sistema penintenciario
De modelo de avance a “cementerio de hombres vivos”
La penitenciaría fue construida con una inversión de RD$915,000.00 e inaugurada el 16 de agosto de 1952 por el régimen de Trujillo.
El hacinamiento constante fue caldo de cultivo para brotes de enfermdades en La Victoria.
Santo Domingo, RD | 15/12/2025 | Ramón Cruz Benzán
La Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada en 1952 como un símbolo de la “modernización” del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, cierra sus puertas marcada por décadas de sobrepoblación, tragedias y corrupción, consolidando su reputación como el epítome de la crisis carcelaria dominicana.
Originalmente concebida como un centro de reclusión bajo estándares de la época, La Victoria mutó de una promesa de avance social a ser conocida, trágicamente, como un “cementerio de hombres vivos”, forzando su desmantelamiento y la transferencia de sus internos al nuevo Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
La penitenciaría fue construida con una inversión de RD$915,000.00 e inaugurada el 16 de agosto de 1952 por el régimen de Trujillo.
Su propósito era mostrar a organismos internacionales, especialmente a la Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), un supuesto cambio en la política de derechos humanos en el país.
Promovida ante la opinión pública como un “nuevo paso de avance en las conquistas sociales”, la realidad del penal se desvió drásticamente de su diseño.
La capacidad original de La Victoria fue brutalmente rebasada. A lo largo de los años, llegó a albergar cerca de 9,000 internos, superando sus 2,000 plazas por un margen extremo. Este hacinamiento catastrófico fue la raíz del deterioro inhumano:
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| Inaugurada el 16 de agosto de 1952 por el régimen de Trujillo. |
Deterioro físico
Falta de higiene, deficiencia en los servicios básicos y condiciones insalubres.
VIOLENCIA Y AUTOGOBIERNO
La falta de control efectivo por parte de las autoridades generó un sistema informal de autogobierno corrupto, dando paso a mafias, extorsión y el tráfico de drogas y armas.
DESASTRES, TRAGEDIAS Y CORRUPCIÓN CRÓNICA
La historia de La Victoria está marcada por una cadena de crisis evitables, desatando el clamor constante de organismos de derechos humanos por su cierre.
Focos de enfermedades
El hacinamiento constante fue caldo de cultivo para brotes de salud. En 2011, un sospechoso brote de cólera obligó al aislamiento de reclusos, y en 2015 se reportó un brote diarreico masivo por agua contaminada.
La infraestructura era vulnerable a fenómenos naturales, requiriendo la evacuación de centenares de reos por inundaciones durante las tormentas Noel (2007) e Isaac (2012).
Pandemia y motín
La crisis del Covid-19 en 2020 causó la muerte de siete detenidos y la infección de cientos, lo que además desató un violento motín interno.
El evento más reciente y decisivo ocurrió el 19 de marzo de 2024, cuando un cortocircuito provocó un trágico incendio que dejó un saldo de 13 privados de libertad muertos y decenas de heridos. Este siniestro precipitó la decisión de acelerar el traslado de 1,800 reos y, finalmente, el cierre técnico de la penitenciaría.
Epicentro de la corrupción
La corrupción y la actividad criminal se incrustaron en todos los niveles. Denuncias públicas, como Roberto Santana, actual director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales, en 2022, indican que el jefe de seguridad del penal llegó a recibir hasta siete millones de pesos a la semana por permitir actividades prohibidas.
En los operativos de rutina, se “descubrían” rutinariamente grandes cantidades de armas, drogas, celulares y la operación de negocios informales como bancas de apuestas y colmados, evidenciando que el penal se había convertido en un centro de operaciones criminales dirigido desde su interior. Incluso se reportó en 2006 cómo agentes policiales y un coronel facilitaron la salida de un recluso para compartir tragos en una plaza comercial.
Presos políticos
A lo largo de su historia, especialmente durante la dictadura de Trujillo y regímenes de Balaguer, La Victoria se consolidó como un ícono de la represión política.
Por sus celdas pasaron figuras emblemáticas de la oposición, estudiantes y activistas, incluyendo a las hermanas Mirabal.
Miembros del Movimiento 14 de Junio, líderes como Rafael “Fafa” Taveras, quien estuvo recluido en tres ocasiones, una de ellas durante cinco años en condiciones de aislamiento extremo.
