Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Este paso institucional no solo combate la corrupción administrativa: protege el derecho a la salud de más de siete millones de dominicanos afiliados a SeNaSa. El expediente “Operación Cobra”, liderado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), envía un mensaje inequívoco: la defensa del erario en el sector salud debe ser política de Estado, sin importar nombres ni militancias. El Poder Ejecutivo ha instruido a SeNaSa a constituirse en actor civil para recuperar “hasta el último peso robado”, una señal clara de compromiso institucional.
Lo ocurrido este fin de semana no pasó desapercibido. Organizaciones civiles se concentraron pacíficamente frente al Palacio de Justicia para exigir sanciones ejemplares. Estas manifestaciones confirman que la sociedad dominicana ya no tolera la corrupción y reclama respuestas firmes. El propio director de Persecución calificó la decisión como “histórica”, destacando el carácter cruel y extremadamente grave de los hechos, comparables a una “locura colectiva” por el daño a la confianza pública y a millones de afiliados.
Decir que “triunfó la justicia independiente” no es celebrar una victoria contra alguien, sino afirmar que las reglas del juego se cumplen: investigación, control judicial y medidas proporcionales. La prisión preventiva es una medida de coerción, no una condena. La calificación de caso complejo amplía plazos y herramientas de investigación; el tribunal otorgó ocho meses al Ministerio Público para presentar acusación o solicitar archivo, con revisión de medidas fijada para marzo. Este recordatorio es crucial para evitar el linchamiento mediático o la euforia punitiva. La ética del Estado de derecho exige que la verdad procesal se construya en audiencias, con pruebas documentales, testimoniales y periciales (más de 138 piezas, según el MP), y que cada imputado responda por lo que el tribunal pruebe y no por lo que la calle grite.
Que hoy digamos “triunfó la justicia independiente” obliga a mantener el listón alto en las próximas fases: transparencia probatoria y respeto al debido proceso; rendición de cuentas con recuperación de activos; protección de testigos y colaboradores; y comunicación institucional sobria. La justicia habla por sentencias y actos procesales; el poder político debe respaldar sin presionar.
En agosto de 2024, Abinader presentó un proyecto de reforma constitucional con cuatro ejes fundamentales, incluyendo fortalecer la independencia del Ministerio Público. Esto implicó que el Procurador General de la República dejara de ser nombrado directamente por el presidente y pasara a ser designado por el Consejo Nacional de la Magistratura, con inamovilidad durante el período presidencial y solo removible mediante juicio político.
Por primera vez en la historia reciente, un gobierno dominicano permite que altos funcionarios vinculados a su propia administración sean sometidos a la justicia sin interferencias, lo que se interpreta como un golpe a la impunidad y un avance hacia la consolidación del Estado de derecho.
Este logro se conecta directamente con dos factores: la independencia del Ministerio Público, garantizada por la reforma constitucional impulsada en 2024, y la decisión judicial contra el exdirector de SeNaSa y otros imputados por un presunto desfalco millonario, que marca un precedente histórico: el sistema judicial actúa sin privilegios, enviando un mensaje claro de que la ley se aplica a todos.
La justicia independiente ha dado un paso firme, pero la verdadera victoria será cuando cada peso recuperado se reinvierta en salud y bienestar para los afiliados de SeNaSa. Que este precedente se traduzca en reformas que blinden los fondos sanitarios contra la corrupción: auditorías permanentes, trazabilidad digital y sanciones ejemplares. La ciudadanía ya dio su veredicto social: no más privilegios ni dilaciones cuando se trate de fondos de la salud. Que las instituciones respondan a esa altura —sin estridencias, sin venganzas— será la mejor prueba de que la independencia judicial no es un lema, sino una realidad en marcha.
El caso “Operación Cobra” marca un precedente histórico: por primera vez, altos funcionarios enfrentan la justicia sin privilegios. Más de RD$15,000 millones en riesgo y 7 millones de afiliados a SeNaSa merecen transparencia.
La verdadera victoria será recuperar cada peso y blindar los fondos de salud contra la corrupción.
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