decisiones soberanas sobre nacionalidad y migración a instancias supranacionales.
El argumento central expuesto por la dirigencia del Instituto Duartiano es que el jus soli absoluto, aplicado en un contexto regional marcado por crisis prolongadas y flujos migratorios irregulares, podría erosionar la capacidad del Estado para administrar su política migratoria y preservar la integridad de su marco constitucional. En ese sentido, se plantea que la nacionalidad no puede convertirse en un efecto automático del territorio, desligado de la legalidad, la institucionalidad y el interés nacional.
Este posicionamiento contrasta con las declaraciones oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ha negado de manera reiterada cualquier intención de revertir las sentencias del Tribunal Constitucional o de impulsar cambios encubiertos al régimen de nacionalidad. La divergencia revela una brecha de percepción que, lejos de resolverse en el terreno discursivo, exige claridad institucional, coherencia jurídica y comunicación estratégica transparente.
Asimismo, el Instituto insiste en la necesidad de mantener la prudencia histórica de la República Dominicana frente a la crisis de su vecino, subrayando que la solución estructural de esa situación corresponde a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales, no a decisiones unilaterales que puedan comprometer la estabilidad interna o alterar equilibrios constitucionales cuidadosamente construidos.
En el fondo, el debate trasciende coyunturas y nombres propios. Se trata de definir hasta dónde llega la solidaridad internacional sin diluir la soberanía constitucional; cómo se armonizan los derechos humanos con el orden jurídico interno; y qué rol debe asumir el Estado dominicano en un entorno regional altamente complejo.
La discusión sobre nacionalidad no admite simplificaciones ni presiones externas. Requiere, por el contrario, una defensa serena del Estado de derecho, respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional y una visión estratégica que coloque la estabilidad institucional y la cohesión social por encima de agendas de corto plazo.
En tiempos de incertidumbre regional, la prudencia no es inmovilismo: es responsabilidad histórica.
@GuasabaraEditor @LuisOrlandoDia1
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