Taveras recuerda que pasó un período en solitario, desnudo, durmiendo en el suelo y con alimentación de muy mala calidad. Historias como la suya marcaron la reputación del penal.
También pasaron Manolo Tavárez Justo, José Israel Cuello, Sully Martínez Bonnelly, Eugenio Perdomo, René del Risco Bermúdez, Manolito Baquero, Leandro Guzmán, Platón Valdez, así como Roberto Santana.
Ramón Cruz Benzán
ramon.benzan@listindiario.comTaveras recuerda que pasó un período en solitario, desnudo, durmiendo en el suelo y con alimentación de muy mala calidad. Historias como la suya marcaron la reputación del penal.
También pasaron Manolo Tavárez Justo, José Israel Cuello, Sully Martínez Bonnelly, Eugenio Perdomo, René del Risco Bermúdez, Manolito Baquero, Leandro Guzmán, Platón Valdez, así como Roberto Santana.
https://listindiario.com/la-republica/justicia/20251215/modelo-avance-cementerio-hombres-vivos_886176.html
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ARTÍCULO DE OPINIÓN
Del
“modelo de avance” al “cementerio de hombres vivos”: crisis y reforma del
sistema penitenciario dominicano en perspectiva global y nacional
Por Luis Orlando Díaz
Vólquez
Resumen
La clausura técnica de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada en 1952 como emblema de “modernización”, sintetiza un colapso prolongado de dignidad, salud pública y gobernanza en el sistema penitenciario dominicano. A partir de estándares internacionales (Reglas Mandela) y tendencias comparadas (Rikers Island, Carandiru, Tocorón), este artículo examina el peso estructural de la prisión preventiva y el hacinamiento sobre condiciones materiales y sanitarias, incorporando datos actualizados de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP, 2024). Se discute la transición hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras y se proponen recomendaciones para alinear la política penal con un enfoque de derechos humanos, resiliencia sanitaria y reinserción social. El análisis concluye que cerrar La Victoria será insuficiente si no se despresuriza el sistema por la vía procesal y sanitaria y se enfrenta la corrupción que normalizó el autogobierno criminal intramuros (UNODC, 2015; CIDH/OEA, 2024; World Prison Brief, 2025; Medina, 2024).
1.
Introducción
El cierre técnico de la
Penitenciaría Nacional de La Victoria —concebida por el régimen de Rafael L.
Trujillo e inaugurada el 16 de agosto de 1952 con RD$915,000— certifica el
fracaso de un modelo que pasó de promesa modernizadora a epítome del colapso carcelario
nacional (Ramón Cruz Benzán, 2025; Listín Diario, 2025). El incendio del 19 de
marzo de 2024 por cortocircuito, con 13 fallecidos, precipitó traslados y la
decisión de acelerar su clausura, convirtiéndose en un parteaguas institucional
(Diario Libre, 2024; Hoy Digital, 2024). Este artículo ubica el caso La
Victoria en su contexto global y normativo, y plantea un conjunto de medidas de
política pública para transformar la prisión dominicana desde la dignidad
humana y la salud pública (UNODC, 2015; CIDH/OEA, 2024).
2.
Marco normativo internacional: Reglas Mandela y tendencias globales
Las Reglas Mandela fijan el
estándar mínimo universal para la gestión y el trato en prisión: respeto
irrestricto a la dignidad humana, prevención de la tortura, atención sanitaria
equivalente a la comunitaria y separación por categorías (UNODC, 2015; Asamblea
General ONU, 2016). Su adopción operativa es crucial en sistemas con ocupación
por encima del 150% y altos porcentajes de detención preventiva, donde el
hacinamiento constituye un riesgo permanente para la salud y la seguridad
(UNODC, 2025; Penal Reform International, 2025). La evidencia comparada señala
que sin alternativas a la prisión y sin justicia restaurativa, los sistemas
quedan atrapados en ciclos de hacinamiento–insalubridad–violencia (UNODC, 2025;
PRI, 2025).
3.
Lecciones comparadas: Rikers Island, Carandiru y Tocorón
Rikers Island: pese al mandato
legal de cierre y sustitución por cárceles distritales, el plan enfrenta
población al alza, crisis de salud mental y demoras constructivas; en 2025, una
jueza federal ordenó un gestor de remediación ante el deterioro persistente
(City & State New York, 2025; NYC Council, 2025). El Concejo ha promovido
legislación para destrabar la transición, pero los retrasos y la sobrepoblación
persisten (Brooklyn Eagle, 2025; Queens Daily Eagle, 2025). Carandiru (São
Paulo, 1992): la masacre de 111 internos en un penal sobrepoblado permanece
como advertencia; la impunidad judicial continúa desafiando la reforma
(Wikipedia—Carandiru, 2025; Human Rights Watch, 2016). Tocorón (Venezuela,
2023): la intervención de 11,000 efectivos destapó un autogobierno criminal con
zoo, piscina y discoteca, evidenciando economías ilícitas y complicidades
institucionales (Al Jazeera, 2023; France24, 2023). Estas experiencias
convergen en una tesis: cerrar o remodelar sin reformar procesos y salud solo
traslada el colapso (UNODC, 2025; PRI, 2025).
4.
Diagnóstico nacional con datos actualizados de Defensa Pública (2024)
La República Dominicana presenta
una ocupación penitenciaria de 157–161%, con prevenidos entre el 54% y 65% del
total (World Prison Brief, 2025; Prison Insider, 2024). La Oficina Nacional de
Defensa Pública (ONDP) documentó en 2024 que La Victoria —capacidad 2,103—
albergaba 7,093 personas (3,392 preventivos y 3,701 condenados), con cientos de
“ranas” durmiendo en pasillos y suelos por falta de colchones, y sin cocina
operativa desde hace dos años (solo 800 raciones diarias de Comedores
Económicos) (Medina, 2024; Diario Libre, 2024). El perfil sanitario es grave:
44 internos psiquiátricos, 204 con VIH/Sida, 110 con tuberculosis (11
resistentes), 151 hipertensos, además de casos de asma, hepatitis y afecciones
dermatológicas, todo ello bajo condiciones de ventilación y agua inseguras
(Medina, 2024; Diario Libre, 2024). La ONDP subraya la segregación de facto por
recursos, donde el acceso a celda mejor, colchón o alimentación depende del
poder de pago o pertenencia a cuerpos castrenses (Medina, 2024; Diario Libre,
2024). La CIDH y Amnistía Internacional confirman condiciones “deplorables” y
sobrehacinamiento >160%, con déficit de personal, atención médica y
separación por género (CIDH/OEA, 2024; Amnistía Internacional, 2024).
5.
Epidemiología del hacinamiento y eventos críticos
Los brotes diarreicos y de cólera
(2015–2016) fueron atribuidos por Salud Pública a contaminación de agua por
roturas de tuberías y mantenimiento insuficiente de cloración; se confirmaron
75 afectados y defunciones con presencia de Vibrio cholerae (TN8, 2016; Listín
Diario, 2015). El penal ha sufrido inundaciones severas en las tormentas Noel
(2007) e Isaac (2012), obligando traslados y aislando la logística de
alimentación y atención (Listín Diario, 2007; Diario Libre, 2012). En 2020, la
pandemia expuso la incapacidad de aislamiento y continuidad de cuidados en
condiciones de hacinamiento (Departamento de Estado de EE. UU., 2020; Proceso,
2024). Este patrón evidencia la necesidad de un plan sanitario penitenciario
con agua segura, vigilancia epidemiológica y protocolos de emergencia climática
(UNODC, 2025; CIDH/OEA, 2024).
6.
Estructura del problema: prisión preventiva y sobrepoblación sistémica
El sobreuso de la prisión
preventiva responde a cuellos de botella judiciales, cultura de decisiones de
alto control y acceso restrictivo a medidas alternativas; esto alimenta el
hacinamiento crónico y viola estándares de derechos humanos (Peirce, 2020; Inter‑American Law Review, 2025). World Prison Brief y
perfiles 2024–2025 muestran densidades del 157–161% y porcentajes de preventivos que superan el 50–64%, presionando más allá de la capacidad oficial (15,737 plazas) (World Prison
Brief, 2025; Prison Insider, 2024). La CIDH advierte sobre condiciones
deplorables y tasa de hacinamiento superior al 160%, subrayando falta de
atención médica, escasez de personal y ausencia de separación efectiva por
género, además de recortes presupuestarios (CIDH/OEA, 2024; Amnistía
Internacional, 2024).
7.
Transición a Las Parras: oportunidad, límites y riesgos
El histórico traslado iniciado el
19 de noviembre de 2025 hacia el CCR Las Parras (capacidad inicial 2,400
internos en dos cuadrantes) marca el comienzo del cierre definitivo de La
Victoria y el despliegue de un modelo de gestión civil con personal formado por
INSEEPENC (DGSPC/PGR, 2025; Diario Libre, 2025). No obstante, demoras
constructivas, litigios y cambios de prioridad ya afectaron la puesta en
marcha, y la experiencia comparada alerta contra migrar el hacinamiento sin
reforma procesal y sanitaria (Proceso, 2024; City & State New York, 2025).
La transición debe blindarse con metas procesales, sanitarias y anticorrupción
para evitar la reproducción del colapso (UNODC, 2025; PRI, 2025).
8.
Recomendaciones de política pública
8.1 Alineación plena a las Reglas
Mandela: incorporar estándares en protocolos y auditorías internas, con
mecanismos independientes de quejas y supervisión, y metas verificables (UNODC,
2015; Asamblea General ONU, 2016).
8.2 Despresurización procesal: meta de reducir la prisión preventiva por debajo
del 30% en 24 meses mediante audiencias expeditas, fortalecimiento de Defensa
Pública, jueces de control y panel de monitoreo público; ampliar medidas
alternativas (brazaletes, fianzas accesibles, tribunales de salud mental y
adicciones) (World Prison Brief, 2025; PRI, 2025).
8.3 Salud pública penitenciaria y resiliencia climática: implementar un Plan
Sanitario Penitenciario (agua segura, vigilancia epidemiológica, tamizaje
TB/VIH/hepatitis, vacunación, telemedicina) y protocolos de emergencia ante
inundaciones y cortes eléctricos (Listín Diario, 2015; Diario Libre, 2012).
8.4 Gobernanza y anticorrupción: crear un compliance penitenciario con
auditorías externas, trazabilidad de recursos y rotación de mandos; investigar
y sancionar rentas ilícitas (Listín Diario, 2022; Somos Pueblo, 2022).
8.5 Modelo Las Parras con enfoque de rehabilitación: consolidar plantillas
civiles certificadas (INSEEPENC), itinerarios formativos (oficios y TIC),
educación básica/superior y empleabilidad pospenitenciaria con incentivos a
empresas (DGSPC/PGR, 2025; Diario Libre, 2025).
8.6 Memoria, reparación y transparencia: crear una comisión administrativa de
verdad por fallecidos y lesionados (incendio 2024, brotes, violencia), con
acceso a archivos, peritajes independientes y reparaciones; publicar informe
trimestral del cierre (Hoy Digital, 2024; Diario Libre, 2024).
9.
Hoja de ruta de implementación (2025–2028)
Fase I (0–6 meses): instalación del
panel nacional de monitoreo, auditoría sanitaria y de infraestructura en
recintos críticos; emisión de lineamientos de medidas alternativas y creación
de salas de audiencia expeditas (CIDH/OEA, 2024; UNODC, 2025). Fase II (6–18
meses): reducción de la prisión preventiva a ≤40%; despliegue de telemedicina y
tamizajes; acreditación de personal civil; avances en cuadrantes de Las Parras
y traslados con criterios sanitarios y procesales (DGSPC/PGR, 2025; Diario
Libre, 2025). Fase III (18–36 meses): ocupación ≤100% del sistema,
consolidación de tribunales de salud mental y adicciones, programa nacional de
empleabilidad pospenitenciaria y evaluación independiente del cumplimiento de
las Reglas Mandela (UNODC, 2015; PRI, 2025).
10.
Conclusiones
La clausura de La Victoria no
cierra un edificio, cierra una época. Si la transición a Las Parras no se
acompaña de despresurización judicial, salud pública robusta y anticorrupción
efectiva, el sistema reconstituirá su hacinamiento y su violencia, aunque con
paredes nuevas. Los estándares de las Reglas Mandela y las lecciones de Rikers,
Carandiru y Tocorón demuestran que la arquitectura sin política se convierte en
ruina y la política sin dignidad en tragedia. La reforma penitenciaria
dominicana será creíble si reduce la prisión preventiva, humaniza la vida
intramuros y rinde cuentas sobre su pasado y su presente (UNODC, 2015; City
& State New York, 2025).
Abstract (English)
The technical shutdown of La Victoria National Penitentiary—opened in 1952 as a showcase of “modernization”—embodies a long collapse of dignity, public health, and governance in the Dominican prison system. Drawing on international standards (Nelson Mandela Rules) and comparative trends (Rikers Island, Carandiru, Tocorón), this article analyzes the structural weight of pretrial detention and overcrowding on material and sanitary conditions, incorporating updated data from the National Public Defense Office (2024). It discusses the transition to CCR Las Parras and proposes policy recommendations to align penal policy with human rights, health resilience, and social reintegration. The paper concludes that closing La Victoria is insufficient without procedural and health de‑pressurization and anti‑corruption measures to dismantle entrenched criminal self‑government behind bars (UNODC, 2015; IACHR/OAS, 2024; World Prison Brief, 2025; Medina, 2024).
Palabras clave
Reglas Mandela; prisión preventiva; hacinamiento; salud pública; La Victoria; Las Parras; corrupción penitenciaria; reforma penal.
Referencias
(APA 7)
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Somos Pueblo Media. (2022, May 26).
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Autor: Luis
Orlando Díaz Vólquez | Articulista
Fecha: 15 de
diciembre de 2025
Del “modelo de avance” al “cementerio de hombres vivos”: La clausura de La Victoria abre debate sobre reforma penitenciaria en RD
Santo Domingo, 15 de diciembre de 2025. La clausura técnica de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada en 1952 como símbolo de modernización, marca el fin de una era y el inicio de un desafío histórico: transformar un sistema penitenciario colapsado por hacinamiento, corrupción y crisis sanitaria. El traslado progresivo hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras busca romper con décadas de autogobierno criminal y condiciones “deplorables”, según informes de la CIDH y la Oficina Nacional de Defensa Pública.
Con una ocupación que supera el 160 % y más del 50 % de internos en prisión preventiva, La Victoria se convirtió en epicentro de violaciones a derechos humanos, brotes epidémicos y violencia intramuros. El incendio del 19 de marzo de 2024, que dejó 13 fallecidos, aceleró la decisión de cierre definitivo.
El asesor penal Roberto Santana advierte que “no existe una frontera visible entre el crimen y la autoridad… el sistema penitenciario está dirigido por tres instituciones a la vez” —la Policía, el Ejército y la Procuraduría—, y alerta sobre mafias internas que “protegen oscuros intereses y socavan los esfuerzos de reforma”. [7dias.com.do], [dr1.com]
Por su parte, el defensor público Rodolfo Valentín Santos denuncia que “son seres humanos que viven como animales y cerdos en las cárceles de República Dominicana… con ello se viola el derecho a la dignidad humana”, exhortando a cerrar La Victoria y priorizar construcciones como Las Parras. [cdn.com.do]
Expertos coinciden que la transición será insuficiente sin reformas procesales para reducir la prisión preventiva, un plan sanitario penitenciario y mecanismos anticorrupción. “Cerrar La Victoria no basta: sin despresurización judicial y salud pública robusta, el hacinamiento se mudará con paredes nuevas”, sintetiza el análisis, basado en estándares internacionales como las Reglas Mandela y experiencias comparadas en Rikers Island, Carandiru y Tocorón.
El estudio propone una hoja de ruta 2025–2028 con metas verificables:
- Reducir la prisión preventiva a menos del 30 %
- Implementar telemedicina y protocolos climáticos
- Consolidar un modelo de rehabilitación con educación y empleabilidad pospenitenciaria
.....
La clausura de La Victoria marca el fin de una era y el inicio de un reto histórico: dignidad, salud y justicia en las cárceles dominicanas.
👉 ¿Cerrar basta? No, sin reformas procesales y anticorrupción el hacinamiento se mudará con paredes nuevas.
#DerechosHumanos #LasParras
Del “modelo de avance” al “cementerio de hombres vivos”: crisis y reforma del sistema penitenciario dominicano en perspectiva global y nacional
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La clausura técnica de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada en 1952 como símbolo de modernización, marca el fin de una era y certifica el fracaso de un modelo penitenciario que pasó de promesa institucional a epítome del colapso carcelario nacional. El incendio del 19 de marzo de 2024, que dejó 13 fallecidos, precipitó la decisión de cerrar un recinto que llegó a albergar más de 7,000 internos en condiciones deplorables: hacinamiento superior al 160%, ausencia de cocina operativa, falta de colchones y un perfil sanitario alarmante con casos de tuberculosis resistente, VIH, hipertensión y enfermedades dermatológicas. La corrupción y el autogobierno criminal intramuros terminaron por normalizar un sistema donde la dignidad humana quedó relegada.
Cerrar La Victoria, sin embargo, no resuelve el problema estructural. La República Dominicana mantiene una de las tasas más altas de prisión preventiva en la región, con más del 50% de la población penitenciaria sin condena firme. Este sobreuso responde a cuellos de botella judiciales y a una cultura de control que limita el acceso a medidas alternativas. Mientras no se despresurice el sistema por la vía procesal, cualquier traslado será insuficiente. La transición hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, con capacidad inicial para 2,400 internos, representa una oportunidad histórica, pero también un riesgo: migrar el hacinamiento sin reformar procesos y salud solo trasladará el colapso a instalaciones nuevas.
La experiencia internacional ofrece advertencias claras. Rikers Island, en Nueva York, enfrenta retrasos y sobrepoblación pese a un plan de cierre; Carandiru, en Brasil, quedó marcado por la masacre de 111 internos en 1992; Tocorón, en Venezuela, reveló un autogobierno criminal con economías ilícitas y complicidades institucionales. Estas lecciones convergen en una tesis: la arquitectura sin política se convierte en ruina, y la política sin dignidad en tragedia.
La reforma penitenciaria dominicana debe alinearse con las Reglas Mandela, que establecen estándares mínimos de trato humano, atención sanitaria equivalente a la comunitaria y separación por categorías. Se requiere una hoja de ruta que incluya reducción drástica de la prisión preventiva, fortalecimiento de la Defensa Pública, implementación de un plan sanitario penitenciario con agua segura, vigilancia epidemiológica y telemedicina, así como mecanismos anticorrupción que garanticen trazabilidad de recursos y rotación de mandos. Además, el modelo Las Parras debe consolidarse con enfoque de rehabilitación: educación básica y superior, formación en oficios y empleabilidad pospenitenciaria.
La clausura de La Victoria no debe ser vista como el cierre de un edificio, sino como el inicio de una transformación. Si la transición no se acompaña de justicia expedita, salud pública robusta y gobernanza transparente, el sistema reconstituirá su hacinamiento y su violencia, aunque con paredes nuevas. La credibilidad de la reforma dependerá de su capacidad para humanizar la vida intramuros y rendir cuentas sobre su pasado y su presente.
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Del “modelo de avance” al “cementerio de hombres vivos”
La clausura de La Victoria no es solo el cierre de un penal: es el fin de una era marcada por hacinamiento, corrupción y tragedias. Más de 7,000 internos en un espacio para 2,100, brotes de tuberculosis y VIH, y un incendio que cobró 13 vidas en 2024 revelan el colapso total del sistema penitenciario dominicano.
¿La solución? No basta con trasladar presos a Las Parras. Sin reducir la prisión preventiva (hoy supera el 50%), sin salud pública robusta y sin atacar la corrupción, el hacinamiento volverá. Las lecciones de Rikers, Carandiru y Tocorón son claras: la arquitectura sin política se convierte en ruina.
La reforma debe ser integral: justicia expedita, derechos humanos y reinserción social. ¿Estamos listos para cambiar el paradigma o solo para cambiar paredes?
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Propuestas para una Reforma Penitenciaria Integral en República Dominicana
Objetivo General
Transformar el sistema penitenciario dominicano para garantizar justicia expedita, respeto a los derechos humanos y reinserción social efectiva, reduciendo hacinamiento y corrupción.
Eje 1: Reducción de la Prisión Preventiva (Prioridad Alta)
- Acción 1: Implementar tribunales de flagrancia en todas las provincias para agilizar procesos.
- Acción 2: Audiencias virtuales para casos simples, reduciendo retrasos judiciales.
- Acción 3: Introducir monitoreo electrónico para delitos menores, evitando ingreso innecesario a cárceles.
- Meta: Reducir la prisión preventiva del 50% actual a menos del 30% en 3 años.
Eje 2: Salud y Condiciones Humanas (Prioridad Alta)
- Acción 1: Integrar el sistema penitenciario al Ministerio de Salud Pública para atención médica continua.
- Acción 2: Establecer programas obligatorios de vacunación y pruebas periódicas para tuberculosis y VIH.
- Acción 3: Crear un presupuesto específico para salud penitenciaria en la Ley de Presupuesto Nacional.
- Meta: Erradicar brotes de enfermedades en un plazo de 2 años.
Eje 3: Lucha contra la Corrupción (Prioridad Media-Alta)
- Acción 1: Crear una unidad independiente de control y auditoría penitenciaria con participación ciudadana.
- Acción 2: Digitalizar procesos internos para reducir manejo manual y discrecional de recursos.
- Acción 3: Publicar auditorías trimestrales y datos abiertos en un portal en línea.
- Meta: Transparencia total en la gestión penitenciaria en 2 años.
Eje 4: Reinserción Social (Prioridad Media)
- Acción 1: Implementar programas obligatorios de formación técnica en todos los centros penitenciarios.
- Acción 2: Firmar convenios con empresas para empleabilidad post-pena.
- Acción 3: Ofrecer incentivos fiscales a empresas que contraten ex internos.
- Meta: Lograr que el 50% de los liberados tenga empleo formal en 1 año tras su salida.
Indicadores Clave
- Reducción del hacinamiento en un 40% en 3 años.
- Disminución de brotes de tuberculosis y VIH a cero.
- Publicación de auditorías trimestrales verificables.
- Inserción laboral efectiva para al menos la mitad de los ex internos.
Gobierno impulsa reformas para transformar el sistema penitenciario dominicano
Santo Domingo. El gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto en marcha una serie de iniciativas orientadas a modernizar y humanizar el sistema carcelario de la República Dominicana, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y mejorar las condiciones de reinserción social de los privados de libertad.
Según datos de la Procuraduría General de la República, el país cuenta actualmente con 41 centros penitenciarios que albergan a más de 27,000 internos, lo que representa un hacinamiento superior al 60% en algunos recintos. Para enfrentar esta situación, el gobierno ha destinado más de 4,000 millones de pesos a la construcción y remodelación de recintos, incluyendo el nuevo complejo penitenciario en Las Parras, Santo Domingo Este, que tendrá capacidad para 8,000 internos.
“Nuestro compromiso es garantizar condiciones dignas y seguras para los privados de libertad, cumpliendo con los estándares internacionales”, afirmó el presidente Luis Abinader durante la inauguración del proyecto.
Además, se han implementado programas de rehabilitación y capacitación laboral que han beneficiado a más de 3,500 internos en el último año, según informó el Procurador General de la República. Estos programas incluyen talleres de carpintería, informática y agricultura, así como proyectos educativos que han permitido que el 40% de los internos completen estudios básicos.
Otro eje fundamental es la digitalización de procesos judiciales y penitenciarios, que busca reducir la mora judicial. De acuerdo con el Poder Judicial, esta medida permitirá agilizar hasta un 30% de los trámites relacionados con prisión preventiva.
Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han valorado positivamente estas iniciativas, aunque advierten que el reto sigue siendo enorme. El gobierno asegura que continuará trabajando para que el sistema penitenciario dominicano cumpla con los estándares internacionales y se convierta en un modelo de reinserción social.
El gobierno dominicano trabaja para transformar las cárceles del país:
🏗️ Se invierten RD$4,000 millones en nuevas infraestructuras, como el complejo de Las Parras, con capacidad para 8,000 internos.
🎓 Programas de educación y capacitación ya benefician a 3,500 internos.
💻 Digitalización de procesos reducirá la mora judicial en 30%.
“Nuestro compromiso es garantizar condiciones dignas y seguras”, afirmó el presidente Abinader.
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Gobierno de Abinader impulsa reformas penitenciarias
La clausura de La Victoria y la inauguración del complejo Las Parras marcan un punto de inflexión en la política carcelaria dominicana. Con una inversión superior a RD$4,000 millones, el gobierno busca modernizar un sistema históricamente colapsado por hacinamiento, corrupción y precariedad sanitaria.
📌 Datos clave
- 41 centros penitenciarios albergan más de 27,000 internos
- Ocupación >160% en recintos críticos
- Más del 50% de internos en prisión preventiva
✅ Avances
- Construcción del CCR Las Parras (capacidad proyectada: 8,000 internos)
- Programas de capacitación y educación (3,500 beneficiados)
- Digitalización judicial para reducir mora en un 30%
⚠ Desafíos
- Reducir prisión preventiva por debajo del 30%
- Garantizar atención sanitaria equivalente a la comunitaria
- Blindar gobernanza contra mafias y corrupción intramuros
Cerrar La Victoria no cierra el problema: lo traslada. La pregunta es si Las Parras será símbolo de dignidad y reinserción, o la próxima ruina penitenciaria.
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